¡Buenos días!
Hoy es lunes 14 de julio

«A enfrentarse, como sólo eran capaces de hacerlo los soldados y los amantes, al azar de los días y al frío de las noches». 

(Pérez-Reverte, 2022, p. 388)

Así aullaba el lobo

Hoy es la audiencia para ver si les ponen medidas de coerción a los acusados en el nuevo caso de corrupción llamado Operación Lobo. A finales de la semana pasada, el equipo de Yeni Berenice sometió la solicitud de medida de coerción, donde detallan cómo es que este grupo de militares y civiles se metió en el bolsillo un dineral durante más de 10 años a base de sobornos, amenazas y licitaciones manipuladas.

Aullando 

En el centro de todo esto está la empresa SENASE, dirigida por Quilvio Bienvenido Rodríguez. Si le preguntas a su abogado, él es la gran víctima porque se veía obligado a pagar los sobornos para poder cobrar, o para que le quitaran obstáculos del medio, o para que no lo cambiaran por otra empresa. 

Pero al final del día, lo que dice el Ministerio Público es que desde el 2012 hasta la fecha, Quilvio se mantuvo pagando entre el 5% y el 10% de cada factura, y terminó repartiendo 108 millones de pesos. La acusación dice que se distribuyeron así:

• Edenorte: más de 40 millones en sobornos. Solo el jefe de seguridad cobró 35.3 millones entre 2020 y 2025 para pagar sin problemas y hacerse el loco con cualquier incumplimiento.

• Edesur: 15 millones. Quien más recibió fue un mayor general retirado y exdirector de seguridad que cobraba para no chequear nada y manipular las licitaciones. También cobraba un intermediario que no tenía cargo público, y otros que recibieron cheques y efectivo.

• Edeeste: 1.6 millones al director de seguridad, que cobraba mensual para agilizar los pagos. También un exsupervisor y otro exjefe de seguridad se llevaban una tajada por cada factura pagada.

• Inaipi: 12.8 millones repartidos entre un coronel y un teniente que estaban en compras y seguridad. Pidieron pagos en el 2022 para manipular una licitación y quitar otras empresas del medio.

• Senasa: 3 millones para el encargado de seguridad desde el 2016, por «facilitar» la operación de SENASE ahí.

Estos pagos se hacían en efectivo después de cambiar los cheques, pero se llegaron a hacer transferencias directamente desde Senase, como que nada es nada.

Las grandes preguntas

Si se repartieron 108 millones y eso era entre el 5% y el 10% de cada factura, ¿de cuánto eran las sobrevaluaciones de estos contratos para que el dinero diera para ejecutar los contratos, ganar dinero y además dejar caer moñas? Si los encargados de seguridad podían manipular licitaciones a cambio de dinero, ¿dónde estaban los directores generales, los encargados de finanzas y los auditores? Y finalmente, si esto era solo en esas 5 instituciones, ¿cuánto nos cuestan cada año estos esquemas de peaje para cobrar, conseguir y mantener contratos con el Estado?

Prepárate para recibir tu pedido

Los deliveries de plataformas como Uber, Didi y Pedidos Ya llevan años pidiendo mejores condiciones laborales y más derechos. Y ahora, el senador Antonio Marte acaba de someter un proyecto de ley que los pondría prácticamente al mismo nivel que cualquier otro empleado formal. 

En el país hay más de 30 mil «socios» de estas plataformas, así que ya estamos hablando de un grupo importante en el sector laboral, que hasta ahora ha trabajado en un esquema de cierta informalidad. No son empleados, pero la mayoría dependen casi totalmente de lo que hacen por ahí.

¿Qué dice Antonio?

Quiere que todas las plataformas con deliveries activos cumplan con lo siguiente:

• Pagar al menos el salario mínimo mensual, sin importar si el delivery trabaja pocas horas.

  • Según un reportaje de Diario Libre, a los que les va bien pueden ganar hasta 60 mil pesos mensuales, pero eso no es lo normal.

• Inscribirlos en la TSS para que tengan sus aportes al seguro de salud, fondo de pensiones y riesgos laborales.

  • Ahora mismo esas plataformas no aportan a la TSS ni a los fondos de pensiones. Según el proyecto de ley, esas empresas tendrían que registrarse como empleadores en el país.

• Cubrir un seguro de accidentes y una póliza de responsabilidad civil.

• Detallar cómo se calculan las comisiones y transparentar todo.

  • Los «socios» se quejan de que a veces sus ganancias bajan sin aviso, o cambian las condiciones sin saber por qué.

• No suspender cuentas sin avisar y sin justificar.

  • Las plataformas pueden activar o suspender cuentas sin explicar por qué.

Al que no cumpla, le podrían poner multas de hasta 50 salarios mínimos o incluso podrían cancelar sus operaciones en el país.

¿Qué dice la otra campana?

Es verdad que el proyecto formalizaría el sector, dándoles derechos y protección social a los deliveries. Además, obligaría a las plataformas a aportar a la seguridad social y esas formalidades laborales. Pero por otro lado, no todos los afiliados están en contra de ese modelo que les da flexibilidad; y otra cosa es que podría aumentar los costos operativos de las aplicaciones, lo que podría provocar que usen menos personal, que bajen su presencia en el mercado o que aumenten el precio para el usuario final.

¿Qué se ha hecho en otros lugares?

Países como España, Colombia, Estados Unidos y Francia han probado varias fórmulas. Por ejemplo, los españoles convirtieron los repartidores en empleados, pero algunas plataformas disminuyeron los servicios. California aprobó una ley parecida a la de RD, pero terminó suavizándola con un   Francia mantiene a los deliveries como independientes, pero con reglas más claras y más protección. En Colombia también se está discutiendo un modelo mixto.

Viendo eso, la tendencia es clara: el modelo que mejor funciona es el que les da independencia y flexibilidad a los afiliados, pero con algunos beneficios y derechos básicos y con aportes a la seguridad social para poder tener protección.

Imagen del día

Eso podría ser una libretita cualquiera, pero es un pasaporte dominicano. El Listín Diario reportó que a muchos pasaportes emitidos a partir del 2020 se les borra la portada con el tiempo. Ese año pasaron dos cosas: cambiaron los suplidores de las libretas, y estrenaron el diseño azul para sustituir al antiguo negro. 

Se supone que esto no debería ser un problema a la hora de viajar, pero como mínimo da un poco de vergüenza llegar así donde un agente de Migración de otro país. Por suerte ahí vienen los nuevos pasaportes biométricos.

La ñapa del lunes

• Turismo meterá 600 millones en una «renovación» de la playa de Boca Chica y sus alrededores.

• Al menos 6 personas murieron al naufragar frente a las costas de Juanillo una yola que iba para Puerto Rico.

• Si te sientes un poco apretado en la Ortega y Gasset, es porque añadieron un carril en el medio para doblar hacia la Fantino Falco.

La cifra del día

19

La cantidad de cárceles donde no es la Procuraduría quien tiene el control o la autoridad, sino la Policía y el Ejército. Eso lo dijo Roberto Santana, el asesor del gobierno en temas de cárceles, que habló del desorden que hay en el sistema carcelario, donde cada institución hace lo que le dé la gana dependiendo de quién controle. 

Aunque parezca increíble, al propio director de prisiones le pueden impedir la entrada a una cárcel si no hay autorización de un superior militar. Y en esas cárceles del modelo tradicional, las mismas autoridades se encompinchan con los presos para armar sus vueltas. Por eso Roberto apoya la creación del Ministerio de Justicia, que sería la única autoridad en las cárceles, en vez de las 3 que hay ahora.