¡Buenos días!
Hoy es miércoles 18 de febrero

«La libertad absoluta para elegir es un mito, pero estar completamente atrapados también lo es; siempre hay límites y renuncias, y el verdadero trabajo es decidir y actuar incluso cuando sentimos que no tenemos elección».

— Seth Godin

La excepción o la regla

El nuevo director del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, mandó a parar todas las licitaciones en curso en la institución, y descartó un concurso que tenían para un programa de nutrición y diálisis que existe hace varios años.

¿De dónde viene esto?

Oficialmente no han dicho por qué, pero hace un par de días el periódico digital Panorama publicó un reportaje —larguísimo por cierto— sobre supuestos gastos millonarios del SNS en contratos por excepción (sin licitación) para dos programas que habrían crecido mucho hasta ahora. La razón por la que cuestiona los contratos es esa: que fueron por excepción y que involucran mucho dinero.

Dame datos…

La Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) aclaró ayer que la compra por excepción estaba bien justificada en esos casos, dígase que no fue que procedieron así por maña. 

No se violó la ley de compras, pero igual Landrón pidió revisar todo para detectar irregularidades. Pero para que entiendas bien, esto es lo que debes saber.

Los programas que cuestionaron

El reportaje pone en duda dos programas: el de nutrición clínica, para suministrar nutrición especializada a pacientes hospitalizados en la red pública, ya sea por sonda (enteral) o por vía intravenosa (parenterales); y el de diálisis peritoneal domiciliaria, un servicio para pacientes con insuficiencia renal crónica que permite hacer diálisis en la casa, a diferencia de hemodiálisis (en máquinas de hospital).

El artículo plantea que desde 2020 se habrían comprometido más de 13 mil millones de pesos en eso, pero solo beneficiando a tres empresas:

• Macrotech Farmacéutica SRL (9,100 millones)

• Hospifar SRL (1,125 millones)

• Consorcio CIMAC, conformado por Macrotech y Centro Integral de Medicina Renal (1,500 millones).

Aclarandum

El artículo menciona que la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas (DGCP) identificó fallas en al menos un proceso —luego de que, en fechas diferentes, dos empresas pidieran que investigaran—, pero nada que afectara el fondo ni justificara anular las contrataciones. Y pone en duda que no lo hicieran.

Por eso, la DGCP explicó en un comunicado que:

• La exclusividad estaba bien justificada porque el servicio que suplen es de un área muy especializada y solo unos pocos proveedores pueden cumplir con los requisitos de forma continua. El hecho de que sea por «excepción» no quiere decir que sea adjudicado a un proveedor único.

• No vieron ninguna violación a las reglas básicas de compras.

• Los pliegos no ponían trabas raras ni excluían a competidores (que fue la queja de las dos empresas que pidieron que chequearan los contratos).

• Todo lo que hizo el SNS tenía base legal, estaba bien motivado y dentro de la ley.

Y del otro lado

Como mandaron a parar todo de repente, un grupo de proveedores del SNS pidió garantías de que no los van a dejar colgados con deudas de mercancía pagada. Algunos ya tenían actas de adjudicación y órdenes de compra, por lo que habían mandado a comprar todo con suplidores extranjeros.

Imagen del día

El Estado tendrá que pagar 313.7 millones a los antiguos dueños de los terrenos donde está Hoyo Claro, un cenote (como un pozo natural de agua) en Higüey, que se declaró Monumento Natural (área protegida) en 2004.

¿Por qué? Porque cuando se «protegió» el área, los terrenos eran de propietarios privados. El Estado no les quitó formalmente el título, pero sí limitó casi por completo lo que podían hacer con su tierra. Para el Tribunal Constitucional (TC), en la práctica eso equivale a una especie de expropiación, ya que redujo de forma significativa el uso y el valor de la propiedad.

Los dueños demandaron y en 2023 el Tribunal Superior Administrativo (TSA) les dio la razón. A través de Medio Ambiente y Hacienda, el gobierno apeló y llevó el caso hasta el TC, pero en 2024 y 2025 le rechazaron los recursos por temas procesales.