¡Buenos días!
Hoy es viernes 31 de julio

Melissa Núñez, representante de Concepción de La Vega, se coronó anoche como Miss República Dominicana Universo 2026 y nosotros lo vimos juntos en el icónico Watch Party de La Magacín conducido por Hector Adriel. Gracias a todos los que nos acompañaron, hicieron sus predicciones y se llevaron sus premios. La pasamos genial junto a ustedes.

La cima más alta

El Tribunal Superior Administrativo (TSA) anuló los permisos urbanísticos de la Torre Everest, en Piantini. ¿El problema? La torre está levantada y bien avanzada. De hecho, más avanzada de la cuenta. 

¿Qué dijo el tribunal?

La sentencia anuló certificados de uso de suelo emitidos entre 2020 y 2023 a Grupo Choroni, la empresa dueña de la torre, por violar la Resolución Municipal 94-98 y la Ordenanza 9-2019, las normas que dicen qué tan grande puede ser lo que construya en esa zona y cuál será su uso.

Pero esto se complica, porque el Ayuntamiento del Distrito fue quien dio esos permisos, y el mismo Ayuntamiento es quien pone la demanda ante el TSA. Lo hizo por vía de una acción en lesividad, que se le pide al tribunal que le anule sus propios permisos, porque entiende que se otorgaron mal.

La Alcaldía no firma

Vamos para allá ahora, pero antes, hay que hacer la cronología. El primer certificado para la torre, de abril de 2019, aprobó un edificio de 20 niveles, ocho sótanos y 64 apartamentos de una habitación. Ese mismo año, la Alcaldía negó el helipuerto por ser una zona residencial de alta densidad. En agosto de 2020 ya Grupo Choroni era dueño del terreno y el proyecto recibió un "resellado" que mantuvo los 64 apartamentos, pero le devolvió el helipuerto en base a una comunicación del Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC). 

Pero el cambio importante llegó en febrero de 2022, cuando un nuevo certificado convirtió el proyecto en un condominio-hotel de 238 suites, con restaurantes, oficinas y salones de eventos, y disminuyó la distancia a los linderos hasta menos de medio metro, cuando la regla es que deben ser cuatro metros mínimo. Un informe técnico de la propia Alcaldía calculó que eso llevó la densidad a 3,763 habitantes por hectárea, casi cuatro veces más que el límite de la zona. La altura también se pasaba.

Para el TSA, ya eso era un proyecto totalmente diferente que debió pasar de nuevo por todos los procesos. Y aclaró que el hecho de que el IDAC diera luz verde al helipuerto solo dice que es seguro para volar, no que pueda estar en el edificio que se vaya a construir ahí.

¿Y por qué esperó tanto la Alcaldía?

¿Y por qué llegaron tan alto?

Después del informe de mayo del 2023 que hablaba del exceso de densidad, la Alcaldía esperó como un año y medio para empezar a moverse. En el interín, la Junta de Vecinos de Piantini se empezó a quejar del helipuerto, y ya en diciembre estaban los consorcios de las torres vecinas pidiendo que se anularan los certificados. Para enero de 2024 ya la cosa era tan seria que intimaron por acto de alguacil a la alcaldesa Carolina Mejía y al propio director de Planeamiento Urbano para que respondiera.

La Alcaldía vino a poner la acción por lesividad en septiembre de 2024. Y cuando lo hizo, cometió un error y lo retiró al día siguiente. Tuvo que empezar de cero un mes después con todo corregido, y la resolución final que después termina en el TSA no llegó hasta finales de noviembre. En agosto de 2025 el Ayuntamiento pidió parar la construcción mientras se decidía el asunto, y el tribunal se lo negó porque los permisos parecían válidos y ya había gente que había comprado confiando en ellos. 

Mientras todo eso pasaba durante todos esos años, la torre avanzaba.

El que sí firmó

Los dos certificados —el del helipuerto y el que subía a 238 suites— los firmó Mayobanex Suazo, quien en ese entonces era director de Planeamiento Urbano. Tres meses después de firmar el segundo, esa misma oficina, bajo su dirección, le respondió por escrito a una vecina que preguntó por los permisos que tenía la torre, diciéndole que el proyecto no había cambiado y no se daba ninguna aprobación nueva desde 2019.

