¡Buenos días!
Hoy es lunes 7 de julio

A nosotros nos encanta celebrar cumpleaños, pero parece que odiamos envejecer. Soplamos la vela con la boca tan timbí de ácido hialurónico que de milagro no coge candela. Las arrugas las criticamos como si fueran señales de fracaso. Otros dicen que hay que «envejecer con dignidad», pero eso debería referirse más a envejecer sin hacer el ridículo que a negarse a que el cuerpo tenga su proceso. ¿Qué es lo que se celebra exactamente? ¿Vivir más, pero que no se note? Tal vez la dignidad no es parecer joven, sino no tenerle miedo a dejar de serlo.

Villas y villanos

En Isabel Villas, un residencial cerrado de Arroyo Hondo donde viven más de 200 familias, hay un lío grandísimo desde hace años. Los vecinos dicen que hay un empresario que se quiere coger para él unos terrenos a terror, y que aparentemente es tan poderoso y está tan bien conectado políticamente que no hay quien haya podido con él. Ni siquiera la justicia.

El tutumpote

El empresario en cuestión se llama Rodolfo Minaya Rancier. Dicen los que viven ahí que él quiere hacer un proyecto inmobiliario en las áreas verdes de los alrededores de Isabel Villas. Esos terrenos están en el «cinturón verde» de Santo Domingo, y Balaguer los expropió y los declaró de utilidad pública en 1994 para cuidar el río Isabela. Pero los títulos nunca fueron saneados y hoy siguen en manos privadas. Según los vecinos, Minaya controla parte de esos títulos o representa a los dueños. Estamos hablando de más de 4000 millones de pesos en valor de terrenos, que antes incluso estaban protegidos por temas ambientales, pero ya no. 

Aunque los proyectos no tienen permisos ni aprobación todavía, los residentes de Isabel Villas están totalmente en contra, y por eso es que supuestamente Minaya ha hecho de todo para ver si les pasa por encima. Hizo una asamblea falsa en el 2023 para autoproclamarse presidente de la junta de vecinos y creó una fundación paralela con el nombre del residencial, mientras al mismo tiempo les ha metido más de 60 demandas a vecinos, fiscales y funcionarios. Hasta de allanamientos, fuegos provocados y amenazas por rumba se ha hablado ahí.

¿Por qué estamos hablando de esto?

Porque en estos días destituyeron por «faltas graves» al fiscal Gerinaldo Contreras, que según los vecinos es el único que les ha hecho caso. Él investigó, encontró los supuestos fraudes, y hasta órdenes de arresto consiguió para Minaya y su grupo (que nunca fueron ejecutadas). Él dice que lo han demandado, difamado, amenazado y hasta le han ofrecido dinero.

Los vecinos ya recuperaron hace un tiempecito el control de la Junta de Vecinos, pero siguen quejándose porque han gastado una millonada en abogados y la justicia no termina de frenar los intentos del empresario de quedarse (ilegalmente, según ellos) con los terrenos y hacer su residencial. 

Dice Karina Larrauri, que es una de las vecinas que han estado echando el pleito, que «solo queda esperar una desgracia para que alguien mire hacia allá».

Dekolorao

El Intrant y Milton Morrison acaban de hacer una movida que probablemente no se haya visto antes aquí: fueron a la Pepca (la Procuraduría de Persecución a la Corrupción Administrativa) y pusieron una querella penal contra la empresa Dekolor por algunas acusaciones bastante serias.

¿Qué es Dekolor?

Si has puesto atención cuando vas a renovar o sacar licencia, es probable que hayas visto ese nombre, porque ellos son los que manejan la emisión de licencias desde hace como 20 años en todo el país. No es de ahora que vienen sonando, porque cuando les dieron el primer contrato en el 2005, no eran los más baratos y según algunos tampoco tenían la mejor oferta.

Uno de los dueños es Jochi Gómez. Sí, el mismo Jochi de Transcore Latam y el escándalo de los semáforos; y de Aurix, la empresa de vigilancia que tenía un «contrato» sin paga con el Ministerio de Defensa. De hecho, Dekolor fue la fiadora solidaria en la licitación del contrato de los semáforos.

¿Y qué pasó ahora?

El último contrato para las licencias se firmó en enero del 2020 por 5 años, o sea que ya venció (aunque siguen trabajando). Entonces dice el Intrant que ellos han hecho de todo para que les extiendan el contrato sin pasar por licitación o sin tener competencia: que intentaron sobornar a funcionarios con hasta 1 millón de dólares y 3 millones de pesos al mes, que han hecho amenazas personales, han metido presión y han regado cuartos por pila. 

Están acusando directamente al presidente de Dekolor, Rogelio Oruña, y a la gerente general, Sandra Oruña, de sobornos, asociación de malhechores, estafa contra el Estado, chantaje electrónico y lavado de activos.

¿Por qué esto es tema?

Porque es muy raro que una institución pública salga con una querella por corrupción. Usualmente lo hace el Ministerio Público, y solamente si explota algún escándalo por investigaciones independientes o auditorías que se hagan después de que ya la marrulla pasó.

Imagen del día

Por primera vez en más de un siglo, les permitieron a los parisinos meterse al río Sena a bañarse. Estaba prohibido desde 1923 porque el agua simplemente era demasiado sucia, pero gracias a los Juegos Olímpicos le metieron 1400 millones de euros en un proyecto de limpieza.

La ñapa del lunes

• El Ministerio de Trabajo cerró los 13 comercios de la Duarte donde encontraron violaciones a las leyes laborales.

• El Tribunal Constitucional le quitó al presidente la potestad de nombrar alcaldes si no hay vicealcalde.

• Ya van cerca de 100 muertos en Texas por unas inundaciones repentinas.

La cifra del día

Mil millones de pesos

Realmente es un poquito más, pero por ahí anda lo que le paga anualmente el Estado a la Cruz Roja por el alquiler de 143 ambulancias que son usadas en el 9-1-1. Si la calculadora no está mala, estamos hablando de unos 7 millones de pesos por ambulancia por año.