¡Buenos días!
Hoy es miércoles 29 de enero

Enero dura tanto, que a uno se le olvida hasta que es el primer mes del año. Esta semana se activaron varias bombas políticas y económicas. Abinader tiró el tema del ajuste salarial sobre la mesa, y los empresarios están pidiendo tiempo para respirar. El mundo entero en para con Trump porque las redadas están subiendo de nivel, el presupuesto de ayudas se está congelando y los tratamientos trans para menores quedaron fuera del mapa. También hay condiciones nuevas para pertenecer al ejército gringo (adivina qué…). Pero bueno, vamos por parte.

Qué comiencen los juegos del hambre

El presidente Abinader dejó caer en LASemanal del lunes que ya se va a comenzar a discutir un nuevo aumento de salarios en el Comité Nacional de Salarios (CNS). Esa es la mesa de tres patas donde se sientan los patrones (o empresarios), los trabajadores y el gobierno, que sirve como mediador para negociar los salarios. 

El gobierno llegará allá con una propuesta de que el aumento sea de un 20% al salario mínimo no sectorizado. Eso es todo lo que no tenga que ver con construcción, zonas francas, bares y restaurantes o turismo, que tienen sus propios salarios mínimos. Ese 20 % es un punto medio del 5-10 % en el que siempre arrancan los patrones, y el 30 % o más que empiezan pidiendo los trabajadores. Así que es muy probable que el número termine andando por ahí.

Aguanta la lancha

El anuncio de Abinader parece haber agarrado de sorpresa a los empresarios, o al menos a los de la Confederación Patronal de la República Dominicana (Copardom), que es una de las organizaciones empresariales que se sientan en la mesa del CNS. Le pidieron al presidente aguantarse un chin para revisar inflación y productividad, antes que hablar de otro aumento.

Este aumento tiene su propia justificación si vemos que RD tiene uno de los salarios mínimos más bajitos de América Latina, y gran parte de nuestra gente ni siquiera puede cubrir la canasta básica familiar. Pero esto tiene sus efectos a nivel económico. Por un lado, subirlo baja la pobreza y mueve la economía. Por el otro, puede producir inflación, porque los salarios mínimos empujan a todos los otros salarios hacia arriba. Y si hay más dinero en la calle, los precios suben. También hay que hablar del impacto para las micro y pequeñas empresas, que vieron un respiro cuando se habló de quitarles el anticipo con la «modernización fiscal», pero eso ya quedó en el olvido. La presión que les provocarán estos aumentos pueden provocar algo de desempleo también.

Estaba mal, y ahora menos mal

Justo antes de la pandemia, se hizo un ajuste de 14% a los sueldos, y el salario mínimo más alto (el de las grandes empresas) pasó de 15 448 pesos a 17 610. En el 2021, después de que todo se disparó gracias a las medidas del covid, se aumentó un 24.2 % en promedio (para las medianas empresas, el aumento fue de 59%). En el 2023 volvieron con otro de 19 %, y el salario mínimo para grandes empresas llegó a 25 116 pesos en febrero del año pasado. Si vuelven y suben un 20 % ahora, el salario mínimo llegaría a unos 30 mil pesos, es decir que se habría duplicado en cuestión de 5 años y pico.

Más allá de la frontera

Desde que Trump se sentó en la silla, solo se habla de las deportaciones masivas. Que si agarraron a criminales o a indocumentados que andaban trabajando, o que si en Nueva York la gente no está mandando los niños al colegio por miedo a que los agarren camán ahí, son algunos de los temas que se están viendo. 

Pero como las redadas seguirán —ahora con una meta de 1200 deportaciones y 3 ciudades por semana— y todo el mundo está claro de que cada país tiene derecho a hacer lo que le dé su gana con sus políticas migratorias, lo que están pidiendo es que se respeten los derechos y la dignidad de los deportados. Hasta RD lo pidió, pero muy diplomáticamente y sin devolver ningún vuelo.

Eso ya lo sabía

Hay otros efectos de las nuevas políticas de Trump que afectan a mucha gente. Por ejemplo, la pausa de muchos subsidios, préstamos y ayudas federales en temas como programas de educación, salud, asistencias para vivienda y ayuda en casos de desastre.

