Salud Pública y el dinero durante la pandemia

A raíz de que el presidente Abinader declaró estado de emergencia en 14 provincias por los daños que dejó la tormenta —y luego huracán— Melissa, mucho se ha hablado de lo que puede pasar durante un estado de emergencia. La última vez que tuvimos uno fue en la pandemia y duró un año y medio (de marzo de 2020 a octubre de 2021). 

Durante un estado de emergencia o excepción, el gobierno puede limitar temporalmente algunos derechos para proteger a la población y controlar la situación. También se le permite saltar ciertos procedimientos administrativos, sobre todo en compras y contrataciones. Justo por eso su uso requiere cautela.

Pues el jueves pasado la Cámara de Cuentas (CC) publicó una auditoría que le hicieron a los estados de ejecución presupuestaria del Ministerio de Salud Pública desde el 2016 al 2021, incluyendo todo el período del estado de emergencia de la pandemia del Covid-19. 

Por si acaso, los estados de ejecución presupuestaria son los documentos oficiales que muestran cuánto dinero recibió la institución, cuánto gastó, en qué lo gastó y cuánto quedó pendiente. La auditoría dice qué tan legal y confiable es la información que aparece en los estados financieros de Salud Pública durante todos esos años (5 en total). 

Que conste, que según dice el mismo documento, la auditoría se solicitó y se hizo en 2022, el informe con los hallazgos más importantes se firmó en julio de 2023, pero el pleno de la CC no se había sentado a discutirlas. Este año tomaron el documento, le incluyeron réplicas y la publicaron ahora, dos años después de que se hizo. La cosa es que cayó en un momento justo para enseñarte qué pasó a nivel financiero en esa institución durante el último estado de emergencia, ya que fue una de las facultadas para licitar y comprar con flexibilidad.

En ese año y medio hubo tres ministros en Salud Pública: Rafael Sánchez Cárdenas (2018-2020), Plutarco Arias (2020-2021) y Daniel Rivera (2021-2024).

Cada quien con su pedazo del pastel

En general, la CC encontró desviaciones contables e incumplimientos legales

«cuyas responsabilidades corresponden a la gestión del ministro vigente a la fecha de los hechos». Hay algunas que se pueden dar independientemente a que haya un estado de emergencia o no, pero la mayor cantidad de dinero se fue en compras de emergencia, que sí se dan solo en esa situación. Lo que dice de cada una es que:

Rafael Sánchez Cárdenas (2018-2020)

• Se aplicó mal la retención del Impuesto sobre la Renta (ISR) a los empleados. A unos les retuvieron en exceso y a otros por debajo. Por ese error, en 2019 la institución dejó de retener 5.8 millones (5,828,168); y retuvo 358 mil (358,902) pesos de más. Ahí acumuló una diferencia de 5.4 millones (5,469,266).

• Se pagó de más la regalía pascual (salario 13) porque el monto se calculó mal. Consideraron otros ingresos percibidos a través de nómina, la cual no corresponden a la duodécima parte del salario devengado por el trabajador. Ese exceso durante la gestión sumó 21.7 millones (21,793,236).

• Hubo errores en el pago del bono escolar. A unos empleados les pagaron en exceso (31,583 pesos) y a otros les dejaron de pagar lo que correspondía (74,443 pesos). Eso afectó a 42 personas.

• Entregaron 115.9 millones (115,995,930) en «ayudas económicas» a 880 empleados con el cargo de Supervisor de Promotores, pero los registraron como si fueran salarios, algo que no correspondía. 

• Tenían almacenadas cuatro motocicletas que compraron en 2019 por 528 mil (528,500) pesos. Estaban en el Hemocentro Nacional, con póliza de seguro vigente, pero sin uso.

• No aparecieron 15 bombas de infusión, tres monitores y una laptop que compraron. Eso tenía un valor de 1 millón (1,074,505) de pesos.

• Se hicieron contrataciones de emergencia por 192.1 millones (192,178,492) sin entregar los informes detallados a la Contraloría y la CC dentro del tiempo que exige la ley. 

• Le dieron dinero como «ayuda» a personas en nómina de distintas instituciones del Estado (la lista de nombres y montos sale detallada).

