Todo es hasta un día

El pleno de la Junta Central Electoral suspendió el artículo que intentó callar a las encuestadoras. Desde ya las encuestadoras pueden volver a publicar sus números libremente sin que la Junta les mande una notificación. Eso sí, dicen que es una suspensión “provisional” hasta que el Tribunal Constitucional decida.

¿De qué prohibición hablamos?

En mayo pasado, la Junta aprobó un reglamento cuyo artículo 13 prohibía publicar encuestas electorales hasta el 4 de julio del 2027, cuando arranca oficialmente la precampaña rumbo a las elecciones del 2028. El detalle es que la Ley Electoral (la 20-23) solo prohíbe las encuestas los 8 días antes de la votación. La Junta pasó de una veda de 8 días a una de más de un año. Uno no quisiera pensar que a alguien le convenía tener a la gente desinformada por un buen rato, pero la matemática es la matemática.

Los que siguieron tirando encuestas igual

Algunos se declararon en rebeldía a la clara. Dany Alcántara (ACD Media) se le fue de frente a la Junta y siguió publicando igualito. La Junta le abrió expediente y le dio 10 días para defenderse. Un par de semanas después hizo lo mismo con el Centro Económico del Cibao, que publicó la suya el 6 de agosto. Se les pasaron los 10 días a los dos y no sancionaron a nadie.

El caso que anda dando vueltas por los tribunales

Apenas salió el reglamento, Justicia sin Fronteras lo impugnó ante el Tribunal Superior Electoral (TSE), alegando que violaba la libertad de expresión y de información. El TSE dijo "esto no me toca" y le pasó la papa caliente al Tribunal Constitucional. La Junta ahora suspende el reglamento "hasta que el Constitucional decida", pero según un artículo de Listín Diario, la Junta dice que al Constitucional todavía no le ha entrado el recurso.

Habrá que ver qué pasó con la solicitud de suspensión que dijo Justicia sin Fronteras haber depositado el 7 de agosto. O sea, en la Junta están entonces esperando por la sentencia de un tribunal que, por lo que ellos mismos dicen, ni siquiera tiene el caso en las manos.

No fue por unanimidad

La suspensión pasó 3 a 2. Los dos que votaron en contra —Hirayda Fernández Guzmán y Rafael Vallejo Santelises— no defienden que haya una prohibición. Ellos se van a la forma, porque dicen que la Junta no puede tumbar su propio reglamento con una simple resolución administrativa, porque una norma así tiene presunción de legalidad y deshacerla por esa vía afecta la seguridad jurídica. Para ellos, si la Junta quería echar atrás el artículo, tenía que hacerlo por el mismo procedimiento con que lo aprobó, o dejar que fuera el propio Constitucional el que diera la orden.

Mientras tanto

Las encuestadoras pueden seguir tirando sus reportes hasta que alguien vuelva a decir lo contrario. Porque, como todo en esta historia, esto también es hasta un día.

Una amable invitación a salir

La relación entre el gobierno y la prensa se agrió un poco esta semana. Especialmente después de una columna de Marien Aristy Capitán, jefa de redacción del periódico Hoy, donde se quejaba de que la Presidencia le había cerrado las puertas a los periodistas a dos actividades en menos de 48 horas. Una fue a “LA Agenda Semanal”, la nueva reunión televisada (o más bien stremeada) entre Abinader y sus funcionarios; y la otra fue el Foro de Inversión y Nearshoring del Banco Promérica.

El artículo se llamó “La reticencia de Abinader ante la prensa”.

Defensa uno

El vocero de la Presidencia, Félix Reyna, salió de una vez a decir que las reuniones con la prensa seguirán y que no hay presidente “más abierto y cercano” a los periodistas que Abinader.

Pero el viernes, un grupo de periodistas acreditados estaba en el Palacio esperando para cubrir la reunión del Consejo Nacional de la Magistratura ––el grupo que va a elegir varios jueces de la Suprema Corte–– cuando supuestamente vinieron agentes de seguridad y le pidieron que recogieran y se fueran. Los acompañaron a la salida y les dijeron que no tenían que quedarse ahí, porque tampoco podrían cubrir las declaraciones después de la reunión.

