La reforma Déjala ir tiene 18 iniciativas, 3 ejes —prevención, protección y persecución— y un plan para transformar cómo el Estado responde a la violencia contra mujeres, niñas y niños. Aquí vamos a repasar en detalle cómo más de 70 legisladoras piensan lograrlo, qué leyes cambian y qué es lo nuevo en sus propuestas.

Cambios a las leyes actuales (modificaciones)

Ley 66-97 de Educación 

• Eje: Prevención

• Proponentes: Kimberly Taveras, Elvira Corporán, Margarita Tejeda, Jaqueline Fernández, Ángela Pérez, Tayluma Calderón, María Suárez, Fanny Selines Méndez (Diputadas).

  Las modificaciones se concentran en la protección estatal de la niñez y adolescencia para pasar de un modelo reactivo (en el que el proceso comienza con una denuncia) a uno proactivo (que previene riesgos y coordina respuesta inmediata).

  • Exige incluir formación en igualdad de género, masculinidad positiva — hombres que puedan expresar emociones, resolver conflictos sin violencia y construir relaciones basadas en igualdad y respeto— y prevención de la violencia en el currículo educativo en todos los niveles.

  • Crea el Sistema Nacional de Alerta Temprana y Protección (SINAT-PRO) como mecanismo de coordinación interinstitucional en casos de violencia contra NNA. En ese sistema se articularían de manera obligatoria data y acciones del Ministerio de Educación, el Ministerio de Salud Pública, el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (CONANI) y el Ministerio de la Mujer.

  • Establece la creación de «Nodos Centinela» en escuelas y Unidades de Atención Primaria (UNAP). Son como departamentos en los que trabajadores sociales implementarían un Protocolo Unificado de Identificación de Riesgo (PUIR). Esos trabajadores sociales serían convocados a través del Mescyt con un programa de beca-servicio en trabajo social por 5 años.

  • Establece la movilización de Unidades de Reacción Rápida (URR) cuando surja un caso de violencia, con plazos de intervención obligatoria de 24 a 48 horas en casos de alto riesgo.

Ley 137‑03 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas

• Eje: Persecución

• Proponentes: Ydenia Doñé, Ycelmary Brito, Liz Mieses (Diputadas)

  • Endurece las sanciones contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas, con un aumento de las penas hasta 30 y 40 años de prisión. 

  • Incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Osea, que cualquier empresa, institución o entidad también puede ser juzgado como responsable de esos delitos.

  • Crea un Sistema de Protección y Reparación Integral a las Víctimas, que básicamente asistiría a los perjudicados por esos delitos en todo desde que la rescaten o identifiquen hasta que se reinserte social y laboralmente.

  • Para poder cubrir eso, crea el Fondo Especial de Reparación y Reinserción (FERREVIT). Este sistema se nutriría de los bienes decomisados, las multas por violar esa ley, ayudas y presupuesto del Estado. 

Ley 136-03, que crea el Código para el Sistema de Protección y Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes

• Eje: Protección

• Proponente: Olfanny Méndez (Diputada)

  Los cambios plantean medidas de protección especial para menores, atención psicológica prioritaria y la modernización del régimen de la autoridad parental o patria potestad.

  • Reconoce a los menores expuestos a la violencia intrafamiliar como víctimas con derecho a reparación por los daños, en lugar de solo testigos. 

  • Incluye la obligación de dar atención psicológica inmediata a menores involucrados en casos de violencia de género o intrafamiliar.

  • Para que eso se implemente, crea el Sistema de Alerta y Respuesta Inmediata (SARI) como mecanismo de coordinación interinstitucional obligatorio para NNA expuestos a violencia de género. En ese sistema se llevaría un registro confidencial de NNA expuestos a violencia y un manual de procedimiento. La coordinación entre ambas partes estaría dirigida por delegados especiales. 

  • Establece la terminación automática de la autoridad parental (el derecho legal a tomar decisiones sobre sus hijos o ejercer su custodia) para cualquier progenitor condenado por feminicidio, violencia de género o intrafamiliar agravada.