Plutarco Arias (2020-2021)

• Se hicieron contrataciones de emergencia por 1,114 millones (1,114,011,437) sin entregar los informes detallados a la Contraloría y la CC dentro del tiempo que exige la ley. La gestión de Arias dijo que la urgencia por la crisis del COVID-19 no les permitió cumplir estos pasos y la CC determinó que aunque haya estado de excepción, la ley igual exige rendir cuentas después.

• De nuevo, se pagó de más la regalía pascual porque el monto se calculó mal. Ese exceso durante la gestión sumó 8.2 millones (8,298,941).

• Entregaron 56.1 millones (56,187,697) en «ayudas económicas» a 378 empleados con el cargo de Supervisor de Promotores. Lo mismo que la anterior.

• Pagaron 391 mil (391,535) en bonos por desempeño a 14 empleados sin ninguna evaluación o documentación que lo justificara en sus expedientes.

• En la inspección física no aparecieron varios equipos que se compraron en esa gestión —una laptop, dos monitores, dos impresoras y dos televisores— valorados en 57 mil pesos en total.

• Se aplicó mal la retención del ISR a los empleados. A unos les retuvieron en exceso (2,050,629) y a otros por debajo (8,007,939). Por ese error, la institución descontó montos que no correspondían, acumulando una diferencia de 5.9 millones (5,957,310) en 2020.

• Hubo errores en el pago del bono escolar. A unos empleados les pagaron en exceso (301,137 pesos) y a otros les dejaron de pagar lo que correspondía (460,827 pesos). Eso afectó a 704 personas.

• 1,410 termómetros infrarrojos que compraron en 2020 por 8.6 millones (8,685,600) de pesos estaban almacenados sin usar. 

• También le dieron dinero como «ayuda» a personas en nómina de distintas instituciones del Estado (esa lista también sale).

Daniel Rivera (2021-2024)

• Tenían 14 ventiladores quirúrgicos (equipos médicos de alto costo) almacenados y sin usar desde 2021. El valor total de estos equipos asciende a 15.9 millones (15,993,600). Esos ventiladores se necesitaron mucho en la pandemia para mantener la oxigenación y la ventilación de los pulmones de los pacientes de Covid-19 que no podían respirar por sí mismos o tenían dificultades severas para hacerlo. 

• No aparecieron 10 equipos que se compraron en 2021, entre ellos dos laptops y 8 monitores quirúrgicos. En total, estos bienes tienen un valor de 7 millones (7,038,505).

• Siguieron entregando «ayudas económicas» a los Supervisores de Promotores y lo registraron incorrectamente como parte de la nómina. Pagaron 49.7 millones (49,708,072) bajo esa modalidad a 379 personas.

• Siguió la práctica de adjudicar contratos de emergencia sin entregar los informes detallados a los organismos de control. Se manejaron 49. 2 millones (49,268,986) bajo este esquema sin la documentación requerida.

• Entregaron incentivos sin la evidencia necesaria. Los bonos por desempeño sin justificación se elevaron a 531 mil pesos (531,116), repartidos entre 14 personas.

• Se pagó salario 13 en exceso, acumulando un total de 2.3 millones (2,364,677) durante este período.

• Se aplicó mal la retención del ISR a los empleados. En 2021 la institución dejó de retener 30.7 millones (30,758,366); y retuvo 251 mil (251,472) de más. Ahí acumuló una diferencia de 30.5 millones (30,506,893).

• Siguieron dando dinero como «ayuda» a personas en nómina de distintas instituciones del Estado (Otra lista que vas a encontrar si chequeas los anexos de la auditoría). 

Recopila, por favor

Demasiados números, sí, pero así es que se fiscaliza el Estado. 

La categoría más grave a nivel de costos es la de «contrataciones de emergencia sin informes» con 1,355 millones (1,355,458,915) de pesos involucrados. La mayoría corresponde a la gestión de Plutarco Arias (2020-2021).

Se puede decir que, sólo en Salud Pública, el último estado de emergencia nos costó más de 1,600 millones (1,687,937,148) de pesos como país en irregularidades. Este monto incluye todas las anomalías que documentó la CC a lo largo de las tres gestiones que hicieron frente a distintos períodos de la pandemia.

Extra, extra

El período que estudió la auditoría involucra cuatro gestiones en total. Aquí solo hablamos de tres, o sea, que hay más. No abarcamos la de Altagracia Guzmán Marcelino (2014-2018), en la que, además de todo lo otro, mencionan irregularidades en el contrato para la terminación general del Hospital Nuestra Señora de La Altagracia, en Higüey.