¡Buenos días!
Hoy es lunes 27 de julio

Pregúntale a un hijo adulto qué recuerda de su papá. Casi nunca dice «que me pagó la universidad». Dice cosas raras: que cantaba mal en el carro, que arreglaba cosas los sábados, que se reía duro, que tenía una manía con algo. O sea, recuerda al hombre. No recuerda el sacrificio. Recuerda al hombre que estaba ahí siendo alguien.

¿Cuánto vale un decreto?

En el caso del Decreto 502-26, podría ser un 2.5% de todo lo que exportamos a EE. UU. O quizás no. El presidente tiró ese decreto 15 minutos antes de que entraran en vigor los nuevos aranceles que anunció EE. UU. para 60 países ––nosotros entre ellos–– por no hacer lo suficiente (o nada) para prevenir la entrada de bienes fabricados mediante trabajo forzoso. 

Quitando la razón legal, la estrategia de Trump es puramente comercial y manda aranceles para los países que venden el 99% de lo que EE. UU. compra. Pero hay dos grupos: a los países que no han promulgado una prohibición efectiva de importaciones con trabajo forzoso les toca un 12.5%, y a los que sí tienen alguna prohibición o compromisos pero no la aplican plenamente (o han hecho avances) les tocó un 10%. Nosotros estamos en el primer grupo.

¿Por qué ahora?

Porque se había avisado. Lo que no está claro es por qué Abinader esperó a última hora, si desde principios de junio sabíamos que los gringos habían dicho que nosotros teníamos ese problema. Y la investigación de la Oficina del Representante Comercial (bajo la Sección 301), que empezó en marzo, ya había avisado que quien tuviera una prohibición formal contra bienes de trabajo forzoso pagaría 10%; quien no, 12.5%.

En fin, con el decreto el gobierno busca mostrar un compromiso con EE. UU., y posiblemente que nos metan a la categoría de 10% en vez de la de 12.5% en alguna revisión próxima. Eso parece insignificante, pero en la práctica lo que quiere decir es que nuestros productos pagarían 2.5 pesos menos por cada 100 de impuestos al entrar a EE. UU., y eso nos podría poner en ventaja frente a países competidores que se queden con el 12.5% (como Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica y Perú).

O al menos no ponernos en desventaja versus quienes ya están en el grupo de 10%. Por ejemplo, El Salvador, Guatemala y Honduras ––países que también tienen zonas francas que exportan a EE. UU.–– hicieron sus diligencias a tiempo y quedaron con 10%.

¿Y qué dice el decreto?

Aquí hay que empezar aclarando algo: no es que EE. UU. dice que en los 60 países con los nuevos aranceles hay trabajo forzoso, sino que en algún momento de la cadena ––desde la materia prima hasta el producto terminado–– lo hubo. Por ejemplo, si compras un chip en China para fabricar un dispositivo médico aquí y después exportarlo a EE. UU., puedes entrar en el grupo aunque no tengas trabajo forzoso si China hizo el chip con trabajo forzoso. 

Volviendo al decreto: prohíbe que entre a RD cualquier mercancía donde haya “indicios razonables” de que se usó trabajo forzoso en cualquier punto, sin importar el país de origen. Aduanas investiga y puede retener o bloquear la mercancía; el Ministerio de Trabajo hace cualquier evaluación técnica sobre condiciones laborales en 60 días (90 máximo); y los importadores tienen que declarar en Aduanas si saben o sospechan que lo que traen vino de un lugar donde hubo trabajo forzoso. Habrá un registro público de cosas prohibidas.

Sálvese quien pueda

Todos los que quieran estar alineados con Trump tendrán que hacer cosas parecidas, y esa es una de las razones por las que los más afectados son China (que además tiene otros aranceles más altos) y los asiáticos, por aquello de que son “la fábrica del mundo”. El mismo viernes cayeron en negativo las principales bolsas asiáticas.

Como la guerra es contra China y no contra nosotros, no pagarán aranceles la yuca, yautía, plátano, banano, piña, aguacate, mango, guayaba, naranja y lechosa; café tostado y sin tostar; cacao en grano, pasta, manteca y polvo; y azúcar cruda. A eso hay que sumarle exenciones generales como donaciones, materiales informativos y mercancía que ya venía en camino antes de que el arancel entrara en vigor.

¿Es suficiente el decreto?

Eso dependerá de los gringos. Pero ya la Asociación de Industriales pidió una “estrategia nacional” para hacernos más competitivos en los mercados internacionales, porque ya no se evalúa solamente la calidad, el precio o el origen del producto, sino el marco institucional del país, la trazabilidad de las cadenas de suministro y qué tan buenos son sus mecanismos para asegurar el cumplimiento.

¿Qué harías con 200 millones?

El jueves pasado, los diputados estaban conociendo la Ley de Juegos de Azar. Pero como era una discusión muy larga y solo les quedaba un día de trabajo, aprovecharon para meter en el mismo medio de la discusión dos solicitudes de préstamo. Uno para la cuenca del Yuna, por 265 millones, y uno para Seguridad Vial por 200 millones de los verdes.

