¡Buenos días!
Hoy es viernes 24 de julio

A propósito del estreno de La Odisea, vale mirar el viaje de Odiseo más allá de la aventura. Pasó años intentando regresar a Ítaca, pero volver no significaba recuperar intacta la vida que había dejado. Después de ciertas experiencias, nadie regresa siendo el mismo. También pasa fuera de los libros. Hay etapas, lugares y personas a los que se vuelve esperando encontrar lo conocido, hasta descubrir que el tiempo cambió el escenario y también a quien regresa. A veces, el verdadero viaje no consiste en encontrar el camino de vuelta, sino en aprender qué hacer con la persona en la que uno se convirtió.

Es caprichoso el azar

Ayer la Cámara de Diputados conoció el informe de la comisión que estudia el proyecto de ley que regula los juegos de azar: bancas deportivas y de lotería, agencias hípicas, casinos, tragamonedas, bingos y, por primera vez, las apuestas en línea. La pieza no nació ahí: la sometieron los senadores Pedro Catrain y Félix Bautista, el Senado la aprobó en junio y desde entonces estaba donde los diputados.

Antes de que se leyera la primera línea del informe, ya había gente protestando. El martes, la Red de Ciudadanos Contra la Corrupción le pidió a Abinader frenar el proyecto porque, según ellos, abriría la puerta a unos 35 mil nuevos puntos de apuesta. Fenapadres —la federación de asociaciones de padres— hizo un llamado parecido a Abinader, a la procuradora Yeni Berenice Reynoso y al Congreso: que no se toquen las distancias entre bancas y escuelas, que dice la Ley 140-02.

¿Qué dice la propuesta?

Lo primero: crea una Dirección General de Juegos de Azar (DGJA) como regulador único, y con eso sustituye el rebú que hay ahora entre la vieja Dirección de Casinos, la DGII y una pila de decretos sueltos.

De ahí para allá: registro único y digital de todos los puntos, que tendrían que declarar ventas, sorteos y pagos; regulación de los juegos en línea, que hoy no tienen ninguna; un régimen tributario más estricto; prohibición de la publicidad dirigida a menores; la advertencia obligatoria «Jugar Puede Provocar Adicción y Afectar la Salud» en cada punto de venta; y penas de hasta 10 años de cárcel para las infracciones graves.

OK, ¿y la queja de los padres?

Aquí hay que separar dos cosas. La Ley 140-02 exige 500 metros entre una banca deportiva y otra. Eso es todo: no dice nada sobre escuelas, iglesias ni hospitales.

Las distancias a lugares sensibles las trae el proyecto, y ahí sí había una cosita. El texto depositado ponía 500 metros entre una banca deportiva y una escuela, pero solo 200 metros para las bancas de lotería y para los puntos de loterías electrónicas. Misma escuela, tres reglas distintas según el tipo de negocio.

El informe que llegó ayer a los diputados —que recomienda votar a favor— unifica todo en un solo artículo: nunca menos de 500 metros de escuelas, universidades, cuarteles, iglesias, hospitales y sedes de gobierno, para cualquier modalidad, lotería incluida.

¿Y lo de los 35 mil puntos?

La Red de Ciudadanos Contra la Corrupción no explicó de dónde sale ese número. Su planteamiento es que las agencias hípicas servirían de camuflaje para meter tragamonedas. El artículo 104 le prohíbe a una agencia hípica operar "otros tipos de juegos o servicios”, pero solo cuando eso "afecte el funcionamiento de otros establecimientos de juegos de azar". Si meterle tragamonedas cae ahí o no, el texto no lo aclara. Pero lo que no está prohibido, está permitido.

Contra la tesis de los 35 mil hay una cosa: el artículo 190 congela por 10 años las licencias para establecimientos nuevos, contadas desde que se publique el registro de los que ya la tienen. Y ese registro no sale mañana, porque la ley da un año para regularizarse a los que se acogieron al decreto 197-26, de marzo de este año, y a los que ya tienen licencia y cumplen con las distancias.

El gancho está en el otro lado, porque el mismo proyecto dice que los requisitos de distancia no aplican a los establecimientos ya autorizados cuando la ley entre en vigencia. O sea, la banca que hoy está a 80 metros de una escuela se queda donde está.

