¡Buenos días!
Hoy es martes 14 de noviembre

Y parece que a Willy González —quien es el director de Desarrollo Social del Consejo Estatal del Azúcar (CEA)— le gusta mucho el refrán que «el que no grita no mama», porque le pidió claro y pelao al presidente que lo nombre como director del Plan Social de la Presidencia. De hecho, hasta dijo que le había mandado el recado al presi el 9 de noviembre con el doctor Antonio Cruz Jiminián, el padre Rogelio Cruz y el catedrático Virgilio Almánzar. Nosotros no nos vamos a meter en que si Don Willy merece o no el cargo, pero sí dejamos por aquí una frase popular que dice «El simple acto de pedir no crea obligación de dar».

Pica y se extiende

El caso de los semáforos y el Intrant va para la justicia. Contrataciones Públicas dijo ayer que, después de investigar bien las dos denuncias junto a la Unidad Antifraude de la Contraloría, encontró «graves irregularidades» que los motivaron a mandar el expediente a la Procuraduría, con atención a la Pepca. 

Cuando algo llega al Ministerio Público, es porque ya no son «faltas subsanables», sino que podría tratarse de delitos penales y cárcel. Además, el contrato queda ya anulado de manera definitiva.

¿Qué fue lo que encontraron?

Empecemos por el principio: la licitación era por un valor estimado de 1200 millones, y terminaron adjudicándosela a Transcore Latam SRL por 1317 millones. Después de ahí es que se comienza a complicar, porque hacía meses (en julio de este año,) Contrataciones Públicas le notificó al Intrant que la verdadera Transcore LP había denunciado que la que hizo el negocio con ellos (Transcore Latam) presentó documentos falsificados o adulterados para participar en la licitación como si estuvieran asociados (recuerda que Alicia descubrió que los gringos que vinieron aquí a defender el contrato no pertenecen a la empresa real, sino que aparentemente eran impostores). En Intrant se hicieron los intrant-sigentes con esa notificación y les dieron pa’llá al contrato sin ni siquiera responder.

Fast forward a finales de octubre, con un contrato ya en plena ejecución y a un 60 y pico por ciento de avance. Ante las dos denuncias que recibió Contrataciones Públicas (una del argentino que tuvo el contrato del 2019 al 2021, cuando se lo quitaron por supuestas marrullas), comenzaron a profundizar y se encontraron con una caja de pandora. Además de los documentos falsificados o manipulados, se dieron cuenta de que en Transcore Latam se habían hecho unos movimientos de accionistas –y de acciones– medio raros.

Una nueva empresa…

Esos movimientos de acciones fueron entre Pedro Padovani (el exempleado del Intrant, que estuvo ahí desde el 2019 al 2022) y el señor Jorg Brinkmeyer, y tienen que ver con la versión falsa de Transcore, que se llama Transcore LP LLC (la diferencia es el apellido). Todo eso pasó este año, mucho después de que la licitación se había lanzado y adjudicado. Por cierto, Transcore Latam se registró como proveedor del Estado menos de 1 mes antes de que presentaran su oferta.

… y un nuevo personaje

Pero eso no para ahí, porque en julio, Transcore Latam cogió un préstamo por 120 millones de pesos, donde pusieron como fiador solidario a Dekolor SRL, una empresa relacionada con Jochy Gómez. Ese personaje es nuevo en esta película, pero nada nuevo en la conversación pública; en el 2012 fue acusado de chantaje, extorsión y de hackear las cuentas de 44 personalidades, entre políticos, empresarios, funcionarios y hasta el presidente de la República. Eso quedó ahí, pero en el 2019 lo acusaron de estar detrás del supuesto fraude con el famoso «algoritmo» que denunció Leonel después de las primarias presidenciales del PLD.

Espera, que falta más: en el 2022 se habían registrado en la Onapi 3 empresas con Jochy como titular, y atiende los nombres: SIC Transcore Dominicana, Transcore y Transcore Dominicana. A todas se les puso actividades comerciales que coinciden con el contrato que el Intrant le adjudicaría a Transcore Latam casi un año después.

