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«Algunos causan felicidad dondequiera que van; otros, siempre que se van».

— Oscar Wilde

Pongan candado y boten la llave

A unos días de que la Constitución dominicana cumpla 180 años de edad, fue proclamada ayer su versión número 40. A diferencia de muchas de las modificaciones anteriores, que se hicieron para habilitar la reelección de quien en su momento era el presidente, en esta se puso un «candado» para que ningún otro presidente en el futuro se pueda reelegir más allá de un segundo período. 

Para simbolizar de manera muy extraña esta historia de poner un candado y botar la llave, un grupo de senadores del PRM y aliados fueron al Malecón a botar unas llaves al mar Caribe. Un poco cringe, diría la generación Z. En la ceremonia habló el presidente ante su gente, porque los legisladores de la oposición ni siquiera fueron.

¿Y cuál es el candado?

Se modificaron 10 artículos de la Constitución (81, 166, 167, 169, 171, 178, 179, 209, 268 y 254), pero todos tienen que ver con una de 4 cosas: unificar las elecciones a partir del 2032, reducir la cantidad de diputados de 190 a 170, reforzar la «independencia» política del procurador general de la República, y el famoso candado para la reelección.

Las claves de ese candado son los artículos 268 y 274. En el 268, además de decir que tenemos un gobierno «civil, republicano, democrático y representativo», ahora dirá que ninguna modificación futura a la Constitución podrá cambiar absolutamente nada en el artículo 124, que es el que dice que los presidentes podrán ejercer dos períodos consecutivos y nunca jamás. A eso se le llama «cláusula pétrea», porque simplemente no permite modificación.

A partir de hoy, un presidente solo podrá seguir más allá de 8 años por una de dos vías: o se vuelve un dictador y se pasa la Constitución por donde más le guste; o hace un referendo aprobatorio para preguntarle a la población si quiere modificar la forma de gobierno o los términos de elección presidencial. Eso está en el artículo 272.

Como el agua al coco

Como ya sabrás, había un vacío legal entre la Constitución y la Ley del Distrito Nacional y los Municipios (176-07), que no dejaba claro si el presidente podía nombrar el sustituto de un funcionario electo por votos que dejara el puesto vacante por x o y. Eso fue lo que pasó en La Vega, porque Kelvin Cruz fue nombrado ministro de Deportes y la vicealcaldesa renunció.

Ni cortos ni perezosos, los legisladores metieron a último minuto una modificación al artículo 274 de la Constitución, que ahora dirá que en caso de un vacío en la línea sucesoral de las autoridades de los municipios, la ley dirá cuál será el mecanismo de reemplazo. O sea que la ley 176-07 vuelve a ser válida, y ahí dice que el presidente del Consejo Municipal tiene la potestad de pedirle al presidente de la República que nombre un reemplazo. Muerto ese abejón.

¿Qué sigue ahora?

La vida de todos los dominicanos seguirá exactamente igual con esta nueva Constitución, excepto por dos: Miriam Germán y quien sea que la sustituya. La procuradora hizo un compromiso con el presidente de quedarse en el puesto hasta que estuviera listo el nuevo mecanismo para elegir a su sustituto, así que se supone que ahora deberá iniciar ese proceso.

Ahora el procurador se elegirá de la siguiente manera: el presidente propondrá un candidato, y este deberá ser aprobado por el Consejo Nacional de la Magistratura, que es el mismo grupo que elige los jueces de las altas cortes. En el CNM hay jueces y se le da algo de participación a la oposición, o sea que se supone que hay chance para cualquier objeción a la propuesta del presidente.

Guerra avisada

Mientras, por un lado, el presidente celebra la nueva Constitución, por el otro parece haber tomado una decisión que como mínimo está al borde de violar varias leyes. Se trata del nombramiento de Carlos Pimentel como jefe de la Dirección de Alianzas Público-Privadas, mientras se mantiene al mismo tiempo al mando de la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas.

