Déjala ir

Hace tres semanas, un hombre mató a su esposa junto a su suegra en El Millón y luego se suicidó. Ellas se llamaban Mayra Martínez Romero, de 65 años, y Doris Romero, de 86 años. Él: Nelson Félix Miranda Hermida. 

Miranda dejó una carta explicando que lo hizo por celos, pero resulta que esa no fue la primera vez. El 24 de diciembre de 1978 mató a la que fue su primera esposa, cumplió 3 años y medio (de una condena de 7) en la cárcel y siguió con su vida. Antes de eso ya cargaba con un historial delictivo importante.

¿Le dieron seguimiento a él en estos 47 años? ¿Es posible que siendo condenado por feminicidio volviera a tener acceso a armas? ¿Qué tipo de alerta o protección podrían haber tenido Mayra y Doris si el sistema hubiera reconocido el historial del agresor?

Por eso, más de 70 legisladoras lanzaron en octubre la reforma “Déjala ir” (Meta 30/30): reducir 30% feminicidios y filicidios para 2030 y erradicarlos para 2035. Es una guía legislativa para enfrentar una de las mayores amenazas a la seguridad: la muerte de mujeres y niños.

Como se necesitan cambios…

Con Mayra, Doris y muchas más en mente, todas las legisladoras —que son más de 70 entre diputadas y senadoras— se unieron a inicios de octubre para proponer una reforma integral con dos metas claras: 

1. Reducir en un 30% los feminicidios y filicidios (cuando el padre o la madre mata a un hijo) para 2030.

2. Erradicarlos para el 2035. 

Se llama «Déjala ir» y resume su objetivo como Meta 30/30 (reducción de 30% para 2030). Es una especie de guía legislativa que indica qué se hará, en qué orden y con qué fin, y llega como respuesta a uno de los mayores retos de la seguridad ciudadana en República Dominicana: la muerte de mujeres y niños víctimas de violencia.

Esto ya no funciona

Hoy en día, el marco jurídico que aplica para combatir los feminicidios son las leyes Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar, Ley 136-03 que crea el Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA), y el nuevo Código Penal (Ley 74-25 de 2025), pero tienen debilidades:

Ley 24-97 sobre Violencia Intrafamiliar

• No reconoce cuando un agresor daña o amenaza a los hijos o a personas cercanas para afectar emocionalmente a la víctima (que es violencia vicaria), y tampoco incluye herramientas para identificar riesgos antes de que ocurra el daño.

• Carece de herramientas tecnológicas que faciliten el monitoreo ni contempla registros unificados de agresores. Eso dificulta hacer seguimiento efectivo y coordinar la acción entre instituciones.

• Castiga después del delito, pero previene poco.

Ley 136-03 que crea Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes 

• Protege derechos, pero no contempla mecanismos rápidos para quitar automáticamente la patria potestad —derechos y responsabilidades legales de los padres sobre sus hijos— en casos de filicidio o feminicidio.

• No incluye programas o seguimiento desde las escuelas para apoyar a las familias en riesgo.

• Carece de guías para identificar cuando el daño se extiende a los hijos o seres cercanos de la víctima.

Ley 74-25, Nuevo Código Penal 

• Reconoce el delito de feminicidio, pero no contempla la violencia vicaria ni detalla acciones para atacar las causas de la violencia antes de que ocurra.

• No se conecta con programas sociales, educativos o municipales que podrían prevenir y atender la violencia de manera integral.

Por qué importa esta reforma

A pesar de las leyes que ya existen y del apoyo que se le da al combate de la problemática, seguimos teniendo una de las tasas más altas de feminicidios de la región, ahora mismo de 1.17 por cada 100,000 habitantes (entre 120 y 150 feminicidios por año). 

De lo que se habla poco es del impacto económico de este tipo de violencia y cómo erradicarlo también ayudaría al país en términos monetarios. El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que la violencia de género puede costar hasta 2% del Producto Interno Bruto (PIB) —todos los bienes y servicios que produce el país en un año— porque la violencia cuesta en salud, gastos judiciales, pérdida de ingresos y disminución del capital humano (menos fuerza laboral). 

Hemos mejorado mucho, pero los organismos internacionales siguen recomendando que hay que trabajar en leyes y políticas que vayan orientadas a la prevención, protección y medidas de apoyo para las víctimas.

Los documentos que sustentan la reforma indican que si se logran reducir los feminicidios en un 30% (como plantea el proyecto para 2030), el ahorro en costos directos relacionados a la violencia de género sería mínimo de 150 mil dólares anuales. El cálculo macroeconómico de la Cepal dice que pueden ser 480 mil.

La iniciativa "Déjala Ir" busca trabajar todo eso con un conjunto de medidas que se complementan para atacar las raíces del problema.

¿Cómo lo piensan hacer?

Para renovar lo que ya no funciona y llenar los huecos que faltan, partieron de 3 ejes: prevención, protección y persecución. Cada eje tiene su lista de proyectos (entre modificaciones de leyes y creación de otras), para 18 en total. Esas iniciativas están repartidas entre las legisladoras, que están encargadas de trabajar con los documentos en sus respectivas cámaras (Cámara de Diputados o Senado). 

Sabemos que leer 18 proyectos de ley es mucho, así que nos propusimos estudiarlos para darte un resumen de lo más relevante de cada uno, y eso requiere detalles. En la segunda parte de este especial, repasaremos cómo piensan lograrlo, te contamos qué leyes cambian y qué es lo nuevo en las propuestas.

Espera mañana la segunda parte.