A toda costa

Desde hace unos días se viene hablando de un posible fraude millonario en unos terrenos costeros de Sabana Buey, cerca de Baní, que ya tiene un tiempecito en los tribunales y como que no avanza. Supuestamente, una red en la que hay abogados, contadores y militares, alteró la historia societaria de una empresa que se llama Costa Dorada, para cogerle su capital y 6 millones de metros cuadrados de tierra, que se estima que valen más de 1000 millones de pesos hoy en día.

Antes de seguir, cuando decimos que alteraron la historia societaria, se refiere a cambios o manipulaciones en la información que conforma el registro oficial de la compañía. Esto puede incluir modificaciones en los accionistas, la estructura de propiedad, y básicamente alterar cosas relevantes en los documentos corporativos de la empresa.

Empieza desde el principio

Dicen que la historia comenzó en 1967, cuando un señor llamado Juan Mayol compró esa propiedad. Años después, en los 70, se asoció con dos hermanos apellido Serrano –los dueños de Peravia Industrial, que tiene marcas como La Famosa y JaJa– para formar Costa Dorada; y en el 2013, cuando fueron a cambiar la estructura de la empresa para convertirla en SRL, se encontraron con la sorpresa de que la empresa había sido registrada a nombre de un tercero.

Volvemos con la falsedad

Según cuentan, para cometer el terrenicidio se crearon más de 100 documentos falsos, incluyendo firmas, contratos de ventas de acciones y estados financieros. Según el abogado de Mayol y Serrano, los ahora acusados ejecutaron una venta de acciones donde quien vendía era una persona que ya había muerto. Después de traspasar todas las acciones sin que los dueños reales se enteraran, entonces fusionaron Costa Dorada con una empresa que se llama Global Multibusiness Corporation, que ahora es la que está señalada.

Para los tribunales

Después de demandar al muerto y tener que empezar de nuevo, todo el proceso legal actual empezó en el 2018. Por cambios en fiscales y otros obstáculos, fue en el 2021 cuando presentaron una acusación formal contra los implicados. Ahora dicen los abogados de los dueños originales que los acusados y sus abogados le han buscado todas las patas al gato para retrasar el proceso, y que ningún tribunal ha avanzado con el caso, que ahora está en una especie de limbo.

Es tanto así, que los imputados recusaron a los 16 jueces de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Recuerda que recusar a un juez es cuando una de las partes solicita que un juez sea excluido de conocer y decidir sobre un caso. La recusación se basa en la sospecha de que existen circunstancias que ponen en duda la imparcialidad del juez, como puede ser un conflicto de interés, parentesco con alguna de las partes, amistad o enemistad manifiesta, o haber expresado previamente una opinión sobre el caso. Pero que los 16 jueces sean recusados… Chupe usted y me deja el cabo.

Imagen del día

Así se despidió Then de la PN: presentando las 30 mil armas blancas que ha decomisado en los últimos 6 meses. Ahí hay puñales, colines cuchillos, lengua’e mime, bates con puyas, etc.

¿Cuánta lucha habrán cogido para poner todo eso así ordenadito? ¿A quién diablos lo atracaron con un machete? ¿Las están guardando para pelar cocos?

La cifra del día

Más o menos 18 000

Las palabras en español que la versión gratis de ChatGPT no sabe lo que son. Esto es aproximadamente el 20% de las 90 000 palabras que están en el diccionario de la Real Academia de la Lengua. La ñapa fue que del 80% restante el sistema cometió errores en un 5%. El artículo no dice cuáles palabras falló el sistema, pero si tomamos en consideración que el hispanohablante promedio nada más conoce unas 30 000 palabras, no es la gran cosa si ChatGPT no sabe lo que es «escatología».

La Brifipedia

Escatología: es el estudio de lo que va a pasar al final de los tiempos. Es decir, se ocupa de las creencias religiosas sobre lo que pasará con el mundo y con los seres humanos después de la muerte.