¡Buenos días!
Hoy es miércoles 29 de octubre

Se les complicó la vuelta a los influencers en China. Desde ahora, si un influencer quiere hablar de salud, economía o derecho, tiene que mostrar su título o licencia profesional. Si no, se queda sin cuenta. El gobierno dice que es para frenar los consejos falsos y las teorías que se inventa la gente sobre cualquier cosa. El problema es que cuando el Estado decide quién puede hablar, también decide quién no. Y ahí la línea entre proteger y censurar se vuelve bien borrosa.

¿Cuál es tu versión?

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, dijo que está dispuesto a revisar parcialmente la famosa indexación salarial. Ese es el ajuste anual que hay que hacerle al salario que no paga impuestos y que no se hace desde el 2017. Ahora el tope está en unos 34 mil pesos mensuales, pero debería andar por los 50 mil… si viviéramos en un país donde las leyes que se cumplen.

Magín dijo que solo se animaría a revisar esa indexación si no pone en riesgo las finanzas del país. Básicamente, si el gobierno no se queda corto de dinero. Según sus cálculos, si se hace completo, el Estado dejaría de cobrar unos 18 200 millones en impuestos al año, y ahora mismo este horno en el que vivimos no aguanta esas galleticas.

Jochy ha resucitado

Jochi Vicente, quien estaba antes en la posición de Magín, se fue más lejos todavía: dijo que aplicar la indexación «no tiene lógica económica». ¿Por qué? Porque dice que ya de por sí, la gran mayoría de los trabajadores formales no paga ISR (el 78 %) y solo uno de cada cinco aporta algo. Además, dice que República Dominicana es de los países con más exenciones y tasas más bajas en la región (que somos flexibles aquí, dice). Jochy cree que el enfoque debería ser fortalecer la recaudación de impuestos, no debilitarla más.

Estado de emergencia

Unos senadores dijeron antes de ayer que estaban abiertos a aprobar un estado de emergencia si el presidente se los pedía, para ayudar a las provincias más afectadas por Melissa. Abinader respondió que eso lo van a evaluar cuando tengan el reporte completo de los daños (que sigue en curso porque el fenómeno no ha terminado del todo). 

En un estado de emergencia el gobierno puede restringir o suspender derechos fundamentales para mantener el orden y evitar un daño mayor. Pero también autoriza a flexibilizar ciertas normativas y procedimientos, especialmente en los procesos de compras y contrataciones públicas para atender con rapidez situaciones críticas. Ahí la cautela con que se debe usar y la razón por la que la oposición criticó la idea de una vez.

Haz un zoom ahí

La Suprema Corte de Justicia (SCJ) busca que ir en persona sea la excepción a la hora de entregar documentos de procesos judiciales, como pruebas, certificaciones y expedientes. Llevaron una propuesta de ley al Senado para que esos trámites sean obligatoriamente en formato digital en todo el país, dejando los presenciales sólo para circunstancias puntuales.

Hasta ahora funciona así en el Distrito Nacional, pero para que sea regla en todo el país, debe hacerse a través de una ley. Sale de la Suprema porque, aparte de ser el tribunal más alto del país, supervisa todo el sistema judicial y se encarga de garantizar que la ley se aplique como se debe. Para eso, crea las reglas y disposiciones en pro de que la justicia funcione mejor.

OK, ¿y?

Digitalizar los trámites ahorra tiempo, simplifica los procesos y le quita a los ciudadanos y abogados ese trajín de tener que trasladarse solo para entregar un papel. El que ha cogido una guagua solo para eso, lo va a agradecer.

Pero además, ayudaría a que los casos se resuelvan más rápido y reduciría la famosa «mora judicial» (el atraso en los procesos), algo que la misma Suprema considera entre sus principales problemas. Y eso, que ya ha mejorado: en julio del año pasado, el presidente de la Suprema dijo que pasaron de tener un 70% de los tribunales en mora (retrasados), a solo un 46%.

¿Qué necesitan para que sea una realidad?

1. Para que los documentos digitales sean válidos, hay que certificar las firmas digitales de los que participen en procesos judiciales. El proyecto le da permiso al Poder Judicial para hacerlo.

2. También piensan formalizar las audiencias virtuales. Se comenzaron a hacerlas así por la pandemia, pero la ley actual dice que es preferible hacerlas presenciales. Hoy en día pueden hacerse virtuales si las partes se ponen de acuerdo, pero si no, la ley obliga a que sea presencial. La idea con la nueva ley es que las partes puedan elegir entre presencial y virtual, y si no, el juez decide cuál formato es mejor para el caso.

3. Quieren usar georreferenciación para evitar pleitos sobre si una notificación judicial (que pueden ser decisiones o requerimientos judiciales y se llaman actos de alguacil) fue entregada correctamente. Eso permitiría comprobar con precisión el lugar y la hora en que se hizo. Que conste: georreferenciación no es un GPS, el concepto puede implicar bases de datos territoriales o hasta imágenes satelitales.

Imagen del día

Así se veía el ojo del huracán Melissa, en un video tomado desde un avión caza huracanes de EE. UU. Eso fue antes de que se convirtiera en el huracán más poderoso de la historia para un momento tan avanzado en el año, y el segundo más poderoso de octubre o noviembre solo por detrás de Wilma (2005). 

La cifra del día

42 millones

La cantidad de personas en EE. UU. que en noviembre se quedarán sin los cupones de comida (o food stamps). El Departamento de Agricultura anunció que 25 estados dejarán de pagar los cupones por el cierre del gobierno, que ya lleva 29 días y es el segundo más largo de la historia de EE. UU. La otra mitad de los 50 estados está demandando al gobierno por la decisión.

El programa SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) le da entre 291 y 973 dólares mensuales a la gente más pobre de EE. UU. para que compren comida. Cuesta más de 100 mil millones de dólares al año y cubre a 1 de cada 7 ciudadanos.