Pimentel trató de calmar las aguas, diciendo que entiende que haya preocupación, pero que estará poniendo a un oficial de cumplimiento para que no haya ninguna mala interpretación sobre posibles conflictos de interés. Además, dejó claro que él está ahí porque la idea del presidente es integrar el funcionamiento de ambas instituciones.

No eres tú, es la ley

Varias organizaciones civiles ya se han quejado de la decisión, y eso incluye a la misma Participación Ciudadana, que es de donde salió Carlos Pimentel. Y esto no es cuestión de oposición o de política, pues el mismo consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, mandó una carta hace varias semanas avisando sobre los conflictos de interés. Fue dirigida a Carlos y no al presidente, pero seguro que lo puso en copia.

¿Qué avisó Antoliano?

Son 3 avisos en uno:

• Dice el artículo 15.5 de la Ley de Alianzas Público-Privadas (47-20) que el director de Contrataciones Públicas tiene voz y voto en el Consejo de Alianzas Públicas Privadas. El director de Alianzas Público-Privadas tiene solo voz ahí, pero no voto. Si una persona está en ambos cargos, puede influir en decisiones que luego ejecutaría, y eso puede no ser objetivo.

• La ley 340-06 dice que Compras y Contrataciones es quien regula los procesos de contratación pública, y eso incluye los que hace la Dirección de Alianzas Público-Privadas. Un director en ambas funciones supervisaría sus propias contrataciones.

• La Ley de Administración Pública (247-12) obliga a separar las funciones de supervisión y ejecución, porque nadie debe ser juez y parte por el bien de la transparencia.

¿Qué pasa ahora?

Está fuerte que mantengan una decisión que va en contra incluso de las recomendaciones del mismo consultor legal del presidente, pero es una posibilidad. La otra es que Carlos renuncie a una de las dos posiciones para que se acabe el chisme. En caso de que tenga que decidir, te damos un dato para ver si adivinas con cuál se quedará: el salario de Compras y Contrataciones es de 285 mil pesos al mes, y el de la Dirección de Alianzas Público-Privadas es de 500 mil. 

Póngale cara

La DGII decidió que a partir de ahora cada empresa deberá tener a alguien que responda y sea responsable por tema de impuestos. Esto es lo que implica:

• El «tributario oficial»: nada de «fulano no está aquí» o «mengano está de vacaciones». Cada empresa necesitará que una persona real sea responsable de sus obligaciones con los impuestos. Y no dizque un primo de Nueva York que no vuelve por aquí; tiene que ser alguien que esté en funciones de administración o que sea socio o dueño.

• Formalizarlo ante la Cámara de Comercio: la elección tiene que constar en un acta de asamblea, que después debe ser registrada en la Cámara de Comercio que le toque. Esto deberá ser cuando se solicite un RNC nuevo, o cuando se vaya a actualizar.

• Si la empresa ya tiene RNC, tiene hasta la próxima asamblea para elegir a su encargado de vérselas con la DGII. Si no lo hace, entonces la DGII se tomará la libertad de elegir a quién le dé su gana. El candidato mejor posicionado a ser elegido es quien tenga la participación mayoritaria en las acciones de la empresa.

La ñapa del lunes 

• Danilo se reeligió como presidente del PLD, y Johnny Pujols será el secretario general.

• Ayer hubo un fuego en Blue Mall, pero no hubo heridos.

• Obras Públicas quitó una valla gigante que decía «Dominicanos con Trump», que puso Karim Abu Naba'a en el puente Juan Bosch.

La cifra del día

35

La cantidad de borrachos que dieron positivo a las pruebas con alcoholímetros que hicieron el viernes en la capital. Pusieron a soplar a 177 conductores, o sea que el promedio de bateo no fue tan malo. Total, lo peor que les puede haber pasado a los que salieron positivo es que los hayan retenido por hasta 4 horas, o que los hayan dejado ir si un familiar o amigo va a buscar al borracho para llevarlo a la casa.