¡Buenos días!
Hoy es jueves 12 de junio

Debemos aprender a no razonar motivados. En todos los espacios donde se supone que hay gente pensante, como en el arte, la política y hasta en la ciencia, hay más reacción que reflexión. La gente no evalúa si tu idea tiene sentido, sino si confirma lo que ya cree. A eso se le llama razonamiento motivado: no razonas para entender, razonas para tener razón. 

Suéltame en banda

Los diputados de la provincia de La Altagracia acaban de llevar al Congreso un proyecto de ley que tiene a los distritos municipales botando humo por las orejas. El epicentro de este pleito es Verón-Punta Cana, pero lo que proponen afectaría al menos a 29 distritos municipales por el momento.

¿Qué es lo que proponen?

Quieren modificar el artículo 24 de la Ley de Ordenamiento Territorial (368-22) para implementar un «régimen de transición obligatorio» que obligaría a Verón y a cualquier otro distrito municipal a tomar en conjunto con sus municipios cabecera todas las decisiones de uso de suelo, urbanismo, servicios, presupuesto, turismo y seguridad. Todo sería bajo la coordinación de un Comité entre el municipio y el distrito municipal. 

¿Qué dice la ley ahora?

El artículo 24 dice que los distritos municipales que tienen más de 15 mil habitantes (según el censo del 2010), y además capacidad económica y de recaudación, pueden manejar su propio planeamiento urbano. En Verón hay 138 mil habitantes —el más poblado del país y más poblado que muchos municipios— y ahí se genera el 30% de las divisas de todo el turismo, o sea, que cumplen por mucho.

De hecho, hace tiempo que están esperando que los conviertan en municipio, pero todavía siguen dependiendo de Higüey. Hay otra ley, la del Distrito Nacional y los Municipios (176-07) que también dice que una de las condiciones para que un distrito municipal pueda convertirse en municipio es que tenga más de 15 mil habitantes. Junto a Verón, hay otros 28 municipios que ya pasaron de ahí (uno de ellos es Santiago Oeste), aunque también hay otras condiciones. Pero ese es un tema para otro día.

¿Qué hay en el fondo?

Los diputados dicen que el crecimiento de esos distritos municipales ha dependido de los municipios cabecera, y esa «promoción» de los mismos a municipios no se puede hacer de golpe porque sin una planificación y una transición suave, los servicios municipales se pueden volver un tollo. 

Pero si le preguntas al alcalde de La Otra Banda (entre Higüey y Verón) y el de Verón, los higüeyanos lo que quieren es mantener el control político y económico de esos distritos. Y si le preguntas a la Federación de Distritos Municipales (FEDODIM), eso es para frenar que los distritos municipales se conviertan en municipios. Como si fueran padres que no quieren que el hijo se vaya de la casa porque aporta dinero.

En resumen, aquí hay una lucha de poder y económica. Un municipio tiene autonomía total, presupuesto propio, alcalde y regidores. Un distrito municipal solo tiene autonomía para ciertas cosas, depende del municipio cabecera y lo que tiene es una junta distrital sin regidores.

Y deja que se enteren de lo otro…

En la Cámara de Diputados acaban de aprobar una modificación a la ley 176-07, que permitirá subir de 25% a 30% la proporción del presupuesto de cada municipio que se puede usar para pagar nómina y remuneraciones. O sea, cada municipio le podrá aumentar los salarios a todos los funcionarios municipales, incluyendo a los alcaldes y los regidores.

Lo grande es que esa modificación a la ley se comenzó a discutir para aclarar el vacío legal que había en cuanto a la sustitución de un vicealcalde que renunciara, que salió a la luz cuando Kelvin Cruz renunció como alcalde de La Vega para irse al Ministerio de Deportes, y la vicealcaldesa Amparo Custodio se fue justo detrás de él. Al final eso se dejó de discutir y solo quedó lo del aumento de la nómina.

Ya me acuerdo

Con mediación de todo el mundazo (el gobierno, la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo…), finalmente la Barrick y las comunidades de Zambrana, Cotuí, llegaron a un acuerdo definitivo para la reubicación de la gente que se tiene que mudar por la construcción de la presa de colas.

Los números del acuerdo

El plan costará en total más de 20 mil millones de pesos. Las familias deberán mudarse a casas decentes, y la gente tendrá acceso a educación primaria y secundaria, centros de atención primaria de salud y una estancia infantil, canchas y áreas de deportes, un destacamento policial, un mercado, calles buenas y hasta un cementerio. Se supone que el grueso lo pondrá la Barrick, pero el gobierno también pondrá su parte.

Además, les darán dinero por los terrenos y los cultivos, y los ayudarán con los planes para buscar cómo ganarse la vida. También les darán apoyo psicológico durante la transición, y les ofrecerán capacitación en educación financiera y todo ese tipo de cosas. Lo importante es que ya está todo el mundo contento y de acuerdo con los montos.

Pero falta algo

Aunque el pleito inicial por la construcción de la presa de colas tenía que ver con estos reasentamientos, después se calentó de a duro con la tala de árboles y los movimientos de tierra para construir los accesos a la obra. Ese frente sigue abierto, porque el Instituto de Abogados para la Protección del Medio Ambiente y otras organizaciones de la sociedad civil y ambientalistas se fueron a la justicia para pedir que se frenen esos trabajos. 

Mientras eso avanza en los tribunales, los militares tienen un cerco para que la Barrick pueda seguir trabajando, y los comunitarios y la gente que se les ha unido siguen con un campamento de protesta montado en la zona.

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