¡Buenos días!
Hoy es lunes 13 de julio

A veces una cosa está bien hecha, pero le falta ese detalle que te dice que alguien le puso un chin más de empeño y que no hizo el trabajo por salir de eso, o que ya estaba bien así. Add the Care ingredient se trata de eso. Cuando a alguien le importa lo que está haciendo, se nota.

El arreglo al Código Penal

El viernes pasado el Poder Ejecutivo mandó al Senado un proyecto para modificar 18 artículos del nuevo Código Penal. Llega después de una semana de cacerolazos y una protesta en la Plaza de la Bandera contra lo que la gente bautizó como ley mordaza. 

Lo que mejora

Criticar a un funcionario sería menos riesgoso

• Artículos 208 y 211 — Difamación y críticas a funcionarios

La pena por difamación bajaría de dos a cinco años de prisión a un rango de uno a dos años, siempre y cuando estén sustentadas en pruebas o en una verificación razonable de la información.

Los funcionarios públicos solo podrían pedir prisión por expresiones que afecten su vida íntima y privada. Si el pleito es sobre su gestión, tiene que irse por lo civil para que las cosas se resuelvan con dinero.

Al ultraje le tocó lo suyo

• Artículo 310 — Ultraje contra funcionarios

El ultraje es un acto de maltrato o una ofensa muy grave que daña la honra o la dignidad de alguien. Puede ser de palabra, por escrito o mediante una acción física. Significa literalmente “ir más allá” de los límites del respeto.

El delito genérico de ultrajar a cualquier funcionario sale del Código y queda solo en el ámbito jurisdiccional: solo jueces, secretarios judiciales, ministerio público, alguaciles, intérpretes y peritos, y solo con ocasión del ejercicio de sus funciones en un proceso judicial. La pena queda en quince días a un año.

Lo grande es que nada de lo anterior es nuevo. En abril de 2016, el Tribunal Constitucional anuló siete artículos de la Ley 6132 de Expresión y Difusión del Pensamiento y eliminó la cárcel para quien critica a los funcionarios y la injuria contra esas mismas personas.

O sea, no hubo despenalización general porque la difamación y la injuria contra particulares siguieron siendo delitos. Visto así, que a los funcionarios solo se les pueda perseguir penalmente por expresiones que afecten su vida íntima y privada no es una victoria del proyecto que se negoció, sino el reconocimiento de una regla que había puesto el Constitucional desde el 2016.

Esto quiere decir que el Congreso no le había hecho caso alguno al Tribunal Constitucional aprobando ese Código de esa manera.

Le apretaron a los corruptos

• Artículo 303 — Malversación de fondos públicos

El artículo 303 habla de la malversación de fondos públicos. Este es el aumento de pena más fuerte de todo el proyecto:

• Pena de prisión: sube de 2 a 3 años a 5 a 10 años.

• Multa: pasa de 9 a 15 salarios mínimos a 4 a 10 veces el monto malversado.

Si no puede precisarse el monto malversado, 4 a 10 veces el último salario del funcionario.

Lo que tiene luces y sombras

El escudo de “interés público”

• Artículo 192 — Contenido privado, interés público y deepfakes

Lo del artículo 192 es lo que más protege el periodismo de investigación. Primero, corrige la barbaridad de castigar el difundir cualquier foto, audio o video de otra persona sin su permiso —filmar una protesta y publicarla cabía en el tipo—. El proyecto lo limita a que sea contenido obtenido en privado y sin interés público de por medio.

Pero también hay retrocesos:

• La pena por divulgar contenido sexual de una persona adulta baja de 5 a 10 años a 2 a 5 años, cuando no existan otras agravantes.

• La pena de 5 a 10 años solo aplica para casos en los que:

  • la víctima sea menor de edad o especialmente vulnerable;

  • exista chantaje, extorsión o beneficio económico;

  • el responsable tenga una relación de autoridad o confianza con la víctima.

Publicarlo en redes sociales o en una plataforma de alcance masivo ya no aumentaría automáticamente la pena. En la ley aprobada, solo por difundirlo de esa forma podía aplicarse el rango de 5 a 10 años. Además se elimina el párrafo que castigaba los montajes y deepfakes. El nuevo artículo solo alcanza el material obtenido en un ámbito privado, y un video falso no se obtiene, sino que se fabrica.

Adiós al bullying, ¿o solo al nombre?

• Artículos 121, 122 y 123 — Hostigamiento y hostigamiento cibernético

El proyecto deja de usar los términos bullying y ciberbullying y pasa a llamarlos hostigamiento y hostigamiento cibernético. La definición se vuelve más precisa porque ahora exige que la conducta sea repetida, sistemática y grave. Es decir, una burla, una discusión o un insulto aislado no serían suficientes.

Pero también se limita su alcance. Antes incluía los ámbitos educativo, laboral, social o cualquier otro. Ahora se concentraría en espacios educativos, formativos, deportivos y extracurriculares.

Las penas también cambian:

• La pena básica se mantiene de 15 días a un año.

• La pena agravada, que antes era de 4 a 10 años, bajaría a 1 o 2 años en algunos casos.

• Si provoca el suicidio de un adulto, sería de 2 a 5 años.

• Si la víctima que se suicida es menor, sería de 5 a 10 años.

Ya no está la pena especial de 10 a 20 años por reincidencia. El acoso laboral sale de estos artículos, pero seguiría cubierto por el artículo 144 sobre acoso agravado, cuya pena sube de dos a tres años a dos a cinco.

También corrigen viejas críticas

• Artículos 214 y 215 — Abandono de niños, niñas y adolescentes

En la ley aprobada, cuando el abandono es cometido por el padre, la madre, el tutor o el maestro, la pena puede ser de 20 a 30 años, sin diferenciar adecuadamente si la víctima murió, sufrió lesiones permanentes o no tuvo consecuencias de esa gravedad.

