¡Buenos días!
Hoy es miércoles 17 de diciembre

No es lo que pensamos o sentimos lo que nos hace ser quienes somos. Es lo que hacemos. O lo que dejamos de hacer.

— Jane Austen, Sense and Sensibility

Update Senasa

La procuradora Yeni Berenice Reynoso aclaró que el Ministerio Público (MP) no ha aplicado criterio de oportunidad ni acuerdos de culpabilidad con los imputados en el caso Senasa. 

El criterio de oportunidad permite al MP dejar de perseguir un delito si el imputado coopera, sin admitir culpa. El acuerdo de culpabilidad implica aceptar el delito a cambio de una pena menor.

Como hay tres imputados que ayudaron dando información, hubo rumores de tratos especiales vía el criterio de oportunidad. Yeni dijo que el Ministerio Público lo que busca son penas y sanciones.

En otras noticias

En el caso del Seguro Nacional de Salud (Senasa) se ha mencionado a la empresa Farmacard, del Grupo Read. Ayer nos enteramos de que esa compañía retiró voluntariamente una solicitud que había sometido en el Tribunal Superior Administrativo (TSA) contra la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), después de que le anularon un contrato. 

Por si eso es demasiada información al mismo tiempo, vamos «con cucharitas» como siempre.

El contrato en cuestión

Farmacard tenía un contrato con Senasa desde febrero 2025 bajo el modelo de pago per cápita (por persona): yo (Senasa) te pago a ti (Farmacard) para que atiendas una cartera de afiliados y le ofrezcas los servicios de salud que acordamos (en este caso, servicios farmacéuticos ambulatorios). 

Eso es parte de lo que el Ministerio Público describe como «contratos capitados» en el expediente del caso. Puedes leer más sobre ese entramado aquí, pero basta con saber que cada mes a Farmacard se le hacía un pago por adelantado de 168 pesos por afiliado del régimen contributivo, además de jubilados y pensionados. 

Eso no es así

Sucede que esas supuestas atenciones ambulatorias se tenían que hacer desde una plataforma informática, por lo que Senasa metió en el mismo contrato de Farmacard, que ellos les desarrollaran y administraran la plataforma. Pero al eso no ser un servicio de salud (que Senasa lo puede contratar directamente por ley), sino tecnológico, la compra debió pasar por la DGCP y todo el proceso que manda la ley 340-06 (hacer una licitación, que alguien la gane y que se asigne el contrato).

Una empresa que justamente tiene una plataforma digital para el sector salud le pidió a la DGCP que investigara. Lo hicieron y la DGCP mandó a anular el contrato por violar la ley 340-06. 

El colmo del cinismo

Ah, pues con todo y que sabían que estaban metidos en un entramado más grande, Farmacard le pidió al TSA que suspendiera la anulación del contrato para que siguiera vigente mientras se peleaba el caso. 

La audiencia para conocer eso fue el pasado jueves 11 de diciembre (el mismo día que comenzó la audiencia de coerción de los implicados en el caso de corrupción) y la empresa decidió soltar su solicitud, por lo que ese contrato seguirá anulado.

Lo último de los muñequitos 

El juez Rigoberto Sena, que fue quien conoció las medidas de coerción, publicó las razones por las que dictó prisión preventiva y domiciliaria en un artículo de opinión del Listín Diario. 

Todos los fallos judiciales tienen en una parte las «motivaciones del juez», porque siempre deben explicar en qué fundamentan sus decisiones. Lo raro es que las publiquen en un periódico.

Obviando eso, Sena explicó que declaró el caso complejo porque son muchos imputados, involucra varios escenarios de corrupción, el uso de la estructura del gobierno y dinero público. Pero también dice que no es sólo cuestión de dinero, sino que afecta la confianza en las instituciones públicas y que impacta en el derecho a la salud. 

A eso se suma que no tenía seguridad de que esa gente no fuera a borrar más documentos o a tratar de presionar personas para que no testificaran.

El DNI con frenos

La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de ley que crea la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que sustituirá al antiguo Departamento Nacional de Investigaciones. No es la primera vez que este tema pasa por el Congreso. El Tribunal Constitucional (TC) tumbó el primer intento en 2024 por inconstitucional (violar derechos fundamentales).

El gobierno —que es el que la redactó— asegura que esta vez la pieza viene corregida, pero la oposición dice que aunque se eliminaron los puntos más peligrosos, sigue teniendo riesgos.

El famoso artículo 11

Ese fue el problema principal cuando el Poder Ejecutivo llevó el proyecto al Congreso en 2024. El artículo 11 le permitía al DNI requerir información a cualquier persona, empresa o institución —pública o privada— cuando se tratara de asuntos de «seguridad nacional» sin necesidad de una orden judicial, y con sanciones penales para quien se negara.

Ese artículo encendió las alarmas por violaciones al derecho a la privacidad, al debido proceso y a la libertad de expresión. Los periodistas se pronunciaron porque con eso podían obligarlos a revelar sus fuentes. A eso se sumaban otros artículos, como el 9, que permitía investigar  «actividades consideradas amenazas a los intereses o a la seguridad nacional», y el 26, que establecía penas de 2 a 3 años de prisión y multas de 9 a 15 salarios mínimos para quienes « ocultaran información» que solicitara por el DNI.

Qué cambia en la versión de 2025

Después de la sentencia del TC, las críticas de la prensa y la sociedad civil, el Poder Ejecutivo retiró y corrigió el proyecto. El resultado es la versión que ayer depositó en el Congreso. Esa versión ya se aprobó en el Senado y pasó la primera lectura en la Cámara de Diputados.

El cambio más importante es que el DNI no podrá exigir documentos ni información a ciudadanos sin una orden judicial (el punto que más preocupó en 2024). 

¿Por qué la oposición sigue en contra?

Ahora sus críticas se centran en el diseño institucional del DNI: 

• Que concentra el poder porque será un órgano centralizado, dependerá directamente del presidente con amplias atribuciones en materia de inteligencia, contrainteligencia y seguridad nacional. 

• Que no establece mecanismos robustos de fiscalización independiente, como auditorías externas o esquemas detallados de rendición de cuentas, y eso es lo que ayuda a hacer contrapeso.

• Que todas las atribuciones que le da se pueden mal utilizar en el futuro.

¿Para qué es el DNI?

El proyecto establece que la DNI podrá investigar y reunir información sobre personas o grupos que puedan poner en riesgo al país, analizar amenazas dentro y fuera del territorio, actuar frente a acciones que afecten la soberanía y la tranquilidad social, y apoyar a otras instituciones en el combate al crimen organizado.

No es ahora mismo

La ley aún debe pasar una segunda lectura en la Cámara de Diputados. El debate ahora es qué tan poderoso será el organismo y quién lo vigilará de verdad.

Imagen del día

Abinader se hizo un corte de pelo en el Polideportivo Nuevo Domingo Savio para apoyar una actividad comunitaria en la que mil barberos de distintas provincias ofrecieron unos 5,000 cortes de cabello gratuitos a los residentes de ese sector.

La cifra del día

54%

Corresponde a la participación de las mujeres del total de más de 200,000 empleos directos generados por las zonas francas en República Dominicana al cierre de octubre de 2025, lo que equivale a más de 106,000 trabajadoras, según el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), ADOZONA y el Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE).