¡Buenos días!
Hoy es viernes 19 de diciembre

Nosotros somos responsables del mundo que estamos construyendo para nuestros hijos. De entre todos los mundos que podemos dejar, ojalá no estemos fabricando uno donde la censura sea una norma para vivir.

P.D: Este es el último Brifin del año. Nos vemos el martes 6 de enero del 2026.

Prepara el bolsillo

Hace tres días que el presidente Luis Abinader promulgó la Ley 98-25, que le hace cambios a la 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos y que tiene un plan gradual para reducir y eliminar los plásticos de un solo uso y los envases de foam. 

Además del foam y las fundas plásticas que cada vez se podrán usar menos, hay un aspecto de esa ley que puede afectar a cualquier dueño de negocio: los pagos obligatorios que hacen las empresas y entidades (personas jurídicas) para la gestión de residuos. Esto es como un impuesto especial, un pago por servicios de recolección de basura.

Explícame eso

Desde su versión original del 2020, la ley dice que toda empresa o entidad que declare ingresos cada año ante la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) debe pagar una contribución especial obligatoria que va a un fondo destinado a reducir el impacto ambiental de los residuos y a desarrollar el sistema integral de manejo y gestión.

¿Por qué les afectaría?

Porque ahora aumentaron las tarifas. De hecho, los empresarios habían gritado sobre ese tema, pero la ley se aprobó con aumentos considerables. Y no sólo se aumentó; estipula que cada año se ajuste según la inflación, usando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) que publica el Banco Central.

Dame el palo

Estos son los montos que tendría que pagar cualquier persona o empresa, de acuerdo a su facturación anual:

¿Cuál es la queja?

Las tarifas se calculan en base al nivel de ingresos o facturación, no al nivel de residuos sólidos que genera la empresa.

Chequea este ejemplo: si una agencia publicitaria y un supermercado facturan en el mismo rango, a fin de año ambas van a pagar lo mismo como contribución especial, aunque el supermercado genere mucha más basura que la agencia. Y así muchos ejemplos más si nos ponemos a comparar.

Otra cosa rara es que las empresas pagan a nivel individual. Por ejemplo, si tienes varias empresas en el mismo edificio ––y por lo tanto, un solo depósito de basura–– comoquiera tendrás que pagar por todas las empresas.

Pero nada, ahí está la ley y hay muchos otros cambios. La última vez que hablamos sobre eso fue en este brifin.

Un encuentro casual

Ayer hubo un encuentro en el Palacio con medios digitales: podcasts, youtubers y programas de radio de la «nueva generación». El Brifin fue uno de esos medios.

El presidente respondió preguntas sobre economía, corrupción, reforma fiscal, sector eléctrico, y básicamente lo que cada quién quisiera preguntar. Pero el tema principal fue el caso SeNaSa, y por eso estaban ahí Carlos Pimentel, cariñosamente Don Compras, jefe de la Dirección de Compras y Contrataciones; y Miguel Ceara Hatton, de la Superintendencia de Riesgos Laborales (Sisalril), que es como el supervisor de todas las ARS.

Sin abundar demasiado, esto fue lo que se dijo ahí de algunas de las preguntas más importantes que han surgido sobre el caso:

¿Por qué Compras y Contrataciones no filtró estos contratos?

Esto ya lo habíamos explicado, pero aquí va de nuevo: SeNaSa no tenía que pasar por los procesos normales de la Ley de Compras (340-06) para contrataciones de Prestadores de Servicios de Salud (PSS): clínicas, médicos, farmacias, laboratorios… Para las compras operacionales del día a día sí, pero para esos contratos con las empresas que hoy están metidas en el lío, tenía una autonomía total. 

El presidente dijo que, por la forma en como estaba configurada la autonomía de SeNaSa, cualquiera creería que es la institución más poderosa del Estado dominicano. Mientras en el Poder Ejecutivo todo lo que se compra tiene que pasar por licitación, ahí se hacía lo que decidiera el director y sus órganos internos.

¿La Sisalril nunca recibió alertas?

Sí, recibió alertas sobre los programas de nutrición, los programas especiales y otros contratos. Pero cuando revisaban los estados financieros, todo estaba OK. Ceara Hatton, el superintendente, dijo que llevaban 3 años maquillando los estados financieros (incluso los auditados), así que fue cuando ya eran demasiadas las alertas que se metieron allá y encontraron todo el entramado. 

¿Por qué las alertas nunca llegaron «arriba»?

Porque ese tipo de alertas las maneja la Superintendencia en su área, y fue solo cuando se dieron cuenta de la magnitud del asunto que fueron donde el presidente. Tampoco le llegaron a la vicepresidenta, como jefa del Gabinete de Salud.

Cuando Ceara Hatton y el nuevo director de SeNaSa le presentaron al presidente lo que habían encontrado, él les dio instrucciones de ir de inmediato al Ministerio Público.

¿Y el Consejo Directivo de SeNaSa?

Mientras otras instituciones, como Banreservas, no pueden tomar decisiones de cierto monto en adelante sin consultarlo con su Comité Directivo, el CoSenasa ––liderado por el ministro de Salud Pública y donde hay otros funcionarios importantes–– solo estaba ahí para trazar políticas y lineamientos generales. Pero sus funciones eran muy limitadas.

¿Cómo se asegurarán de que algo así no vuelva a pasar?

Por «mandato del proceso», se formó una comisión técnica que tendrá que aprobar toda compra o desembolso que pase de 3 millones de pesos en SeNaSa. Y esa comisión tiene 2 meses para presentar una modificación al reglamento de CoSenasa, para que funcione como los consejos de otras instituciones del Estado.

¿Por qué las transacciones fraudulentas no generaron alertas?

En lo adelante, el Ministerio Público dará más detalles sobre el tema. 

¿El dinero se usó para financiar la campaña del 2024?

Santiago Hazim tenía un rol limitado en la campaña y solo fue en Hato Mayor. Pero no hay ningún indicio de que ese dinero ilícito se haya usado para eso, y los fondos de su campaña los aportó el partido.

¿Algo más?

Mucho más, pero esas fueron las preguntas principales. Y esas fueron las respuestas.

Imagen del día

Así se verá la nueva cédula, que comenzará a entregarse a partir del 8 de abril del 2026 (para los simples mortales). Antes de eso, el primero en recibirla será el presidente, en un acto especial que va a hacer la Junta Central Electoral el 26 de enero. Después, entre febrero y marzo, le van a entregar a congresistas, delegados políticos, deportistas, empresarios, religiosos, y personalidades en general.

No es que desde el 8 de abril puedes ir cuando se te pegue la gana a buscar tu plástico (que también será de Duarte, por lo visto). La solicitud para cambiar el plástico se podrá hacer en el mes que naciste, así que debes esperar tu cumpleaños prácticamente.

Los dominicanos en el exterior podrán solicitar su cita para adquirir la nueva cédula a partir de mayo en las sedes de la JCE fuera del país.