Y nada

Esos son algunos de los puntos en discusión, pero hay muchos más. Al cierre de esta edición los diputados seguían debatiendo las modificaciones, con la intención de devolver la pieza al Senado anoche mismo o, a más tardar, hoy: es su último día de trabajo en esta legislatura.

El tamaño del asunto: hay más de 71 mil bancas de lotería y deportivas registradas en el país, y encima de eso —según Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados— opera "una exageración de cantidad de bancas de apuestas, de lotería y otras cosas" sin ningún control. Dueños de unas y otras hay dentro del Congreso; Pacheco aclaró que ninguno estuvo en la comisión que estudió la propuesta.

Un dato divertido

En el mismo medio de las discusiones sobre esa ley, Pacheco sometió a votación varios contratos de nuevos préstamos que nada tienen que ver. Estamos hablando de deuda nueva por cientos de millones de dólares votándose a vapor y sin tener su propio espacio amplio de discusión.

No se rinde

La administración Trump anunció ayer nuevos aranceles de entre 10% y 12.5% para los productos de unos 60 países, entre ellos nosotros y varios de sus más cercanos aliados. Muchísimos países se quedaron fuera, pero es irrelevante porque entre esos 60 está casi el 99% de todo lo que EE. UU. importa. 

Estos aranceles vienen a sustituir de inmediato los que él había puesto en febrero, que vencieron a la medianoche de hoy. Se salvan el petróleo, gas, fertilizantes, medicamentos genéricos (que ya tienen arancel cero por dos años aparte) y todo lo que cubre el Acuerdo de Libre Comercio con México y Canadá.

Se pusieron creativos

Los que vencieron ahora se basaban en un poder de emergencia que dura máximo 150 días. Y esos los había puesto como un tente ahí después de que la Corte Suprema le tumbó los originales en febrero por exceso de poderes del presidente. Ahora se fue con la Sección 301 ––la misma que aplicó contra China en su primer gobierno–– que ya ha pasado la prueba por los tribunales. 

¿Cuál fue la excusa?

El trabajo forzado. Según la Oficina del Representante Comercial de EE. UU., los países en la lista no prohíben o no restringen la entrada a EE. UU. de productos hechos con trabajo forzoso. Ahí metieron a países como los de la Unión Europea, Reino Unido, Japón, Corea del Sur o Canadá. También están China, Rusia y casi toda Latinoamérica.

¿Cómo sabemos que RD está?

Porque desde principio de junio sabíamos que los gringos habían dicho que nosotros teníamos “deficiencias” en la prevención del trabajo forzoso, y que nos aplicaba la famosa Sección 301. A nosotros nos tocará el 12.5%, que es el más alto de los dos.

¿Cómo nos afecta?

En 2025 RD exportó más de 7 mil millones de dólares a Estados Unidos, que compra casi la mitad de todo lo que vendemos al mundo. Zonas francas, dispositivos médicos, manufacturas eléctricas y tabaco son algunos de los rubros más importantes. Los textiles puede que vayan más suave, porque se supone que entran a EE. UU. libres de arancel por el acuerdo de libre comercio DR-CAFTA.

Lo que hacen los aranceles es que encarecen nuestros productos porque pagan más para poder entrar a EE. UU. Pero eso lo paga el importador, así que el riesgo es que compren otro más barato en vez del nuestro (aunque todos los países competidores tienen los mismos aranceles, así que lo que es igual no es ventaja). El que sí paga un precio más alto es el consumidor final, porque el importador en muchos casos le traspasa el costo, aunque sea parcialmente. Y claro, el gobierno gringo recauda muchísimo más dinero.

Imagen del día

Poner una bandera en el balcón o el frente de la casa no es lo suficientemente patriótico, si lo comparas con esta estatua de Juan Pablo Duarte que, según un video que anda en las redes, está en la marquesina de una casa de algún lugar del país. 

La cifra del día

RD$7.5 millones

Es el monto que la Procuraduría General de la República deberá pagar a Juan Francisco Álvarez Carbuccia por el retraso en la devolución de bienes que un tribunal había ordenado restituirle, entre ellos un teléfono celular incautado durante la investigación del caso Intrant. La condena corresponde al pago de un astreinte (penalidad por incumplimiento de una decisión judicial), fijado en RD$20,000 por cada día de demora