- El Brifin
- Posts
- Tengo una idea
Tengo una idea
Contamos mejor las noticias
¡Buenos días!
Hoy es martes 18 de noviembre
Cualquiera puede tener una gran idea, pero no cualquiera puede sacarla a camino y liderar el equipo cuando esa gran idea choca con la realidad.
Cuartos, no cárcel
Nadie condenado por difamación a un funcionario puede ir preso en RD, o al menos no hasta que entre en vigencia el nuevo Código Penal.
Eso lo confirmó una sentencia reciente del Tribunal Constitucional (TC), que ratificó una decisión del 2016 que decía que era inconstitucional el artículo de la Ley de Expresión y Difusión de Pensamiento (Ley 6132) que castigaba con 6 días a 3 meses de cárcel (hasta 6 meses en casos agravados) a quien fuera condenado por difamación e injuria.
¿De dónde viene esto?
La sentencia nueva (TC/1148/25) surgió de un caso que arrancó en el 2012, cuando un fiscalizador del Tribunal de Tránsito de La Vega, llamado Leonardo Abreu, se querelló contra Ramón Ayala por difamación (Daddy Yankee se llama Raymond Ayala, por si acaso).
Primero lo declararon culpable en el 2016, y le pusieron 300 mil pesos de compensación y un mes de prisión suspendida (no iba preso, pero la condena quedaba en su récord). Después un tribunal de apelación lo dejó libre, pero en el 2018 vino la Suprema y restableció la condena. Ahora dice el TC que el artículo 34 de la Ley 6132, el que aplicó la Suprema, había sido anulado por el mismo TC en el 2016. O sea, que la parte de cárcel no aplicaba.
La sentencia original
En el 2016, el TC dijo con la sentencia TC-0075-16 que el artículo 34 de esa ley, que permitía cárcel por difamación o injuria, era inconstitucional porque afectaba el principio esencial de la libertad de expresión, especialmente cuando la crítica es hacia funcionarios públicos. Ojo: eso no aplica a las expresiones sobre la vida privada de cualquier funcionario o particular, que sí podrían ser castigadas, pero no por el artículo 34.
La responsabilidad civil —o sea, pagar indemnización en caso de difamación o injuria— sigue vigente, y también otros procedimientos que define la ley. Pero cárcel no, si se trata de críticas a funcionarios públicos o temas de interés público.
Hasta un día…
En el Código Penal nuevo, que se supone que entra en vigencia en agosto del año que viene, volvieron y pusieron las penas de cárcel por difamación e injuria. Y son más fuertes: 2 a 5 años para difamación de un funcionario, y de 6 meses a 2 años para injuria (la diferencia es que la difamación acusa de hechos falsos, y la injuria tiene que ver con insultos u ofensas que dañan el honor).
Pero hay que ver, porque ya ese Código Penal fue llevado al TC por supuestamente violar los mismos principios que llevaron a anular esa parte de la Ley 6132 en el 2016.
Me voy por mi lado
La semana pasada te contábamos que el Ministerio Público había depositado su acusación formal (aquí el expediente completo) contra los hermanos Espaillat. Los acusan de homicidio involuntario, una figura del viejo Código Penal que solo permite hasta 2 años de cárcel.
¿Por qué 20?
Porque el abogado Yan Carlos Martínez, que representa a decenas de las familias de víctimas, depositó una acusación alternativa basada en homicidio voluntario con «dolo eventual». Ya ese es otro tema, porque aunque eso no significa que los dueños quisieran provocar la tragedia, sí los acusa de saber que podía pasar lo que pasó, y aún así decidieron seguir adelante.
Esto contrasta con la versión del Ministerio Público, que acusó de homicidio involuntario: negligencia, imprudencia y descuido, pero no conocimiento de que se podía caer; las familias dicen que se sabía del riesgo, hubo avisos, y la decisión de no parar la fiesta fue consciente.
Hasta el final
En esta línea de tiempo de los últimos minutos antes de la tragedia puede estar la clave de la acusación, especialmente de la alternativa que sometieron las familias:
11:40 p. m. del 7 de abril (1 hora antes del desastre): un plafón le cae encima a un cliente.
El encargado pide parar la fiesta; Maribel Espaillat se niega porque «solo Antonio puede decidir».
11:55 p. m.: Maribel le escribe a Antonio que «el techo está desbaratado». Pero siguen.
12:44 a. m.: el techo se desploma.
¿Y ahora?
Con esa acusación formal en la mano del Ministerio Público habrá una audiencia el 2 de enero, donde los jueces verán si siguen para juicio de fondo. Pero ahora está la otra acusación alternativa, así que también tendrán que decidir si se van por una vía o por la otra.
