¡Buenos días!
Hoy es miércoles 9 de julio

En años electorales parece que aumenta el apetito. El gobierno se comió 1466 millones de pesos en dietas y gastos de representación solo en los primeros seis meses del 2024. El dato más sabroso es que tenían presupuestado 1060 millones para el año entero. Se pasaron por 405 millones. Para que sepas si es mucho o poco, en un año sin elecciones —como este 2025— ese mismo gasto fue de apenas 630 millones en el mismo período.

Una nueva entrega

Hacía mucho que no explotaba un caso de corrupción, hasta que ayer se estrenó la Operación Lobo. Dizque que no se les podía poner nombres a estos casos, pero parece que en la Procuraduría no cogieron esa y le dieron pa’llá.

El soborno

Así se llamaría esta operación si eligieran nombres de películas y no de animales. En este caso, se habla de unos sobornos para conseguir y mantener contratos de seguridad privada con varias instituciones del Estado: las tres Ede (Edenorte, Edesur y Edeeste), el Inaipi (cuidado de los niños chiquitos) y SeNaSa, que no ha dejado de sonar.

La trama

Todo esto empezó dizque con un aviso de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental  de Milagros Ortiz Bosch, así que parece que no es muy subsanable. Ahí el Ministerio Público arrancó a investigar, y ayer armó una escena de Hollywood con 15 allanamientos al mismo tiempo en la capital y Santiago.

El elenco

Hasta ahora hay 14 detenidos. Entre ellos hay militares de alto rango (activos y retirados), empresarios y unos supuestos intermediarios. Todos están en el Palacio de Justicia esperando la solicitud de medidas de coerción, y cuando eso salga tendremos muchos más detalles. Lo que no hay es ningún funcionario, pero no sería la primera vez que tenemos un guión donde aparecen sobornos, pero no sobornados.

Plot twist

Oye qué giro ahora. El abogado Carlos Balcácer, viejo conocido que ahora está representando a uno de los acusados de sobornar, saltó con que no era que él sobornaba, sino que los funcionarios le pedían dinero para pagarle por sus servicios. Puso números y todo: para pagarle 5, 6 o 7 millones de pesos por sus contratos, él tenía que dejar caer más de 700 mil pesos al mes. Eso duró, según Balcácer, unos 8 años.

El spin-off

Ya está también en tu pantalla el caso del Intrant, que se ha desarrollado con intensidad en los próximos días. El lunes te contamos que Milton Morrison y el Intrant llevaron a la Pepca una querella penal contra Dekolor, la empresa que tiene el contrato de las licencias de conducir desde hace 20 años. 

Ahí ellos decían que Dekolor había ofrecido sobornos millonarios y estaba metiendo todo tipo de presión para que les extendieran el contrato, pero hay una licitación abierta y todo indica a que ganará otra empresa. Acompañando este combo, viene un informe de auditoría de la Contraloría sobre el contrato de Dekolor, y salieron unas cuantas cosas:

• Entre el 2020 y el 2022 se hicieron tres adendas sin pasar por el Consejo del Intrant. 

  • En esos años, el director del Intrant era Rafael Arias.

  • Subieron los precios varias veces sin una justificación.

• Una empresa intermediaria de cobros, cercana a Dekolor, se quedaba con una comisión de un 10%. Y eso tampoco fue aprobado por las vías normales.

  • La Contraloría estima que el Estado perdió unos 730 millones de pesos por ese peaje.

Si quieres saber por dónde va el giro final de esa trama, conecta estos puntos: Dekolor es de Jochi Gómez, que es el mismo del caso de los semáforos. Tenía 20 años con ese contrato fijo, y cuando llega Milton Morrison al Intrant se habla de una nueva licitación (que se sabe no va a ganar Dekolor). 

Hace una semana, acusan a Milton en un periódico de Miami llamado The Miami Independent, de comprar una casa sin que aparezca en su declaración jurada. Eso viene y lo sazona Roger Stone, un asesor conocido hasta en Netflix por jugar sucio. Roger estuvo aquí con Jochi en el lanzamiento de una plataforma para «monitorear» todas las licitaciones, pero por casualidad de la vida, aparece como colaborador en el mismo periódico que sacó el artículo de la casa de Milton. Días después, viene el Intrant y se querella contra Dekolor, y ahí mismo sale esta auditoría de la Contraloría. Ni Televisa nos ha entretenido tanto.

La historia sin fin

Falta un poquito más de 1 mes y medio para que empiece el año escolar, y es como si los estudiantes pasaran de curso pero el gobierno se quema de nuevo en que no hay espacio suficiente en las escuelas públicas. Según un reportaje del Listín Diario, en la capital hay escuelas que tienen listas de espera con más de 100 niños, otras están dividiendo tandas, y en la República de Honduras ya hay aulas con hasta 40 alumnos. En la Cristo Rey, hay más de 400 estudiantes sin espacio desde el 2023, y les prometieron una ampliación que se quedó en eso mismo: en promesa.

Ningún niño se quedará fuera

Esa frase la has visto antes. La última vez quizás haya sido la semana pasada, cuando el presidente Abinader dijo que si no hay espacio, el Estado responderá. Puso como ejemplo el caso de la provincia La Altagracia, donde para el año escolar que acaba de pasar el Estado puso 500 dólares por cabeza para inscribir a más de 4 mil muchachos en colegios privados.

No se resolvió

Eso se hizo también en la capital, y hay sectores donde la situación se repetirá igualita. En Villa María, Cristo Rey y el Ensanche La Fe, hay padres diciendo que no hay espacio ni siquiera para los niños que ya estaban en el sistema. Algunas escuelas incluso están implementando la famosa «reinscripción», para asegurar cupos de los que se quedan antes de empezar el proceso formal de inscripción.

Y no es lo único

Como si no fuera suficiente con el drama de los cupos, ahora también hay padres quejándose de que hay escuelas que están cobrando por los uniformes y materiales, como si fueran colegios privados. Por ejemplo, en el Liceo San Francisco de Asís de Los Frailes, dicen los testimonios que les piden entre 400 y 900 pesos por uniforme, y hasta tienen los diferentes modelos en exhibición en maniquíes como si fuera una tienda.