Ley 88-03

• Eje: Protección

• Proponentes: Monserrat Santana, Tayluma Calderón (Diputadas)

  • Crea el Sistema Nacional de Centros de Empoderamiento y Autonomía para Mujeres Sobrevivientes de Violencia. Los centros son como una evolución del concepto de las casas de acogida, que ofrecerían servicios integrales y apoyo para que logren autonomía socioeconómica. Ese sistema seguiría siendo una dependencia del Ministerio de la Mujer.

  • Para financiar todo eso, crea un Fondo Nacional con asignación presupuestaria fija que se alimentaría de mínimo un 0.10% del PIB anual, lo que se recaude con multas por violencia de género e intrafamiliar y aportes extra.

  • Propone un Subsidio de Autonomía para la Transición, un monto mensual que se le daría a las víctimas para sus gastos personales y de sus dependientes. Además contempla facilidades para que estudien en Infotep. 

Ley 53-07 sobre crímenes y delitos de alta tecnología 

• Eje: Prevención/Persecución

• Proponentes: Ycelmary Brito O’neal y Selinee Méndez

  En resumen, tipifica nuevos delitos y refuerza la protección de NNA en entornos digitales.

  • Propone que la ley pase a llamarse Ley Amelia Gómez en honor a que ella fue una víctima de violencia sexual digital.

  • Tipifica el grooming (cuando un adulto engaña y manipula a un menor a través de internet para abusar de él o ella sexualmente) y la sextorsión (el uso de contenido íntimo de una persona para chantajearla o humillarla).

  • Toma en cuenta que el delito de pornografía infantil implica la producción, distribución, comercialización y almacenamiento de cualquier contenido sexual con menores o que simule ser de menores (CSAM).

  • Establece que los proveedores de servicios digitales (telefónicas que dan acceso a internet, servicios de hospedaje de datos, operadores de redes sociales, mensajería instantánea y chat, entre otros) están obligados a colaborar con las autoridades para prevenir, investigar y sancionar esos delitos.

  • Crea unidades especializadas de investigación: la Sección Especializada en Delitos Sexuales Digitales contra NNA en la Procuraduría Especializada contra Crímenes y Delitos de Alta Tecnología (PEDATEC) y un Equipo Especial de Ciberprotección Infantil en la División de Investigación de Crímenes de Alta Tecnología (DICAT) de la Policía.

  • Estima una inversión anual de 70 a 100 millones de pesos para que las unidades funcionen.

Ley 631-16

• Eje: Persecución

• Proponentes: Carmen Ligia Barceló, Liz Mieses (Diputadas)

  • Crea el Registro Unificado de personas con antecedentes de violencia doméstica, intrafamiliar y de género reincidentes (RUAVID-R), a cargo de la PGR, para la prevención y el seguimiento de agresores, incluyendo el feminicidio. Sería de uso estrictamente regulado, no público. 

  • Propone que se cree un perfil criminológico nacional del agresor, un documento con amplio análisis sobre las características de los agresores, que se pueda usar para investigación, diseño de políticas, entre otras cosas.

  • Restringe el acceso a armas de fuego a cualquier persona inscrita en el RUAVID-R. Eso se sabría con la Constancia de Verificación de Antecedentes de Violencia (COVAV), un documento nuevo que daría la PGR para verificar que no tienes historial de violencia en el registro (como un papel de buena conducta, pero de violencia de género).

  • El costo de implementación se estima en 50 millones de pesos.

Reforma de la cultura institucional de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

• Eje: Persecución

• Proponente: Dilenia de los Santos (Diputada)

  • Establece medidas especiales de selección de personal que incluyen la obligación de evaluaciones psicológicas periódicas.

  • Propone protocolos de denuncia y protección: el retiro preventivo e inmediato de armas a cualquier agente denunciado por violencia y la creación de Departamentos de Denuncias Confidenciales para mujeres dentro de estas instituciones.

  • Crea un Comité Externo de Supervisión (COSCIGE), como modo de supervisión esterna al proceso de reforma.

  • Exige incluir el enfoque de género en la formación militar y policial.

  • Estima una inversión inicial de 25 millones de pesos para contratar personal, formar a los funcionarios y equipar las oficinas.

Proyectos nuevos

Ley Marco Déjala Ir 

• Eje: (Integral)

• Proponentes: Kimberly Taveras, Carolin Mercedes (Diputadas)

  • Establece metas nacionales del 2026 al 2035 para la reducción y erradicación de la violencia de género e intrafamiliar.

