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Vamos a darnos tiempo

El senador Rafael Barón Duluc, “Cholitín” (PRM, La Altagracia), depositó un proyecto de ley que busca que ninguna empresa pueda ser perseguida ni sancionada penalmente por 2 años más. 

La responsabilidad penal de personas jurídicas (compañías, cooperativas, oenegés) entra en vigencia el 5 de noviembre, justo tres meses después del nuevo Código Penal.

Con cuchara

Es la primera vez que aquí habrá un régimen general de responsabilidad penal para empresas. Cuando modificaron el Código días antes de que entrara en vigencia, le dieron tres meses más a los artículos que tienen que ver con eso.

En términos generales, la ley dice que la empresa responde por el delito de un directivo, representante o empleado, si es cometido en su nombre y la empresa falló en dirigir, supervisar y controlar. Puede ser responsable incluso cuando no se identifica quién cometió el delito (si solo alguien de arriba podía cometerlo).

Los castigos van desde multas cuantiosas hasta el cierre de locales, cancelación de licencias o incluso un cierre definitivo de la empresa.

¿No hay salida?

La empresa no es responsable si prueba que tenía un programa de cumplimiento y que alguien lo violó con movidas ilegales imposibles de detectar. Ese programa debe tener un código de conducta, un mapa de riesgos penales, un organismo interno con poderes independientes y un canal de denuncias anónimas. Entre otras cosas.

El argumento de Cholitín

El senador dice que mapear riesgos, definir quién supervisa a quién y capacitar el personal toma mucho más de tres meses. Para una empresa familiar, una cooperativa o una clínica, más complicado todavía.

También dice que la Procuraduría, el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes y otras instituciones necesitan prepararse bien o entrenar y capacitar al personal.

¿Alguna duda?

En un artículo publicado en El Brifin, el abogado Francisco Álvarez Martínez plantea varias dudas sobre la aplicación de la ley.

La primera es cuándo responde una empresa. La ley dice que responde por empleados y directivos si falló, pero no dice, según Francisco, “qué gravedad debe tener el defecto organizativo” (la falla). Por eso, “una actuación aislada o una falla formal podrían bastar para comprometer a la entidad”.

Otra es sobre el proceso. El Código Procesal Penal es el que dice cómo se investiga y se juzga un delito, pero según Francisco, “sigue pensado para una persona física”. Por ejemplo, la ley no define cómo se cita a una empresa ni quién la representa si su administrador también está siendo investigado.

Puedes leer el artículo de opinión de Francisco Alvarez Martínez dándole aquí.

¿Y ahora?

El proyecto de Cholitín tendría que pasar por el Congreso y el presidente para hacerse realidad. Mientras tanto, esto entrará en vigencia en poco más de un mes.

En resumen: si tienes una empresa, hace rato deberías tener a tus abogados trabajando en esta preparación.

Puedes profundizar más sobre todo lo que implica esto y lo que tienen que hacer las empresas en nuestra página web.

Quítate del medio

Si le vendes al Estado comida, uniformes o útiles para sus programas sociales, ahora tienes que ser el que los fabrica. No quien los revende.

Eso dice el decreto 672-26. Obliga a 18 instituciones a comprar lo de sus programas sociales exclusivamente a micro, pequeñas y medianas “industrias”. Es decir, a empresas pequeñas que producen, no a cualquier mipyme. Entre esas instituciones están Educación, el Inabie, Supérate, el Servicio Nacional de Salud, la Policía y Defensa. Aplica solo a lo que compran para esos programas. Ya sea alimentación, uniformes, útiles, productos de higiene y similares. Lo demás sigue igual.

Enséñame tus papeles

Para entrar, la empresa necesita dos cosas:

• El Registro Industrial de Proindustria.

• La certificación Mipymes (o Mipymes Mujer) del Ministerio de Industria y Comercio.

¿Y el que compra al por mayor y revende? Babai Charlie. Solo entra si el fabricante lo autoriza por escrito "de forma directa, previa y reciente".

La idea no es nueva. La Ley 47-25 de Contrataciones Públicas ya daba esta preferencia a los fabricantes pequeños, y su reglamento dejó pendiente que un decreto dijera qué instituciones estaban obligadas a cumplirla. Este es ese decreto.

Si nadie lo fabrica

La exclusividad aplica solo si hay productores locales capaces de cumplir con la cantidad y la calidad que se piden. Si no hay ninguno registrado, la institución hace un llamado público. Si nadie se presenta, declara el proceso desierto y puede cambiar las condiciones de la compra.

Para que las instituciones sepan a quién tocarle la puerta, Industria y Comercio tiene cuatro meses para hacer un inventario de lo que produce cada mipyme industrial registrada como proveedora del Estado. Esta vez, producto por producto. (Ya verás por qué eso importa.)

¿Esto no es viejo?

En enero de 2022 salió el decreto 31-22. Mismo "exclusivamente", mismos requisitos, mismos cuatro meses.

Año y medio después, Industria y Comercio revisó cómo le había ido. Y el resultado fue que de los 27 procesos de compra en total que abrieron las instituciones, solo 14 se adjudicaron, 9 quedaron desiertos y 4 seguían en trámite. Y eso, que de las 19 instituciones de aquella lista, siete no abrieron ni uno.

El mismo informe encontró un problema de fondo. Cuando una fábrica hacía varios productos del mismo tipo, el registro de Proindustria solo anotaba la actividad general. Era como poner "fábrica de alimentos" sin decir si hace pan o jugo. La institución que buscaba suplidor no tenía cómo saber quién hacía lo que ella necesitaba. Por eso el decreto nuevo exige registrar cada producto.

El Inabie estaba entre los siete

Una de las siete instituciones que no usaron el decreto de 2022 fue el Inabie. El mismo Inabie que, como ya sabes, ha estado en el ojo de la tormenta por contratar cocinas y suplidores con serias dudas sobre su experiencia y capacidad.

Habrá que ver si esta vez lo aplica. Porque si la regla se cumple, lo que ha estado pasando en el Inabie es justamente lo que se supone que no debería pasar.

Imagen del día

Llegó el “perrobot” que el 9-1-1 le compró a Boston Dynamics. Su trabajo es entrar a edificios derrumbados o zonas peligrosas antes de que lleguen los rescatistas o el personal de emergencia. Tiene herramientas para identificar materiales peligrosos y hasta drogas como el fentanilo. 

El gobierno también presentó drones y más de 7 mil cámaras con IA para el 9-1-1.

La cifra del día

116

Los presuntos delincuentes que se entregaron a la Policía entre el 17 de agosto y el 25 de septiembre, según la misma PN. Y en los últimos días es que han arreciado las entregas. Dirán ellos que cualquier número es mejor que el 29.