En octubre de 2024, el director legal del Ayuntamiento denunció penalmente a Suazo acusándolo de soborno. El expediente también tiene una denuncia por una supuesta alteración de fecha en uno de los certificados. Casi dos años después no hay acusación alguna, y el TSA lo que dice es que no le toca determinar delitos, y además las violaciones a las normas urbanísticas ya eran suficientes para anular los permisos.

¿Y ahora?

Grupo Choroni fue a la Suprema porque también tiene sus argumentos, así que la justicia no ha dicho la última palabra. Mientras tanto, hay gente que ya pagó parcial o totalmente propiedades ahí dentro, y que ahora podría estar en un limbo. Queda por verse si se mantiene la detención, y si se mantiene, qué pasará con la torre y quiénes le van a pagar dinero a quiénes (por devolución y/o compensación por los daños). Mientras tanto, el proyecto sigue avanzando.

Con dominio

El Tribunal Constitucional sigue tirando paquetes. Ahora le puso límites a algo que se hace (o se hacía) en residenciales y juntas de vecinos para forzar a la gente a pagar su mantenimiento: meterlos al medio en redes sociales. También prohibió usar drones o cámaras apuntando hacia el interior de las casas. 

La sentencia resuelve el caso del Residencial Estrella Marina, en La Romana, donde la CIA le quedaba corta a la directiva. Publicaban los nombres y fotos de los que debían mantenimiento, los obligaban a bajarse del carro a levantar la barra de la garita a mano, les cerraban la casa club, y según denuncias tenía drones y cámaras vigilando patios y piscinas. Incluso, dice el expediente que alguien de la directiva le entregaba una ruta al camión de la basura para que se saltara las casas con deudas. 

Un grupo de dueños ganó el caso en agosto de 2025; la junta apeló, y así llegó al TC.

Lo que no se puede

Dice el TC que publicar audios, videos y fotos de los “morosos” y usar cámaras o drones para vigilar la vida personal de la gente que vive en un lugar violan el derecho a la intimidad. Mandó a esa administración a soltar eso, pero también sirve como precedente para el resto de los residenciales y condominios.

El TC también aclaró que informar sobre las deudas dentro del residencial no viola ninguna ley de por sí. Un aviso en las áreas comunes es válido si la deuda es real, exigible, no está en la justicia y la información se queda dentro del condominio. Lo prohibido es sacarla a lo público, donde la pueda ver gente que no tiene nada que ver con el condominio.

Las cámaras se pueden poner hasta en el zafacón, siempre y cuando no apunten hacia dentro de las casas.

Imagen del día

Miles de migrantes marroquíes y argelinos llegaron de repente, nadando o por tierra, a las costas de Ceuta ––un territorio autónomo que está en la puntita de arriba del continente africano, prácticamente dentro de Marruecos, pero que pertenece a España––. Lamentablemente al menos 9 murieron ahogados en el intento.

Esto no fue de repente o porque sí. Es que el Tribunal Supremo español confirmó hace unas semanas que la ley de extranjería no permite las “devoluciones en caliente” (expulsión inmediata) si agarraron al migrante en alta mar.

La cuestión es que era tanta la gente que la Guardia Civil española tuvo que quitar las barreras y el Ejército tuvo que involucrarse. El gobierno español dice que habló con el gobierno marroquí para que devuelvan a todos los que entraron, pero del lado marroquí hay una fila de 5 kilómetros que no para de crecer, y en el centro de acogida no cabe un alma. El presidente Pedro Sánchez va para allá hoy mismo por la magnitud de la crisis. Italia ya está amenazando con suspenderle la libre circulación (Schengen) a España.

La cifra del día

481 millones

Los intentos de ciberataques a instituciones públicas de RD en 2025, según el Centro Nacional de Ciberseguridad (CNCS). Eso es casi el doble que el año anterior. 

Ahora, una cosa es intentarlo y otra es lograr algo. Pues solo en lo que va de 2026 ya van 32 incidentes con impacto en instituciones estatales. Al menos 18 instituciones han recibido ciberataques graves desde 2020, entre ellas el Instituto Agrario Dominicano, el Ministerio de Salud Pública y la Dirección General de Migración.