Defensa dos

Después de eso, volvió Presidencia a defenderse. En ese caso fue el director de Prensa, Carlos Alberto Caminero, quien salió a aclarar que la prensa acreditada tiene acceso libre a las actividades presidenciales y que nadie dio la orden de sacar a nadie. Fue un malentendido, según él, porque los agentes solo acompañaron a los periodistas a moverse de un lado al otro, y algunos entendieron mal. “Una lamentable confusión” fue lo que hubo, según el Palacio.

Ahí quedó eso. Los periodistas dicen que lo sacaron, y Presidencia dice que no. Mientras tanto, la queja de Marien cogió más tracción que lo que parecía al principio.

El blanco era el negro

Ocho meses después de haber quitado a Maduro del medio, Trump y Delcy Rodríguez anunciaron lo que Trump llamó “el mayor acuerdo petrolero de la historia” con Venezuela. Un palo para los gringos, porque Venezuela les dará el control del 20% de sus reservas totales.

¿Y qué tan grande es?

EE. UU. tendrá el control mayoritario (55%) de una empresa conjunta entre venezolanos y petroleras gringas. Le da el derecho de explotación de 17 campos, con una inversión proyectada de más de 100 mil millones de dólares y, según Delcy, 209 mil millones de dólares para Venezuela en impuestos proyectados. 

EE. UU. se asegura 65 mil millones de barriles, que es su consumo de unos 10 años al ritmo actual y mucho más que las reservas totales que tienen en la actualidad (46 mil millones). Por eso Trump dijo que “duplicaron” sus reservas, y “sin costo alguno para el contribuyente”. 

¿Todos contentos?

Depende de a quién le preguntes. Pero todavía no se sabe gran cosa sobre qué implicará ese “control mayoritario” de EE. UU. y qué tanto beneficiará a Venezuela. Además, hay muchos cuestionamientos sobre si esto viola la Constitución venezolana, que dice que el Estado no puede ceder el control sobre la actividad petrolera. Para completar, los reportes iniciales hablaban de un acuerdo de 100 años y Delcy dijo que eran 25.

¿Bajarán los precios?

Esta es la clave de todo: esto no tiene un impacto inmediato. Ahora mismo la industria petrolera venezolana está fea para la foto, y lo que produce por día actualmente no es ni un 10% del consumo diario de EE. UU. Eso es tan así que las grandes petroleras ni siquiera han querido comprometerse a invertir porque en Venezuela no hay seguridad jurídica.

Ahora bien, a largo plazo la historia es otra; EE. UU. se asegura un suministro de varios años (si se hacen las inversiones). De paso esto es un golpe para China, que en los últimos años fue el principal comprador del petróleo venezolano.

Está por verse si beneficiará realmente a Venezuela, y de paso a la región.

Imagen del día

La cuenta oficial de Nicolás Maduro en X publicó fotos de junio, donde se le veía de lo más chillin’ en la cárcel de EE. UU. donde espera juicio por narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas de guerra.

Al menos sabemos que en la cárcel no hace el calorazo que ha estado haciendo afuera.

La ñapa del lunes

• Empezó el juicio de fondo del caso Jet Set, y sigue el viernes 4. Se espera que dure un par de meses.

• Meta solo implementará las nuevas medidas de seguridad para menores en EE. UU., por ahora.

• El Consejo Nacional de la Magistratura seguirá evaluando jueces el 8 de septiembre. Todavía no decide nada.

• Saca el paraguas, que seguirá lloviendo por varios días por los remanentes de la tormenta Dolly.

La cifra del día

6%

Lo que dice Acoprovi (Asociación de Constructores y Promotores de Viviendas) que va a subir el costo de las viviendas en RD, por el aumento de un 20% a los trabajadores de la construcción. La empleomanía representa 1 de cada 3 pesos del costo de una vivienda.

Ese monto es muy relevante, pero es un chin comparado con el 40% que la misma Acoprovi estima que ha subido el costo de las viviendas desde antes de la pandemia.

Y ya que hablamos de cosas que han subido mucho: según la Oficina Nacional de Estadística (ONE), la atención médica en RD subió un 13.76% entre julio del año pasado y julio de este. Por cosas como esa es que solo ver la inflación general, que ya está por encima de la meta del Banco Central con más de un 5%, no es suficiente para evaluar cuánto realmente ha subido el costo de vida de la gente.