El proyecto crea una escala:

• De tres a cinco años si no hubo lesión permanente ni muerte.

• De 10 a 15 años si el abandono provocó una mutilación o lesión permanente.

• De 20 a 30 años si causó la muerte.

Aquí la pena baja considerablemente en algunos casos, pero al mismo tiempo se vuelve más proporcional al daño que realmente sufrió la víctima.

Lo que empeora

El artículo del que nadie habló

• Artículo 141 — Prescripción de los delitos sexuales

En ninguna protesta ni en ningún medio se habló del artículo 141, sobre prescripción.

La ley aprobada establece, como regla general, que la agresión sexual prescriben a los 20 años desde que ocurrió el hecho pero añade una regla especial para los casos contra niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad o en condición de vulnerabilidad. Dice que esos delitos prescriben a los 30 años contados desde que la víctima alcanza la mayoría de edad.

El proyecto mantiene la regla general de los 20 años, pero elimina ese párrafo especial. La razón de contar desde la mayoría de edad es que las víctimas de abuso infantil casi nunca denuncian cuando son niños o adolescentes, sino que hablan décadas después.

Por ejemplo, hoy, un niño abusado a los 7 años puede denunciar hasta los 48. Con el proyecto, prescribiría a los 27. Uno abusado a los 3, a los 23.

Tic toc

El Código entra en vigencia el 3 de agosto. La legislatura ordinaria termina el 26 de julio. Eso deja al Congreso apenas dos semanas para aprobar 18 modificaciones o convocar una extraordinaria.

De la Plaza al Palacio

Mientras en redes sociales se convocaban protestas contra el nuevo Código Penal, un grupo de comunicadores ya estaba sentado en el Palacio Nacional negociando cambios directamente con el presidente Luis Abinader.

La revelación la hizo el propio Santiago Matías (Alofoke), quien aseguró que durante las últimas tres semanas sostuvo varias reuniones con el mandatario junto a Ramón Tolentino, Ricardo Ripoll, José Peguero, Ariel Lara y "El Piro" para discutir los artículos que afectaban la libertad de expresión.

¿El resultado? Apenas un día después, el Poder Ejecutivo sometió al Senado un paquete de 18 modificaciones al Código Penal. Si, las mismas modificaciones que acabas de leer más arriba.

La protesta confusa

El verdadero debate comenzó cuando Santiago Matías explicó públicamente que ya algunos comunicadores se habían reunido con el presidente mucho antes de las protestas. Aparte de eso, algunos medios habían publicado que Somos Pueblo convocó a sus seguidores a manifestarse desde la Plaza de la Bandera para protestar contra el Código Penal.

Alofoke  aseguró que antes de reunirse con el presidente incluso contempló convocar un paro nacional si el Gobierno no intervenía para modificar los artículos relacionados con la libertad de expresión, según dijo se modificaron 16 artículos. Según explicó, las conversaciones terminaron dando resultados y por eso decidió apostar por el diálogo en lugar de la confrontación.

En un video de Instagram El Piro dijo que no convocó ninguna protesta, sino que invitó a la gente a acompañarle al Tribunal Constitucional (que por coincidencia está frente a la Plaza de la Bandera) a entregar un documento para que se declare inconstitucional los artículos del nuevo Código Penal que considera Ley Mordaza.

¿Negociación o falta de transparencia?

Ahí fue donde se dividieron las opiniones. Para algunos, el grupo consiguió exactamente lo que buscaba: que el Gobierno modificara varios artículos antes de que el Código Penal entrara en vigencia. 

Este sábado, Nuria tiró un chinazo diciendo que “una amenaza de 48 horas da pie a reuniones con el presidente para arreglar el código penal, y que una posición extrema suele viajar mucho más rápido que un análisis jurídico”.

¿Coincidencia?

La cronología llama la atención. Primero los cacerolazos y las protestas, luego el Poder Ejecutivo sometió al Senado las 18 modificaciones al Código Penal. Y solo después muchos supieron que quienes habían encabezado las críticas ya llevaban varios encuentros con el presidente.

Y luego vino anoche la entrevista que dio Abinader a Edith Febles y José Monegro, del Grupo Corripio. De ahí sacamos algunas cosas.

Sobre las recientes protestas, Abinader reconoció el malestar de algunos sectores y aseguró que el Gobierno da seguimiento a sus reclamos. “Cualquier situación y cualquier descontento para nosotros es preocupante. Siempre le damos seguimiento y nos ocupamos también”.

Hago mea culpa

En sus palabras, admitió que se reunió con "los principales comunicadores de este país” y dijo que “debimos hacerlo antes y no esperar a lo último, pero lo vamos a hacer ahora”. También defendió la necesidad de garantizar la libertad de expresión al señalar que “yo soy el más interesado en tener la garantía cuando salga del Gobierno en el 2028 de poder expresarme libremente”.

Sobre la Policía, dice que la transformación de la Policía Nacional debe mantenerse. Sobre la lucha contra la corrupción, aseguró que ningún gobierno puede impedir totalmente que ocurran actos ilícitos, pero sí enfrentarlos. “Tú no puedes evitar que haya corrupción. Ahora tú lo que tienes es combatir la corrupción”. Pero para la entrevista completa, la puedes ver aquí.

La cifra del día

758,134

Esa fue la cantidad de multas impuestas en 2025 por no usar casco, la infracción de tránsito más común en República Dominicana. En total, durante el año se registraron más de 2.3 millones de infracciones, lo que significa que casi tres de cada diez estuvieron relacionadas con motociclistas que circulaban sin casco.