¡Buenos días!
Hoy es lunes 12 de mayo

Decimos que queremos hijos buenos, pero aplaudimos más sus notas y premios que su bondad. Así, sin querer, les enseñamos que ser amable no es tan importante. Nos alarmamos porque cada vez vemos menos empatía, pero los niños aprenden a valorar lo que les premiamos los adultos. Pero aunque no lo creas, enseñarlos a ayudar no solo los hace mejores personas, también los hace más exitosos. Como dicen por ahí, «ser bueno es bueno hasta por negocio».

Los cuatro jinetes

Después de tanto show, finalmente se dará la reunión para hablar sobre la crisis haitiana entre el presidente actual y los 3 expresidentes vivos (Abinader, Hipólito, Leonel y Danilo). Será pasado mañana, miércoles 14, a las 4 de la tarde en el Ministerio de Defensa. A Danilo no se le va a dar que Abinader vaya a la casa del PLD a reunirse con él, pero a Leonel sí le aceptaron la sugerencia de involucrar al Consejo Económico y Social (CES) en el diálogo, aunque eso será después de que se reúnan ellos. 

Y los empresarios, ¿no?

Por ahora tendrán que aguantarse, pero siguen gritando por las deportaciones. Hace unos días salieron los constructores de viviendas (Acoprovi) a pedir que se les den permisos o visas de trabajo a unos 87 000 obreros haitianos, porque las obras se están atrasando y van a subir de precio.

Y ahora vinieron los de la Asociación de Industrias (AIRD) a decir que tanto la construcción como la agroindustria están sintiendo el golpe por la falta de mano de obra. También pidieron que regularicen temporalmente a esos inmigrantes con permisos laborales después de registrar sus datos biométricos. El presidente, Julio Brache, puso de ejemplo el modelo entre México y EE. UU., donde los trabajadores cruzan la frontera legalmente todos los días.

Ah po incluyan a Kenia

En el diálogo no, pero los kenianos quieren que colaboremos con ellos. El canciller de Kenia se reunirá con Abinader mañana, y se espera que esta misma semana firmen un acuerdo para apoyar a los policías kenianos con asistencia médica y repatriación en caso de que haya heridos o muertes. También quieren poder usar el territorio dominicano como base logística y poder entrar en dado caso que haya que salir corriendo de Haití. Se supone que Kenia también abrirá un consulado en Puerto Príncipe.

Yo te odio

Y estás en todo tu derecho, pero eso no quiere decir que tengas que incitar a animar a la gente a la violencia o a la discriminación contra nadie. Esto es lo que quiere regular un nuevo proyecto de ley que sometió el senador de La Altagracia, quien se llama Rafael Duluc pero se ha decidido desde hace mucho que es más lindo llamarlo Cholitín. Mister Choli quiere «sancionar el discurso de odio en medios digitales». Esto se parece un poco al proyecto de ley que está proponiendo el gobierno para regular la libertad de expresión, pero no es lo mismo.

¿Y qué es discurso de odio?

El proyecto define el discurso de odio como cualquier contenido —escrito, oral, gráfico o audiovisual— que incite a la violencia o la hostilidad por razones de raza, sexo, nacionalidad, religión, discapacidad, identidad de género, orientación sexual, nivel socioeconómico y otras condiciones. 

Cholitín dice que no busca limitar la prensa ni la crítica política, pero «una opinión se convierte en delito cuando se usa como arma para incitar a la violencia o a la discriminación».  

Puedes caer preso por eso

Este proyecto de Cholitín propone cárcel de 1 a 3 años y multas de hasta 50 salarios mínimos. Si el discurso se riega en redes, el juez también podría prohibir el uso de las plataformas por hasta 3 años. Y si el discurso viene de un funcionario, un líder, un profesor, o pasa en un colegio, un hospital o una cárcel, entonces el castigo es más duro. Las víctimas de los discursos de odio tendrían derecho a disculpas públicas, compensaciones económicas y garantías de que no se va a repetir.

El proyecto cruza otra línea, porque también habría cárcel para quienes nieguen, minimicen o justifiquen genocidios, crímenes de odio o de lesa humanidad que ya estén reconocidos por tribunales internacionales. ¿Será que alguien podría ir preso por minimizar el holocausto?. 

Una diferencia clave entre este y el proyecto que sometió el gobierno para regular la opinión pública es que no se propone crear algo como el Instituto Nacional de la Comunicación (Inacom), sino que eso queda en manos del Ministerio Público, porque tendría que crear una unidad especializada para caerle atrás a estos delitos. Y las plataformas digitales tendrían que trabajar junto al estado para detectar y borrar el contenido de odio.

¿Se lo inventó Cholitín?

Realmente no. Hay una recua de países que castigan con penas de cárcel el discurso de odio que incite a la violencia o la hostilidad por los motivos que indica este proyecto y otros más. Por ejemplo:

• En Colombia: La Ley 1482 sanciona con multas y penas de 12 a 36 meses de cárcel a quienes discriminen por motivos de raza, religión, ideología política u origen nacional, étnico o cultural. La pena es más grave si el acto ocurre en espacios públicos, medios de comunicación, o contra menores o adultos mayores.

