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Hoy es viernes 25 de abril

Un día como hoy, pero en 1940, nació el tipo que nos enseñó que una mirada puede ser más peligrosa que una pistola: Alfredo James Pacino. El alma de Michael Corleone, Tony Montana, Frank Serpico… personajes que no se interpretan, se encarnan. Cumple 85 años y aquí lo vamos a celebrar viendo la segunda parte de El Padrino.

Dando boches

Eso de que «su motor está retenido, vaya a buscarlo a la Digesett» tiene sus límites, porque el Tribunal Constitucional le puso el freno a las retenciones irrazonables (o sea, por demasiado tiempo). El mensaje es que la Digesett no puede ser juez, fiscal y ejecutor al mismo tiempo, así que para llevarse un vehículo o un motor debe tener una justificación clara y temporal, pero si no hay un proceso legal en curso, retenerlo por demasiado tiempo se considera una violación al derecho constitucional a la propiedad.

Caso 1: el motor de José Francisco

José Francisco Lara Delgado denunció que la DIGESETT le incautó su motocicleta en marzo de 2024. Hasta ahí, nada raro. La Ley 63-17 le da a esa institución la facultad de retener vehículos cuando hay una infracción de tránsito.

Pero José presentó una acción de amparo luego de que DIGESETT se negara a devolver la moto, a pesar de que no existía un proceso penal, ni causa judicial abierta, ni justificación legal para seguir reteniéndola. Un tribunal penal le dio la razón, pero DIGESETT recurrió la decisión.

TC corrige el proceso… pero confirma la violación

El Tribunal Constitucional identificó errores de procedimiento. Pero como sea, aunque el TC anuló la sentencia original por vicios de forma, sí acogió la acción de amparo en el fondo, confirmó que hubo una violación constitucional, y ordenó devolver el motor. Es decir, corrigió el proceso, pero le dio la razón al ciudadano. Expresamente dijo que el vehículo estaba en un «limbo jurídico», y que la DIGESETT pudo y debió devolverlo.

El derecho de propiedad no se negocia

Aunque el TC anuló la sentencia por un tema de forma, sí acogió la acción de amparo en el fondo, ordenó devolver el motor, y reafirmó que ninguna institución pública puede retener un vehículo sin justificación legal, por tiempo indefinido. También dejó claro que el derecho de propiedad, protegido por el artículo 51 de la Constitución, no depende de la voluntad de la autoridad, sino de la ley. DIGESETT sí puede incautar vehículos, siempre que lo haga en cumplimiento de la Ley 63-17 (por ejemplo, si el conductor no tiene licencia o hay una infracción grave), pero no puede quedarse con ellos hasta que les dé la gana.

Caso 2: El jeep que se perdió en manos del Estado

Juan Francisco Abreu Brito dejó su vehículo estacionado, y vecinos le dijeron que agentes de DIGESETT se lo llevaron. Días después, localizó el Jeep en el Canódromo, donde le levantaron un acta de infracción y le impusieron una multa por mal estacionamiento. Abreu pagó la multa y, al volver a buscar su vehículo, le informaron que no estaba y que «nunca había ingresado al sistema». Aun con todos los documentos a su favor, no recibió ninguna respuesta concreta. Por eso, se fue al Tribunal Superior Administrativo (TSA), que ordenó la entrega del vehículo y estableció una multa de RD$20,000 por cada día de retraso. Pero el vehículo sigue sin aparecer.

Otro tablazo del TC

La DIGESETT recurrió la sentencia del TSA ante el Tribunal Constitucional, buscando suspenderla. Pero ahí les salió peor. Porque en la Sentencia TC/0061/25, el Tribunal rechazó esa solicitud y confirmó que sí existió una violación constitucional al derecho de propiedad. 

Según el TC, hay pruebas suficientes de que el vehículo sí estuvo bajo custodia de DIGESETT, como demuestra el acta firmada por un agente y por el mismo Abreu. El Tribunal dejó clarísimo que el Estado no puede alegar «confusión» o «error operativo» cuando hay evidencia de que retuvo un bien y luego no puede justificar su paradero.

¿Y ahora?

Habrá que ver qué hará DIGESETT, porque aunque el Jeep no ha sido devuelto, el TC mantuvo la orden de entrega y ratificó la astreinte diaria de RD$20,000, que seguirá acumulándose como sanción por incumplimiento. Esto podría traducirse más adelante en una indemnización económica. Pero sea lo que sea que pase, el Tribunal dejó un mensaje claro: cuando una institución del Estado pierde propiedad privada bajo su custodia, no puede simplemente decir «no lo tenemos» y salir ilesa. El derecho de propiedad no se suspende por errores administrativos. Y el silencio institucional tampoco borra la obligación de responder.

¿Al final sí pueden retener los vehículos?

Según el Tribunal Constitucional, la DIGESETT sí puede retener vehículos de forma temporal, cuando hay una infracción de tránsito comprobada, y que debe hacerlo respetando la ley y el debido proceso. La Ley 63-17 lo permite, pero con límites claros: el vehículo no puede quedar retenido indefinidamente, ni mantenerse bajo custodia estatal sin fundamento legal, ni mucho menos desaparecer sin explicación. Estos casos se fueron a más porque actuaron de forma arbitraria y afectó el derecho de propiedad de los ciudadanos.

Lo que el TC dejó más claro aún es que la responsabilidad no se elimina por errores administrativos. Si un vehículo fue incautado, registrado o retenido, y luego no se entrega sin justificación válida, hay una violación constitucional. La carga de la prueba también le toca a la institución. O sea, DIGESETT puede fiscalizar, pero no puede secuestrar bienes ni evadir consecuencias legales. La propiedad privada no depende de la voluntad de una autoridad.

¿Qué tiene nuestra carne de res, que no tiene Petro?

Visa para entrar a EE. UU. Chistes aparte, ya la carne de res cruda dominicana puede ser exportada a EE. UU., después de más de 20 años. Todo empezó a moverse en diciembre del 2022, cuando después de años de inspecciones, ajustes y negociaciones, se mandó el primer furgón con 40 mil libras empaquetadas al vacío.

En ese momento, finalmente el Departamento de Agricultura le había dado el OK a RD para exportar carne de res cruda e intacta para allá. Pero era más como una prueba piloto, porque faltaban pasos para hacerlo oficial y permanente: mejorar mataderos, entrenar el personal y demostrar que nosotros podíamos inspeccionar la carne como lo hacen ellos.

La gran prueba

En octubre del año pasado, vino el FSIS, que es como el «fiscal de carnes» del Departamento de Agricultura a chequear todo, desde el sacrificio de los animales hasta las pruebas de laboratorio para detectar bacterias. Nos fue bien, y los gringos se fueron con la tranquilidad de que nosotros podemos lograr los estándares de calidad y etiquetado que ellos exigen. Ahora nos dieron finalmente la luz verde.

Esta es una buena noticia, porque EE. UU. es el mayor consumidor del mundo y solo en el 2023 importó como 1.5 millones de toneladas de carne de res, con un valor que anda por los 10 mil millones de dólares. Es verdad que no vamos a competir con gigantes como Brasil o Australia, pero ahí hay un nicho que puede aportar bastante a nuestra economía. Sobre todo porque quedan abiertas las puertas para exportar algo más que la carne magra, como salchichas o carnes de hamburguesa.

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