Es difícil no quedarse mirándola cuando te pasa por el lado, pero más difícil es no tenerla después que la manejas. Luego de probar el confort, la tecnología y la tranquilidad que da el espacio con un habitáculo elegante, hay altas probabilidades de no concentrarse pensando en ella. Pero si crees que tienes la suficiente fuerza de voluntad, agenda tu test drive por WhatsApp haciendo clic en la imagen.
Imagen del día
Visto en: @skyzone en IG
Esto fue un incendio en el almacén de ProdaCom, una de las tiendas de computadoras más conocidas de Santiago. Quedó totalmente destruido, pero no hubo pérdidas humanas.
También deberías saber
Lo que pasa en Erredé
El Intrant publicó la nueva normativa que obliga a que todos los cascos de motoristas importados y vendidos en RD estén certificados bajo estándares internacionales. Ya habían mencionado esto en julio, pero ahora es oficial y aprobado por organismos de fuera.
Solo los cascos «homologados» podrán ser usados. No se puede usar el «medio casco» ese que se ha puesto de moda, y no se pueden alterar ni quitar las etiquetas. Es obligatorio para chofer y pasajero, y debe ser cambiado después de un golpe o cada 7 años.
La Digesett e Intrant prometen operativos para hacer cumplir la normativa, que a su vez está basada en la Ley de Movilidad y Transporte. Como siempre, mucha suerte con eso…
Compras y Contrataciones (DGCP) anuló una licitación de 320.9 millones en el Ayuntamiento de San Pedro de Macorís para recogida de basura. Ahora tienen 45 días para tirar una nueva licitación y pagar lo que el suplidor actual haya trabajado, pero sin parar la recogida.
Algunas de las cosas que encontró la DGCP: no había informe técnico obligatorio, la evaluación del suplidor se hizo sin criterios claros, y el precio total adjudicado triplicaba el estimado (320.9 millones versus 107 millones).
Es la segunda vez que encuentran irregularidades en el mismo Ayuntamiento y con el mismo suplidor, y por eso la DGCP mandó el expediente a la Procuraduría, la Contraloría, la Cámara de Cuentas y la Liga Municipal.
Interior y Policía anunció que ya está aquí I-24/7, un sistema que comunica las bases de datos de la policía de países de todo el mundo y de la Interpol. La idea es saber si un viajero que llegue al país tiene alertas, antecedentes o está siendo buscado. Todo se activa desde que la persona compra el vuelo.
Con esto se podrán detectar prófugos internacionales y evitar que entren personas peligrosas al país, pues el sistema avisa de una vez a Migración y la Policía. Dijo Faride que ya ha detectado varios casos de perfiles sospechosos o con alertas, y que no los han dejado entrar a RD.
Un recién nacido murió hace unos días en el «Vacacional de Haina», que de vacacional no tiene nada porque se usa para agrupar a los indocumentados antes de deportarlos.
Dice Migración que a la mamá, detenida por su estatus migratorio, la llevaron al Vacacional para verificar si el padre del bebé era dominicano. Ella y el niño llegaron bien y los evaluaron, pero a las 3 a. m. el niño comenzó a tener problemas para respirar; lo atendieron y se lo llevaron en ambulancia, pero no se pudo hacer nada. En resumen, dijeron que no hubo negligencia ni falta de atención médica.
Esta es la tercera muerte reportada en el Vacacional de Haina este año.
Munir Kury le respondió a Nuria por los reportajes que lo apuntan como uno de los líderes del «cártel de proveedores» que Contrataciones Públicas llevó a la justicia.
Dice que todo es falso y que le parece raro que apunten a sus empresas, cuando lleva menos de 10 años licitando y hay suplidores con mucho más tiempo en eso que no son mencionados.
Para que no digan, listó 14 empresas que según él participan todo el tiempo en las licitaciones de los Comedores Económicos y el Plan Social, y no los mencionan.
Munir Kury terminó diciendo: «no se duda de su seriedad ni de su honradez, pero hasta lo mucho Dios lo ve. Solo se solicita equilibrio, proporcionalidad y el mismo trato que deberían recibir todos los participantes del sistema de compras públicas».
La cifra del día
Dice El Nacional que ese es el porcentaje de horas de clase que se han perdido en este año escolar en las escuelas públicas de varias provincias —incluyendo Santo Domingo— por huelgas y asambleas de la ADP. En otras palabras: los niños se han perdido 1 de cada 3 horas de clase en los 3 meses desde que empezó el año escolar.
Reply