Obviamente los aprobaron los dos sin hablar mucho, pero a un diputado peledeísta le dio tiempo para decir que no confía en el Intrant y en Milton Morrison para manejar tanto dinero, y cuestionó si al menos parte de eso se usaría para comprar cascos e instalar reductores de velocidad. También preguntó que a qué brujo es que va Morrison, pero eso no viene al caso.

¿Y para qué es?

Para el Programa de Implementación de la Política Nacional de Seguridad Vial. Es un plan de 5 años a ser ejecutado por Obras Públicas y el Intrant. La tajada más grande, unos 139 millones, es para intervenir varias carreteras con asfaltado, señalización, iluminación y cruces peatonales. Ahí están la Sánchez, Las Américas, la Autovía del Este y la del Nordeste.

Otros 20 millones son para arreglar los alrededores de 286 escuelas en Santo Domingo y Santiago, con paradas, rampas y reductores de velocidad (sí, hay reductores). Lo demás se reparte entre control de tránsito, “fortalecimiento institucional” del Intrant y atención a víctimas de accidentes.

La letra pequeña

El Código Penal con modificaciones ya está hace rato en la mesa del presidente para su firma. Desde la semana pasada sabemos que la comisión que lo estudió en el Congreso metió unas 40 modificaciones, pero ahora salió a relucir que lo que hablaron los comunicadores que se reunieron con el presidente (en cuanto a los temas que tienen que ver con la libertad de expresión) no fue lo que finalmente se aprobó. 

El artículo 192, que tiene que ver con audios, imágenes o videos, es el que ha provocado más desencanto. Aquí los tres puntos que pueden dar problemas:

1. La expectativa “razonable” de confidencialidad

El artículo del Código original ––el que fue aprobado el año pasado–– castigaba difundir audios, imágenes o videos de otra persona solo con que hubiera falta de consentimiento. El nuevo exige que salga de un “ámbito privado” o de una “expectativa razonable de confidencialidad”. 

Eso suena a protección, pero nadie define qué es eso. Por ejemplo, un funcionario grabado en una reunión puede decir que ahí esperaba confidencialidad, aunque la grabación destape un escándalo de corrupción.  

2. Venganza y descrédito público

El original castigaba con 5 a 10 años cuando el motivo era “chantaje, extorsión, venganza o descrédito público". En la reunión con el presidente, los comunicadores pidieron quitar “venganza” y “descrédito público”, dejando solo chantaje, extorsión y aprovechamiento económico. 

Pues en el texto final quedaron venganza y descrédito público. Y el problema es que, por ejemplo, denunciar un acto de corrupción desacredita a quien la cometió por definición. Y ahora eso cae en la misma categoría que chantaje, extorsión y aprovechamiento económico.

3. “Creado” y “publicado”

Esta es la cereza del pastel. El Código original castigaba con 2 a 5 años la difusión de la imagen, videos o audios falsos o alterados por medio de montajes o por cualquier otra forma sin el consentimiento de la persona que dañen o ataquen el honor, el buen nombre o la propia imagen y reputación personal.

Los comunicadores pidieron poner esa pena solo cuando el contenido tenga carácter sexual manifiesto y la conducta sea idónea para afectar gravemente la intimidad, dignidad o autodeterminación sexual de la víctima.

Bueno, pues en la versión aprobada no solo volvió lo que estaba en la original, sino que agregaron “creación” y “publicación” aparte de difusión. O sea, ya no es suficiente que el contenido se riegue, sino que montarlo o subirlo puede llevar a alguien a la cárcel. Y el contenido, que puede ser cualquier meme, solo tiene que dañar o atacar el honor, el buen nombre o la imagen y reputación. Eso es tan abierto que hasta un meme sencillo podría entrar ahí.

Usted decida

Se supone que el presidente tiene hasta el 3 de agosto para decidir si lo firma.

Imagen del día

Empezaron los Juegos Centroamericanos y del Caribe, donde RD es sede por tercera vez en 100 años. Después de la ceremonia del viernes comenzaron a competir los 6,200 atletas de 37 países en 40 deportes, 53 disciplinas y con 3,244 medallas en juego.

La delegación dominicana buscará romper el récord de 35 medallas de oro que se consiguieron en San Salvador 2002, o las 133 en total de Mayagüez 2010. Por lo pronto ganamos al menos 13 en el fin de semana, y 3 de oro (todas en artes marciales): Ana Rosa Smerlin estrenó el medallero de oro en judo, después le siguió Esmeralda Damiano, también en judo, y la tercera la consiguió Wilfrido de la Cruz en taekwondo.

La cifra del día

28 mil

Como ya es costumbre para estas fechas, la ADP salió a decir que hay un déficit de aulas para el inicio del año escolar. Ahora dicen que faltan 28 mil, y que eso dejará a 200 mil estudiantes sin espacio. A eso le suman la falta de más de 3 mil nombramientos de profesores y 600 escuelas con problemas de infraestructura que no se han resuelto.

Lo que llama la atención es que el año escolar pasado la propia ADP hablaba de un déficit de 7 mil aulas ––una cuarta parte del número que dieron ahora. Y el gobierno reportó la entrega de más de 1150 aulas y proyectó entregar unas 1700 más, bajando el número restante a poco más de 4 mil.