Trump decidió parar todo eso hasta analizar cuáles merecen quedarse y cuáles no, de acuerdo a su plan de gobierno. Hay quienes dicen que el presidente no puede mandar a retener fondos aprobados por el Congreso atento a él, así que ya un juez bloqueó algunas de las medidas y probablemente todo eso llegue a los altos tribunales eventualmente. Mientras tanto, millones de personas están en el limbo.

Quiero sangre, si no es la mía

Así mismo mandaron a parar programas internacionales que afectan a personas en muchos países, y entre ellos estamos nosotros. Uno de esos programas es el PEPFAR (President’s Emergency Plan for AIDS Relief, que significa algo así como «Plan de Emergencia del Presidente para el alivio del SIDA»), que fue implementado en el 2003 por George W. Bush para ayudar a los países pobres contra el VIH/SIDA. Se estima que esas ayudas han salvado unos 25 millones de vidas.

Pues nosotros recibimos 25 millones de dólares de ese programa el año pasado. De las 70 mil personas que viven con VIH/SIDA en nuestro país, unas 48 mil reciben tratamiento gracias a ese programa, y ahora tocará buscar esa ayuda en otra parte. Medicamentos habrá, porque aunque hay países que usan esos fondos para comprar los antirretrovirales y las otras medicinas, aquí las compra el gobierno. El tema es que más o menos una tercera parte de los centros de asistencia dependen de ese dinero. Además, los gringos ayudan con la logística y el manejo de los pacientes. En definitiva: está bien que EE. UU. no nos parió, pero quitarlo así de repente deja a mucha gente en alto riesgo de complicarse bien rápido.

Si es menor, no

Siguiendo con las medidas de Trump que darán de qué hablar, anoche mismo la Casa Blanca publicó una orden ejecutiva firmada donde se van contra de las intervenciones médicas para menores transgénero, calificándolas como «mutilaciones químicas y quirúrgicas». Esto será un escándalo en la comunidad LGBTQ+ porque cambiaría las reglas del juego en temas de salud y derechos. El gobierno federal no financiará ni apoyará estos procedimientos para personas menores de 19 años.  

La orden menciona que intervenciones como bloqueadores de pubertad, terapias hormonales y cirugías de afirmación de género serán categorizadas como dañinas y carentes de fundamento científico. Incluso, señala a la Asociación Mundial de Profesionales para la Salud Transgénero (WPATH) como un referente con «baja integridad científica».  

Dime las medidas  

Se prohíben explícitamente bloqueadores de pubertad, terapias hormonales y cirugías para menores. El Departamento de Salud debe revisar estudios actuales y proponer nuevas guías.  

El gobierno les quita becas y dinero a las instituciones médicas que realicen estos procedimientos.  La cobertura para estos tratamientos también quedará excluida de programas de salud como TRICARE y otros planes para empleados federales.  

Todo el mundo incluido, porque la orden también se dirige contra los estados «santuario» que apoyan a familias en procesos de transición, sugiriendo que podrían estar facilitando «secuestros parentales» y abusos. Además, se busca coordinar esfuerzos con fiscales generales estatales para reforzar las leyes contra estas prácticas.

¿Y ahora?

Las agencias gubernamentales tienen 60 días para presentar un informe sobre los avances en la implementación de esta orden, que ya está generando intensos debates. Mientras tanto, la comunidad médica, activistas y familias están evaluando el impacto de esta medida que marca un giro drástico en la política de salud transgénero en Estados Unidos.  

Y si es mayor

Se puede, pero Trump no los quiere en el ejército. Firmó otra orden ejecutiva que básicamente le dice «no gracias» a las personas trans en el ejército, y también limitando tratamientos de transición y prohibiendo el uso de pronombres. La excusa: que las fuerzas armadas no pueden adaptarse a «agendas políticas». Pero la movida no quedó sin respuesta: dos grupos legales LGBTQ+ lo llevaron a la corte, diciendo que la medida viola derechos constitucionales y debilita al ejército al dejar fuera a soldados calificados solo por su identidad. La Casa Blanca aún no ha dicho ni pío, pero la batalla legal ya está en marcha.