¡Buenos días!
Hoy es martes 19 de mayo

Carl Jung tenía 83 años cuando le preguntaron qué era lo peor que le podía pasar al ser humano. No dijo la muerte. No dijo la guerra. Dijo la insignificancia. No se refería a fama ni a legado, sino a la necesidad que tiene el ser humano de sentir que su existencia es importante. Que ocupa un lugar en el mundo que no podría ocupar cualquier otro. Jung creía que el sufrimiento con sentido es tolerable —hasta necesario— pero el vacío sin sentido es lo que realmente rompe a la gente. 

La Romana, en el centro

Un joven de 24 años murió en un «centro de rehabilitación» de La Romana, hace un par de semanas. El centro se llama Fundación Evangélica «Ejército de Dios: Rescatando al Caído» y lo dirige un pastor. El centro dice que se suicidó, pero la familia no está convencida. 

Este caso prendió un debate sobre estos centros no autorizados por Salud Pública, a los que los llamados «rescatadores» llevan a los adictos. Y en el fin de semana, se metió Nuria.

Pero antes, ¿quiénes son los rescatadores?

Son personas que se dedican a recorrer los barrios buscando gente con problemas serios de drogas. Entran a las casas con autorización de los familiares, y sacan a los adictos para llevarlos a estos centros de rehabilitación, muchas veces a la fuerza.

Dos nombres se mencionan mucho en este tema: Leonardo Mercedes Martínez, que en redes es conocido como «Africano con mi barrio»; y Juan Carlos Martínez Guerrero, famoso como «El Rescatador». Los videos sobre su labor andan virales todo el tiempo, pero lo que les están cuestionando ahora son los métodos.

¿Qué encontró Nuria?

El título del programa fue «Rescatadores: ¿El infierno detrás de la Rehabilitación?», así que ya te imaginarás por dónde va el asunto.

Ahí salieron personas que habían estado en los centros diciendo que dormían en el piso sin sábanas, que hacían sus deberes biológicos en fundas y cubos, que les daban una sola comida al día, y al menos en un caso, en un centro de Puerto Plata, hasta los encadenaban. Obviamente, una de las cosas que ella iba a buscar eran las habilitaciones, y Nuria encontró que en ninguno había especialistas ni trabajadores sociales. La terapia, según los testimonios, era fajarse a orar ahí, presos.

También habló con la mamá de Kelvin, el joven que murió hace unas semanas, y ella dijo que pagó 70 mil pesos para que él entrara y después 20 mil pesos mensuales por un centro que ofrecía psicólogo, psiquiatra y sus 3 comidas. Pero cuando fue a visitarlo, encontró que no había médicos, ni medicinas ni charlas, y que él tenía que compartir un baño con 80 personas. 

¿Esto es ilegal?

Sí, por varias cosas. Primero, trancar a alguien en un lugar a la fuerza es «encierro ilegal», que se castiga con entre 2 y 10 años, dependiendo del tiempo que dure la persona trancada. Aparte de eso, cualquier centro de rehabilitación necesita una habilitación de Salud Pública. El director de Hogares Crea, una institución que lleva décadas en eso, dijo que esto es «una moda sin criterio científico».

Pero entonces están quienes dicen que estos centros, aunque ilegales, hacen una labor en los barrios para gente que de otra manera no tendría acceso a procesos de rehabilitación como manda la ley. Y que ese vacío quien lo deja abierto es el Estado.

¿Y no dizque no iba?

Una recua de motoconchistas se tiraron a la calle en Santiago a protestar. Habían anunciado la semana pasada que no iban a aceptar que se les pidiera casco para el pasajero además del chofer, pero después salió Milton Morrison en video junto a varios de ellos a decir que nadie les estaba pidiendo eso y que ellos estaban más tranquilos y no iban a salir a protestar.

Se guayó, porque salieron como quiera. Pero en defensa de Milton, no solo fue por el «doble casco», sino porque dizque los han dejado fuera en los subsidios al combustible que les han dado a otros transportistas, y porque les subieron el precio de la licencia categoría 1 (motores) de 900 a 2500 pesos. Dicen que van a exportar las protestas a otras ciudades del Cibao.

¿Va el doble casco o no?

Milton dijo que no, que están en «fase educativa» y no han anunciado fecha para empezar a fiscalizar, pero ahí está la Normativa Técnica 001-2025 del INTRANT, que establece que los pasajeros de motoconchos también debían usar casco obligado (y no cualquier caso, sino uno «homologado» que cumpla con unos estándares). 

Esa normativa se aprobó en octubre del 2025 y se supone que entró en vigencia el 29 de abril. Los motoconchistas creían que era ayer 18 de mayo, una fecha que no está en la resolución, era que iban a empezar a fiscalizar «con fuerza». Al final, ni en abril ni en mayo.

Una cosa es la calle

Y otra lo que se diga en papel, y también en el Encuentro Iberoamericano de Datos y Seguridad Vial del OISEVI ––Observatorio Iberoamericano de Seguridad Vial–– una red de unos 13 países de América más España que se unen a compartir y analizar las estadísticas de  accidentes de tránsito y crean estrategias para reducirlos. Eso empieza mañana en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Como la sede es RD, quizás de ahí salen propuestas para ver cómo van a manejar el tema de los motores aquí, donde 7 de cada 10 muertes por accidentes son de motoristas. Y si el problema es que fiscalizarlos es difícil porque son demasiados, eso no tendrá solución, porque ya son el 58% de todos los vehículos registrados en el país (casi 4 millones). Entre enero y abril de este año entraron al país otros 100 mil y pico (un 32% más que el año pasado).

O quizás se pueda empezar por aplicar las reglas que se aprueban, en la fecha anunciada.

Imagen del día

Este sapito, que cabe en la palma de la mano, fue suficiente para que en 2022 se parara un proyecto de energía geotérmica (generaría energía a partir de aguas termales) en Nevada, EE. UU., que le daría luz a 44 mil hogares.

Fue incluido en la lista federal de especies en peligro de extinción, y eso sirvió de base para una demanda que frenó el proyecto bajo la Ley de Política Ambiental. Lo grande es que la energía geotérmica se considera limpia, porque es renovable y no genera dióxido de carbono.

La cifra del día

60 millones de euros

Lo que tendrá que devolverle España a Shakira, por orden de la Audiencia Nacional (el segundo tribunal más poderoso después del Supremo). Anularon la multa que le había puesto la Agencia Tributaria (es como la DGII de allá) por supuestamente no haber pagado impuestos en el 2011. El tribunal dijo que Hacienda nunca pudo probar que ella vivió allá más de 183 días, que es el mínimo anual para considerarse una «residente fiscal».

Hay que aclarar que este no es el mismo lío que Shakira cerró en 2024, cuando sí admitió haber dejado de pagar 14.5 millones en impuestos entre 2012 y 2014 y pagó una multa para no ir a la cárcel.