¿De todos o de nadie?

Las playas y costas nacionales pertenecen al dominio público y son de libre acceso. Eso dice la Constitución, pero unas denuncias de los últimos días han vuelto a traer a discusión el tema de que en algunos lugares del país los dueños de propiedades costeras impiden que la gente use la playa.

Si piensas volver

El primero en denunciar fue Mariano Lantigua, del grupo Aljadaqui, quien salió en un video quejándose de que el personal de seguridad de un hotel de Juan Dolio no lo dejó poner sillas y una sombrilla en la playa porque ese tramo le “pertenecía” al complejo. Este tema es viejo, específicamente en Juan Dolio, pero los comentarios del video se llenaron de gente diciendo que les había pasado lo mismo en otros lugares.

Luego vimos a Sergio Carlo diciendo que el personal de Dreams Macao Punta Cana vive restringiendo el uso de un pedazo de la playa, pidiéndoles a los visitantes quitar todas sus cosas del medio cuando hay actividades privadas (bodas, sesiones de fotos, etc.). Sergio depositó una denuncia formal en el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Pregúntale a David

David Collado reaccionó a la discusión. Dijo que lo que pasó es inaceptable y que lo avergüenza, porque las playas son del pueblo y de la gente. Que eso no quita que el acceso y el uso sea con orden, organización y respeto a la propiedad privada. Anunció además una mesa de trabajo con Medio Ambiente, Interior y Policía y la Procuraduría, para que todo el mundo esté claro de cómo se debe manejar el tema.

Aprovechando la discusión, los surfistas de Playa Encuentro le pidieron al ministro que le ponga atención a que esas mismas exigencias se apliquen allá. Ellos han tenido pleitos legales fuertes con gente que ha comprado propiedades en la zona, y se viven quejando de la entrada descontrolada de jeepetas, buggies y 4 wheels a la playa.

¿Qué dice la ley?

Hay que arrancar con la Constitución, que en su artículo 15 dice que ríos, lagunas, lagos y playas son de dominio público y de libre acceso, respetando siempre la propiedad privada. También dice que la ley deberá regular ese acceso, y ahí es que entra ––parcialmente–– la Ley 305-68 (la “ley de los 60 metros”). 

Esa ley es de 1968 y fija en 60 metros la franja de playa pública desde la “pleamar” (una línea en la arena que representa hasta dónde llega el mar en su punto más alto en condiciones normales). La Ley de Medio Ambiente (64-00) reafirma que esa franja es inalienable, imprescriptible e inembargable. Traducción: nadie es dueño de los primeros 60 metros de playa, aunque su hotel o casa esté justo enfrente.

Para completar, una sentencia del 2023 del Tribunal Constitucional (TC/0751/23) ratificó ese libre acceso público al mandar a quitar unos obstáculos que impedían entrar a la Playa Las Canas, en El Limón, Samaná. Ahí mandaba a Medio Ambiente, Turismo y la Junta Distrital de la Zona a meter mano para garantizar ese derecho constitucional. Y no era la primera sentencia al respecto.

Los chivos locos

Con tanta ley, ¿por qué sigue pasando? El problema es que la Constitución dice que la ley no solo debe regular la distancia, sino las ‘servidumbres’. Eso se refiere a la dinámica o el mecanismo que tiene que ver con cruzar terrenos privados para llegar hasta la franja pública. Y ahí, todas las leyes que tenemos hasta ahora se quedan cortas.

Varias versiones de un proyecto de Ley de Costas y Playas se han presentado en el Congreso en los últimos años, pero ninguna ha caminado.

Nadie agarró la sartén por el mango

El mango dominicano lleva casi un mes sin poder entrar a EE. UU., el mercado más importante que tiene. 

En julio, el USDA-APHIS (servicio de inspección de plantas y animales) suspendió la importación de mango desde RD porque el programa de vigilancia que teníamos contra la mosca de la fruta no era confiable. Las pérdidas de los productores se estiman en al menos 20 de millones de dólares.

No fue sorpresa

El Ministerio de Agricultura reconoció que desde 2023 la APHIS ya estaba avisando de debilidades en los protocolos y pidiendo corregirlas. Y también los mismos productores les venían avisando de las fallas a los técnicos de sanidad vegetal, pero dizque nadie les hizo caso.

Pero es que…

No solo nadie se ocupó de que se hicieran los ajustes necesarios, sino que se estaba dando información que no era. Según un reporte de El Nacional, por meses se enviaron a EE. UU. reportes que decían “cero capturas” de moscas de la fruta, pero cuando los gringos llegaron a revisar las trampas en el terreno, estaban timbí de moscas.

La auditoría de APHIS, hecha entre el 26 de abril y el 5 de junio, encontró que el 71% de las plantaciones tenían fallas, que quienes manejaban las trampas eran trabajadores de campo y no técnicos formados. También reportan casos de trabajadores que maquillaban las trampas justo antes de que llegaran los supervisores, para que pareciera que todo estaba OK.

Sensación agridulce

La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA), habla de más de 2,100 productores afectados en el país y 150,000 tareas sembradas, en una industria que en 2025 exportó unos 35 millones de kilos y movió más de 50 millones de dólares. Su presidente, Tito Hernández, le achacó la crisis directamente a la “incapacidad” del Ministerio de Agricultura.

Pero dentro de lo malo, lo menos malo es que cuando anunciaron la suspensión ya se había exportado entre el 85% y el 90% de la variedad cáscara amarilla de la cosecha de este año. Eso quiere decir que el impacto inmediato es menor de lo que pudo haber sido, y que hay tiempo de hacer ajustes. Además, el mercado europeo sigue funcionando normal.

El Ministerio de Agricultura ya anunció algunas medidas. Pondrán un nuevo coordinador para el programa de monitoreo, revisarán el 100% de las trampas del país y endurecerán los controles. Los agropecuarios lo ven bien, pero proponen aprovechar el momento para impulsar la agroindustrialización del mango —jugos, pulpas, mermeladas— para no depender tanto de un solo mercado.

Imagen del día

Así saltó de su jaula Umit, una tigresa Amur que llegó desde Rusia para ser liberada en Kazajistán, y se convirtió en el primer tigre en pisar ese país en más de 70 años. 

Esto es parte de un plan del gobierno para que regrese el tigre del Caspio, que por la caza y pérdida de su hábitat quedó extinto en el siglo pasado. Como ya no hay de esos usarán el de Amur, su pariente genético más cercano. 

Si a Umit le va bien y se adapta, llevarán otras tres. En algún momento tendrán que llevar machos también, porque ¿verdad?

La cifra del día

1122

Las licencias de construcción que dio el Ministerio de Vivienda, Hábitat y Edificaciones en los primeros 7 meses del año. Eso es casi el doble que en el mismo período del año pasado, y es en gran parte la razón por la que el sector ha vuelto a crecer después de un par de años de capa caída. La construcción representa una tajada importante en la economía y tiene muchos efectos directos e indirectos.