  • Crea un Comité Nacional Intersectorial para implementar la estrategia.

  • Reconoce científicamente las causas fundamentales de la violencia de género e intrafamiliar. Quiere decir que toma en cuenta estudios, evidencias y conocimientos científicos sobre los factores que originan y mantienen esta violencia. Ese detalle es importante porque el efecto de ese “reconocimiento científico” es que entiende la violencia como un problema sustentado en desigualdades estructurales, relaciones desiguales de poder entre géneros, factores psicológicos, sociales y económicos. Por tanto, como un tema de salud pública, social, cultural y de derechos humanos (no reducido a hechos aislados).

  • Conecta las acciones de todos los proyectos dentro de un sistema que llamaron Sistema Nacional de Predicción, Protección y Prevención (SINAPREP).

Proyecto de ley orgánica del sistema nacional para la tutela efectiva, monitoreo telemático y respuesta táctica ante la violencia de género, familiar e intrafamiliar

• Eje: Persecución

• Proponente: Leyvi Bautista (Diputada)

  • Dispone que los agresores considerados de alto o extremo riesgo deberán usar Dispositivos de Monitoreo Telemático (DMT), como brazaletes electrónicos, para supervisar sus movimientos y garantizar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento. Las víctimas tendrían un dispositivo de alerta que les notificaría si el agresor está cerca.

  • Crea un Centro Nacional de Monitoreo y Comando (CNMC) adscrito a la PGR para hacer todo eso, que funcionaría 24/7. 

  • Crea un Protocolo de Reacción Táctica para actuar en casos que necesiten intervención. 

Ley orgánica que crea el Sistema Nacional de Protección Integral a Menores (SNPIVEF) para víctimas de violencia y coerción reproductiva

• Eje: Protección

• Proponente: Margarita Tejeda (Diputada)

  • Crea el Sistema Nacional de Protección Integral frente a la Violencia Sexual, Embarazo Forzado y Coerción Reproductiva (SNPIVEF). Este programa estaría dentro del Sistema Nacional de Protección de Niñez y Adolescencia (Ley 136-03) y sería específicamente para el tema de violencia sexual y reproductiva. Lo coordinaría Conani.

  • Implementaría un sistema único de registro que conecte las bases de datos de salud, educación, policía y justicia para dar seguimiento a los casos de violencia sexual y embarazos de menores.

  • Define un protocolo claro de atención para niñas y adolescentes, que coordina la atención médica, apoyo psicológico, protección legal y garantía para continuar su educación.

  • Manda a crear Fiscalías Especializadas en Niñez y en Violencia de Género para manejar expedientes de esos delitos.

  • Propone que el aborto no se penalice en casos de embarazo de menores por violación o incesto (la menor tendría que expresar su deseo de interrumpir el embarazo). Tampoco cuando la vida o la salud integral de la menor corra grave peligro si el embarazo continúa. 

  • Establece como aborto indirecto no punible —no castigable— cuando la pérdida del embarazo es inevitable como resultado de un procedimiento médico necesario para salvar la vida o la salud de la mujer.

Proyecto de ley orgánica del Sistema Nacional Integral para la Igualdad de Género (SINI-IGE) y de creación del Organo Nacional de Fiscalización y Sanción (ONFIS)

• Eje: Prevención

• Proponente: Selinee Méndez (Diputada)

  • Crea el SINI-IGE para garantizar la igualdad y prevenir el acoso y la discriminación por género en los ámbitos laboral y educativo. Ese sistema se concentraría en articular instituciones, políticas y mecanismos para atacar las dos problemáticas. Tendría hasta un observatorio para investigar el tema.

  • Crea la oficina que lo implementaría: el ONFIS, que sería responsable de poner en marcha el sistema, investigar casos y aplicar sanciones administrativas. Osea, tendría la facultad de penalizar a personas o instituciones que incurran en discriminación o acoso laboral por razones de género.

Proyecto de ley que crea la jurisdicción especializada en violencia de género y fortalece la selección judicial con perspectiva de género

• Eje: Persecución

• Proponentes: Jacqueline Fernández, Ángela Pérez, Grey Pérez, Indhira Shary de Jesús de Morla (Diputadas)

  • Cambia un artículo de la Ley del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) para que exija la incorporación obligatoria de la perspectiva de género en la selección y formación de jueces.

