Si no es Juan, es Juana

Hace un par de meses hubo un lío en el Poder Judicial donde jueces y funcionarios judiciales se fueron a huelga en todo el país para pedir mejores sueldos y mejores condiciones. 

Finalmente, el Consejo del Poder Judicial anunció un acuerdo de un 30% de aumento para jueces y administrativos, y aumentos también para secretarias, abogados ayudantes y oficinistas. 

Pero ahora, un par de días después de que Luis Henry Molina anunciara que no se postularía para seguir como el mandamás del Poder Judicial, sale a relucir que en el acuerdo de los aumentos había algo en letras pequeñas que no les cayó bien a los jueces.

Ay ñeñe

En el Manual de Compensación, que incluía los aumentos y otras medidas, apareció un nuevo renglón salarial exclusivo que le daba un dinero extra a los jueces que forman el Consejo del Poder Judicial. Los mismos que aprobaron el aumento general se “subieron” el sueldo a sí mismos.

Un solo miembro del Consejo votó en contra, El juez Manuel Aurelio Hernández dijo en su momento que eso chocaba con el artículo 140 de la Constitución ––que prohíbe a las instituciones autónomas subir el sueldo de sus propios directivos mientras están en el cargo–– y también con la Ley 28-11, que dice cómo funciona ese propio Consejo.

La mayoría del Consejo le respondió que ellos tienen funciones adicionales a las de ser puramente jueces. O sea, un juez de paz sigue siendo de paz, uno de apelación de apelación y así sucesivamente, pero mientras esté como consejero (miembro del Consejo) cobra más por el renglón nuevo que crearon. El argumento es que eso no cambia la escala de salarios porque no es un aumento, sino que es como un salario especial o una especie de bono por ser parte del Consejo del Poder Judicial.

Eso ya lo tumbaron

En la Asociación de Jueces y Juezas se quejaron de que ahora un consejero gane más de 450 mil pesos, y además recordaron que en 2021 el propio Consejo anuló algo parecido por inconstitucional. Rosanna Vásquez, de otro gremio de jueces que se llama Judemo (Jueces Dominicanos por la Democracia), convocó a una sesión permanente para ver qué hacen al respecto.

No es que estén incómodos por el aumento general, sino porque también los del Consejo se beneficiaron de la misma resolución.

Seis doritos más tarde

La Dirección General de Contrataciones Públicas suspendió Registros de Proveedores del Estado de 11 senadores. Por ley, los legisladores no pueden hacer negocios con el Estado. No es que lo hayan hecho, dijo Carlos Pimentel, director de compras, sino que esto es “preventivo”.

¿Por qué ahora?

De los 10 senadores, cinco están ahí desde el 2020. Lo que pasa es que la ley cambió. Con la vieja Ley de Compras (340-06), un legislador podía tener hasta 10% de participación en una empresa proveedora del Estado. La nueva Ley 47-25 quitó eso y prohíbe por completo cualquier porcentaje de participación, aunque sea un 0.1%; además, prohíbe cargos de dirección o gerencia.

Entre 2020 y 2025, suspendieron 591 registros bajo la ley anterior (solo en el 2024 suspendieron los de 22 legisladores). En el 2026 ya van 81 suspensiones.

Llama la atención que los legisladores tuvieron el chance de hacerlo por las buenas porque Contrataciones mandó una circular en febrero dándoles 15 días para acogerse por voluntad propia a la suspensión. Finalmente, la Dirección la ejecutó “por las malas” el 19 de junio.

Hasta la Victoria siempre

Entre los suspendidos está Alexis Victoria Yeb, quien ya sonó con este tema en 2021 cuando en El Informe de Alicia Ortega presentaron las pruebas de que empresas vinculadas al senador recibieron contratos del Estado después de llegar al Senado. Él lo negó y prometió renunciar si se comprobaba. 

Contrataciones confirmó que dos de sus empresas consiguieron contratos con el Estado después de su juramentación, y que el Senado tenía que evaluar medidas disciplinarias. Nunca llegaron esas sanciones y él nunca renunció. La empresa que le sacaron ahora, una constructora, no aparecía entre las que se cuestionaron en 2021.

Imagen del día

Esta es Olto, una bicicleta de un fabricante de Nueva York que se llama Infinite Machine. Sí, la venden como una bicicleta porque tiene pedales. Pero no solo parece una pasola, sino que se comporta como una pasola. Y tiene una velocidad máxima de 48 km/hr, más de lo que permite el límite legal de las e-bikes (las bicicletas que pueden acelerar).

Esto abre un debate importante sobre dónde empieza y terminan los límites entre una bicicleta o una patineta con motor, una pasola, una motocicleta, y así. Porque en el caso de Olto, puede andar por donde andan las bicicletas normales aunque corre muchísimo más. Aquí estábamos teniendo esa discusión en estos días, pero no se ha avanzado gran cosa.

La cifra del día

213,355

Los galones de combustible que Industria y Comercio decomisó entre enero y julio por contrabando, venta ilegal o almacenamiento fuera de regla. También agarraron unos 46 millones de unidades de mercancía que se estaba moviendo por la izquierda, entre medicinas, cigarrillos, estimulantes sexuales, romo y así.