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«La honestidad siempre capta mi atención. No necesariamente alguien que sea honesto conmigo, sino alguien que sea honesto consigo mismo».

-Heath Ledger

El fantasma de la censura

Después de lo que pasó con los periodistas que lincharon en las redes por unos supuestos pagos desde USAID que no han sido probados, han vuelto a salir varias figuras de peso a decir que hay que regular las redes sociales para castigar la difamación.

Aparte de los afectados por las acusaciones, otros periodistas como Nuria y Roberto Cavada dicen que hace falta trabajar en una ley que frene en seco ese tipo de prácticas. Pero también en el Congreso parece haber una disposición para hacer un nuevo intento, pues ya salieron diputados y senadores a decir que es verdad que tienen que moverse con eso. Incluso en el bloque del PRM ya estarían trabajando en una nueva propuesta.

Nuevo intento

Porque este no sería el primero. Solo en los últimos años se han propuesto varias leyes. Algunos dicen que atentaban  contra la libertad de expresión y han sido apodadas cada una por su lado como «ley mordaza», y todas se han caído o han sido modificadas para quitarles las partecitas más peligrosas. La más famosa de todas fue la propuesta de ley para regular el Ejercicio del Derecho a la Intimidad, el Honor, el Buen Nombre y la Propia Imagen. Eso fue en el 2022, y terminó cayéndose.

En otros países del mundo hay la misma discusión ahora mismo, y desde hace años. Los que han logrado meter más regulaciones son los países europeos, que lo han hecho en grupo a través de la UE. Aunque hay gobiernos, como el de España, que están pensando en poner más controles que los que hay actualmente.

No es tan difícil

Ya los medios tradicionales tienen una ley que regula la difamación, y es la Ley 6132. El internet también está regulado por la Ley 53-07 de Delitos y Crímenes de Alta Tecnología. Lo único es que cuando eso se aprobó, en el 2007, todavía las redes no estaban ni cerca de donde están hoy, y por eso dicen que hay un vacío legal ahí. En teoría solo habría que modificar esa ley para que las redes tengan que cumplir con las mismas reglas que el resto de los medios. Esa es la postura que defiende Manuel Corripio. 

Razones para no hacerlo

Uriel, nuestro editor jefe, hizo su tesis de grado sobre implicaciones jurídicas del uso de redes sociales. Puede que te aburras un poco con los siguientes puntos porque nos iríamos en esos términos, pero aquí van los argumentos que planteaba en el 2013 

• Existen leyes vigentes que regulan la difamación

   La Ley 6132 sobre Expresión y Difusión del Pensamiento ya define y sanciona la difamación y la injuria. Según el artículo 29 de esta ley, se considera difamación toda imputación de un hecho que ataque el honor o la consideración de una persona o entidad. Esta definición no excluye medios electrónicos, por lo que ya es aplicable a las redes sociales.

• La Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología complementa la regulación  

   Esta ley ya establece sanciones para la difamación e injuria cometidas a través de medios electrónicos. En sus artículos 21 y 22, se establecen las penalidades para estas conductas cuando se realizan en el ámbito digital, lo que refuerza la idea de que no es necesaria una nueva ley específica para redes sociales.

• El problema no es la falta de regulación, sino la aplicación efectiva

El hecho de que las redes sociales no estén mencionadas expresamente en la Ley 6132 no significa que no puedan ser reguladas bajo su marco legal. La jurisprudencia ya ha interpretado que la difamación en redes sociales puede ser sancionada bajo la legislación vigente, aplicando la Ley 53-07 para los delitos en entornos digitales.

• El requisito de publicidad en la difamación ya se cumple en redes sociales  

   Un argumento para justificar una nueva ley podría ser que la publicidad es un elemento esencial para la difamación. Sin embargo, la jurisprudencia ha establecido que cuando un contenido en redes sociales es accesible más allá del "ámbito doméstico", se cumple con este requisito, por lo que las publicaciones en redes pueden considerarse públicas sin necesidad de una nueva regulación.

• El derecho comparado respalda la aplicación de las leyes existentes

   En otros países, como España, ya se han emitido sentencias que sancionan la difamación en redes sociales bajo las normativas tradicionales de difamación. Incluso se ha condenado no solo al autor de una publicación, sino también a quienes la compartieron, lo que demuestra que no se requiere una legislación específica para redes sociales.

Así que tampoco es sencillo

Por eso es que mientras unos quieren regular, hay otros que dicen que ni de relajo. Los argumentos detrás de eso pueden ser muchos, pero todos tienen que ver con que están negados a que se limite o se coarte de cualquier forma la libertad de expresión.

Algunos de esos argumentos en contra, son:

• Qué es o no es una difamación puede ser malinterpretado, a propósito o sin querer, y eso puede llevar a injusticias o a afectar discursos que deberían estar protegidos.

• Las plataformas pueden decidir no publicar ciertos contenidos, por miedo a que sean tomados como difamación y evitar castigos o sanciones.

• La ley puede ser usada para fines políticos, como callar críticos y opositores. 

• La ley sería difícil de aplicar cuando el contenido sea generado desde otro país, por ejemplo.

• Cada quien puede decir lo que quiera, y el que se sienta difamado puede acudir a la justicia porque ya hay mecanismos legales contra eso.

Luz para los justos

Que estaban pagando por los pecadores a apagones limpios. El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED) —que es como el consejo directivo de Edenorte, Edesur y Edeeste— dijo que se acabaron los famosos apagones programados (con supuesta duración de 2 a 4 horas), y que van a buscar otras maneras.

Estos apagones fueron anunciados hace 1 mes y pico, con el argumento de que serían en los lugares donde las pérdidas son mayores. De cada 100 megavatios que compran las EDE, terminan cobrando como 56, y eso le representa al Estado unos 1500 millones de dólares al año en pérdidas (ese es el famoso subsidio al sector eléctrico, que cada año está peor). De esos 1500, como 900 millones son gracias a los más de 800 mil usuarios que están «enganchados» de la luz de la calle. Por eso, querían meter presión en los sectores de mayores pérdidas.

Adivina qué…

No funcionó. Es más, ni siquiera se pudo medir qué tanto se redujo el fraude con esa medida. En cambio, las quejas por los apagones han aumentado, y para colmo los que pagan su luz han estado sufriendo las consecuencias. Por eso, ahora van a hacer lo que se debió hacer desde un principio: pondrán a funcionar un sistema, dizque con «tecnología avanzada», para detectar las conexiones ilegales. En vez de llevarse la luz en el barrio completo, revisarán cliente por cliente para ver quién está enganchado.

Al que encuentren, podrían ponerle castigos como impedimento de salida del país o presentaciones periódicas ante la Procuraduría de Delitos Eléctricos. Según Celso Marranzini, el jefe de la CUED, porque hay que ver qué tan aplicable es eso según la ley.

Metidas de pata

• Ayer pusimos el huevo más grande de febrero diciendo que el nuevo iPhone 6e no tendrá cámara frontal. Gracias a todas las 512 personas que nos escribieron.

La cifra del día

10 800 euros

La multa que le tocará pagar al expresidente de la Federación de Fútbol de España, Luis Rubiales, por el beso aquel que le plantó a una jugadora de la selección femenina en el calor de las celebraciones por haber ganado el Mundial. Esa es la condena: 20 euros por día durante 18 meses. Y había gente hablando hasta de cárcel, en un juicio que fue bastante mediático.