  • Establece la creación de Tribunales de Primera Instancia Especializados en Violencia de Género, exclusivamente para casos de violencia contra la mujer. Eso no es para de una vez, se haría un proceso de implementación a 5 años.

  • Sugiere adaptar un artículo del Código Procesal Penal que habla sobre «valoración de la prueba», que establece cómo los jueces deben valorar las pruebas que les presentan. El cambio es para que se incluya la perspectiva de género, y que se tome en cuenta el testimonio de la víctima, cuando sea «coherente, persistente y esté corroborado por elementos periféricos».

Proyecto de ley orgánica integral para el empoderamiento económico y desarrollo productivo de las mujeres víctimas de violencia

• Eje: Prevención/Protección

• Proponente: Brenda Ogando (Diputada)

  • Crea el Programa Nacional de Empoderamiento Económico para Mujeres Víctimas de Violencia (PNPEMV). Incluye subprogramas de inserción laboral preferencial, capacitación técnica profesional con el INFOTEP y acceso prioritario a microfinanzas (para que las mujeres puedan acceder a microcréditos y productos financieros que les permitan independencia económica). Lo coordinaría el Ministerio de la Mujer.

Proyecto de ley orgánica para la prevención de la violencia intrafamiliar asociada a adicciones y la rehabilitación integral de agresores.

• Eje: Prevención / Persecución

• Proponente: Darwellys D’ Aza (Diputada)

  • Crea Programas de Responsabilización de Agresores (PRA). Son programas de distintos módulos obligatorios que tendrían que hacer los condenados por violencia asociada a adicciones para asegurar su reeducación. Durarían de 6 meses a 2 años.

  • Crea Centros Duales de Tratamiento especializados en adicciones y violencia. En estos centros se atendería a personas con problemas de adicción que hayan ejercido violencia o presenten alto riesgo de ejercerla. La iniciativa incolucra al Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de la Mujer y la Procuraduría.

  • En total, el costo piloto y el proceso de escala a 3 años rondaría RD$ 500 millones (aproximadamente 9 millones de dólares al cambio actual), sin los ajustes que se pueden hacen en el interín.

Proyectos que no pudimos estudiar

• Modificación a la Ley 33-18: Violencia Política de Género

  • Eje: Prevención

  • Proponente: Soraya Suárez (Diputada)

• Modificación a la Ley 176‑07: Unidades Municipales de Atención a Víctimas

  • Eje: Protección/Persecución

  • Proponente: María Ortiz (Senadora)

• Sistema Nacional de Cuidados (prioridad a víctimas; empleo y profesionalización)

  • Eje: Prevención/Protección

  • Proponente: Aracelys Villanueva (Senadora)

• Subsidio “Madre S‑F” para madres solas en la zona fronteriza

  • Eje: Protección / Prevención

  • Proponente: Daritza Zapata Díaz (Diputada)

Qué sigue 

Estos proyectos acaban de comenzar su recorrido en el Congreso Nacional. Ahora comienza el proceso de estudio que implica análisis, debates y aprobación de los 18 documentos. La idea inicial era que se estudiaran comisiones bicamerales para agilizar y que no tuvieran que pasar tanto de una cámara a otra, pero al final no fue así.

El reto en ese tránsito va a ser mantener la unidad política que prometieron los diputados y senadores (comenzando por sus presidentes) y enfrentar la resistencia cultural y burocrática que pueda surgir. Eso sin mencionar la parte técnica de cada proyecto, porque para poner todo en marcha hay que destinar presupuesto, y carecer de fondos puede retrasar la implementación.

Según establecen los proyectos, el financiamiento de los costos de implementación de estas leyes sería en su mayoría con partidas del Presupuesto Anual del Estado. Es decir, depende de que el gobierno asigne fondos para eso. En una mínima parte, el dinero saldría de la recaudación por multas de delitos relacionados o por cooperación internacional.

De las iniciativas que pudimos revisar, solo 4 detallan un estimado de lo que se necesitaría para que sean una realidad y suman 675 millones de pesos (al menos como inversión inicial). Las demás establecen un presupuesto basado en la asignación de un porcentaje fijo, pero no citan un monto específico de costo de implementación.