• En España: El Código Penal español contempla penas de prisión para delitos de odio basados en religión, discapacidad, ideología política, orientación sexual, entre otros. Por ejemplo, se han impuesto penas de cárcel en casos de odio por religión (42% de los casos), discapacidad (40%) e ideología política (32%).

• México: Desde 2017, discriminar por creencias religiosas o discapacidad puede ser castigado con uno a tres años de prisión, o trabajo comunitario y multas. Las penas se agravan para servidores públicos que nieguen derechos por estos motivos.

• Bolivia: La Ley 045 sanciona el racismo con tres a siete años de prisión, y la discriminación (por sexo, género, orientación sexual, identidad de género, nacionalidad, religión, discapacidad, condición económica, entre otros) con uno a cinco años de cárcel. Difundir ideas basadas en odio racial o incitar a la violencia también es penado.

• Polonia: En 2024 incluyeron la orientación sexual, género, edad y discapacidad como motivos protegidos. El insulto público basado en nacionalidad, etnia, raza o religión ya era castigado con hasta tres años de prisión.

• Dinamarca: El artículo 266b del Código Penal dice que quien públicamente, o con intención de que se vaya viral, haga declaraciones que amenacen, insulten o degraden a un grupo por raza, color, origen étnico o nacional, religión o inclinación sexual, puede recibir multas o hasta dos años de cárcel.

Hasta en Estados Unidos, donde la protección de la libertad de expresión es una vaina sagrada, en la página del Departamento de Justicia se pueden encontrar muchísimos casos de condenas por delitos de odio que incluyen incitación a la violencia o discriminación por discapacidad. Por ejemplo, a un hombre de Massachusetts lo condenaron a más de siete años de prisión por amenazar a una pareja interracial a través de las redes sociales y, para colmo los intimidó para impedir que lo denunciaran ante la policía.

Mientras el hacha va y viene

El país ya tiene algunos mecanismos legales para que quien se sienta difamado o perjudicado por lo que se le ocurra decir a cualquier desbocado. Y por eso se fueron ir a la justicia Marino Zapete, Edith Febles, Altagracia Salazar y Mariasela Álvarez, a poner querellas penales por difamación e injuria contra varios comunicadores.

Los demandados son Juan Aníbal Arrendel, Alfredo de Dios de la Cruz, Pedro Casals y Aquiles Jiménez. Esos fueron algunos de los que dijeron varias veces y en tonos altos que los periodistas en cuestión recibieron dinero —o sobornos— de parte de la USAID (la Agencia para el Desarrollo de EE. UU.). Nunca mostraron pruebas ni evidencias de nada, y los querellantes dicen que esas acusaciones públicas a lo loco afectaron su honor y reputación. Porque una cosa es criticar, y otra difamar.

Imagen del día

Esto es parte del Boeing 747-8 que Qatar le estará entregando a Trump, para que lo use como avión presidencial en lo que Boeing entrega los nuevos Air Force One, que tienen para años de retraso. El avión pertenecía al gobierno qatarí, y se le conoce como el «palacio volador» por sus lujos y detalles dorados.

Ahora el debate es que si eso se puede o no se puede, porque hay una ley que impide regalos a funcionarios desde el extranjero. Pero entonces los abogados de la Casa Blanca y el Departamento de Justicia dicen que no viola la Constitución ni esas leyes de regalos de extranjeros, porque no está ligado a ningún favor político. Además será «patrimonio institucional», porque primero lo usará la Fuerza Aérea de EE. UU. y después transferido a la Fundación de la Biblioteca Presidencial de Trump antes de que termine su presidencia.

Metidas de pata

Los otros días dijimos que Robert Prevost —hoy Papa León XIV— había sido nuncio apostólico en RD entre 2000 y 2004, pero eso es embuste. Varias fuentes lo publicaron, pero parece que fue un invento de alguien porque en ese tiempo él era el jefe mundial de los agustinos, no embajador del Vaticano. Lo que sí es que vino varias veces al país, específicamente a La Vega.

Lo otro es que dijimos que su abuelo materno era dominicano, y eso sí es cierto, según su acta de nacimiento y el hecho de que era tabaquero, un oficio típico del Cibao. Pero por ahí rodó una versión de que el abuelo había nacido en Haití, porque el censo de EE. UU. de 1900 decía eso. Pero algunos expertos dicen que eso podría deberse a los cambios de territorio y a errores de transcripción que eran comunes en esa época. Así que la versión más sólida es que era criollo.

La ñapa del lunes

• India y Pakistán firmaron un alto al fuego «total e inmediato», con intermediación de EE. UU.

• Eduardo «Yayo» Sanz Lovatón confirmó que va por la moña en el 2028.

• Saúl Mena (MenaRD) ganó por segundo año consecutivo el EVO Japan, el torneo de videojuegos de peleas más grande del mundo.

La cifra del día

2400

La cantidad de reclusos que se mudarán a la nueva cárcel de Las Parras en su primera etapa, que se supone que se inaugurará antes de agosto. Esa viene con otro sistema muy distinto al que hay ahora, porque viene enfocada en preparar a los reclusos para volver a la sociedad después de cumplir el castigo. Podrán entrar a programas agrícolas, talleres y educación. Y prometen las autoridades que no habrá cobro por camas y no se dejarán entrar celulares ni drogas.