Se metió el juez

El juez Alejandro Vargas se quejó en X de que el Intrant obliga a los mayores de 65 años a renovar su licencia cada 2 años, en vez de 4. El título del posteo fue «Barriendo la dignidad de los envejecientes», así que el debate se volvió a calentar.

Decreto por decreto

El Intrant se está defendiendo. Esto se comenzó a aplicar a partir de un decreto de Danilo de enero del 2019 (6-19), que decía que los mayores de 65 con licencias para motores, vehículos livianos y equipos especiales deben renovar cada 2 años. Si manejan guaguas, camiones o patanas, la vigencia es de 1 solo año. 

Entonces, por un lado, dicen que un decreto solo se puede anular con otro decreto. Y aunque el presidente Abinader anunció que quitaría eso en 2024, nunca tiró ese decreto y la promesa se quedó en eso mismo: en promesa.

Aparte de eso, otro tema era que durante años les cobraban lo mismo a pesar de ser cada dos años. Eso sí lo resolvieron a finales del 2024, cuando bajaron el cobro a la mitad. Pero para el juez Vargas, eso no resuelve el problema de fondo, que es que discriminan a los ciudadanos por edad, y no por la capacidad de manejar.

Malestares judiciales

La queja del juez Vargas se quedó en redes y en la opinión pública, pero otros jueces ya están hablando de una «paralización pacífica» (o sea, una huelga) para el 21 de este mes. No por lo de las licencias, sino para pedir aumentos de salarios, ambientes de trabajo más dignos, equidad, ascensos por méritos y más jueces y personal de apoyo. El problema es que el documento no está firmado por nadie.

No fui yo

La Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia, Judemo, aclaró que no tiene nada que ver con esa convocatoria a huelga. Las magistradas Rosanna Vásquez y Elka Reyes, presidenta y secretaria, nos hicieron llegar un comunicado rechazando el paro por 3 razones: no tiene el consenso de la mayoría, no hay nadie detrás de la convocatoria, y la tiraron sin esperar respuesta a comunicaciones que ya se han escrito al respecto del tema. 

O sea, ellas reconocen que los reclamos son reales y llevan al menos 8 años, pero hacer una huelga y dejar los tribunales vacíos no es la primera opción, sino la última. Mientras tanto, la Suprema dice que han venido subiendo salarios, mejorando las condiciones laborales y trabajando en un Manual de Compensaciones, y está la disposición de seguir avanzando.

Aquí y allá

Seguimos con jueces, pero ahora en dólares. Un tribunal federal de EE. UU. condenó en noviembre pasado a la Junta Central Electoral (JCE) a pagarle unos 887 mil dólares a Latin Events LLC. Esa es la empresa del promotor Félix Cabrera que ha organizado varios juegos entre equipos dominicanos de pelota en NY. 

La del año pasado (entre Gigantes y Águilas) ni se dio ––y Latin Events tiene demandada a la Lidom por un dinero que se adelantó–– y en la del 2024 se terminaron jugando dos juegos en Puerto Rico después de uno en Nueva York. Pero la demanda es por la del 2023, que sí se jugó en el Citi Field de Nueva York entre Licey y Águilas (aunque con muchísimos líos).

¿Y qué tiene que ver la Junta con eso?

Por alguna razón, la Junta quería usar esa serie como plataforma para una campaña de registro de votantes dominicanos en Nueva York y toda esa zona. El contrato se firmó en octubre del 2023, y en el 2024 había elecciones.

El asunto es que la Junta contrató 15 mil boletas para los juegos (600 mil dólares), 20 mil comidas en restaurantes de Nueva York y Nueva Jersey (de a 10 dólares por plato), y publicidad en La Mega, Amor y Telemicro. El total era de 1 millón de dólares, y el presidente Abinader autorizó el pago a través del Tesoro Nacional.

La Junta pagó la publicidad completa (200 mil dólares) y una parte de las comidas (30 mil dólares), pero lo otro nunca se pagó.

Cero caso

La Junta ni siquiera fue a pelear la demanda, ni respondió ni apeló. Nada. Quizás pensando en que los iba a cuidar la inmunidad soberana que protege a los estados extranjeros de este tipo de cosas en tribunales EE. UU. Pero el juez entendió que esto no era un acto de gobierno, sino una transacción comercial cualquiera, así que aplicaba la demanda. Y como la Junta nunca dijo ni jí a pesar de ser notificada en su oficina de Broadway, el silencio fue tomado como admisión de culpa.

La condena es de 838,337.50 dólares en ítems no pagados, y 48,370 en intereses.

¿Y si no paga?

Los abogados de Latin Events ya están haciendo el proceso para que un tribunal de aquí reconozca la sentencia y se ejecute en RD. La Junta no maneja dinero propio, así que si eso pasa quien tendría que pagar es el Tesoro Nacional.

La cifra del día

53%

Lo que representaron los bots de todo el tráfico de internet en el 2025, según un informe que se llama Thales Bad Bot. También encontraron que el 40% de todo ese tráfico tenía que ver con actividades ilegales o maliciosas. Casi la mitad de los eventos fueron intentos de robo en bancos y servicios financieros.

Los ataques de bots se multiplicaron por 12.5 veces respecto al año anterior, gracias a la IA. Y ya no son bots simples, sino que hacen todo el proceso de interacción con apps, robo de datos y operaciones que de inicio parecen legales.