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Limpiando el clóset
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¡Buenos días!
Hoy es lunes 16 de febrero
A veces hay que limpiar el clóset y botar las cosas que ya no sirven, o regalar las que no usamos. Asimismo, deberíamos revisarnos de vez en cuando, y descartar las actitudes que ya no nos sirven, las historias que ya no nos sirven, la gente que ya nos queda pequeña, lo que no es productivo, relevante, y que no sirve para nada. Especialmente lo que no te sirve para crecer. En un momento estaban ahí, y se veían bien. Pero ya cumplieron su propósito. El año apenas empieza: vamos a limpiar el clóset de la vida.
Mi bro, no hay sitema
Luis Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), dijo que el sistema judicial está colapsado por la cantidad de casos penales que hay, y que no hay forma realista de resolverlos todos con juicios de fondo porque toma mucho tiempo, recursos y espacio en los tribunales.
¿Qué es un juicio de fondo?
Es en lo que todo el mundo piensa cuando le hablan de un caso judicial: donde se debate si el imputado es culpable o no del delito, se presentan todas las pruebas, se interrogan testigos y al final el juez o tribunal dicta la sentencia definitiva condenatoria (culpable) o absolutoria (no culpable).
Henry Molina se refirió específicamente a los casos penales, es decir, en los que se busca penas de cárcel, multas o inhabilitaciones —a diferencia de acciones civiles, que persiguen indemnizaciones—; y a los casos que involucran menores de edad. Dijo que los menores no deberían someterse a esos procesos.
¿Y qué hacemos?
La única salida real, planteó, es que las partes (el Ministerio Público, la defensa, la víctima si hay) lleguen a acuerdos para cerrar los casos rápido, sin tener que armar un juicio completo.
De hecho, lo que manda el Código Procesal Penal (CPP) es que se agoten las alternativas antes del juicio de fondo y si no funcionan, pues se haga un juicio porque no hubo forma de que las partes se pusieran de acuerdo.
Comparación internacional
Nos comparó con Estados Unidos, donde el 98% de los casos penales se resuelven con acuerdos. Más cerca de nosotros, en Puerto Rico, entre el 90% y 95% de los casos penales y civiles se negocian, sin llegar a juicio completo. En México a nivel federal el 68.7% de casos en 2023 terminaron en sentencias condenatorias por procedimiento abreviado. En el ámbito estatal, fue alrededor del 20.2%.
En República Dominicana sólo el 13% se resuelve sin ir a juicio, lo que explica por qué hay un montón de casos (sobre todo los grandes o de alto perfil) que duran años y años en tribunales. Algunos terminan muriendo por vejez (o sea, «perimen» y todo el mundo para su casa).
¿Qué buscamos?
Chin a chin, lo que el Poder Judicial quiere es que los casos penales en el país se resuelvan en un plazo no mayor de un año. En la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte ya resuelven la mayoría entre tres y seis meses (más del 80%).
Para lograrlo a mayor escala debe mejorar la gestión, pero también la cultura con la que se abordan los casos. Un juez puede tratar de llegar a un convenio, pero al final la gente involucrada es la que acepta (o no) usar esa vía para cerrar su conflicto.
La mora judicial (casos atrasados), en palabras de Molina, sigue siendo el mayor reto que enfrenta el sistema de justicia dominicano.
Descondecorado
El lío del cierre de la oficina de la Administración de Control de Drogas (DEA en inglés) en el país tiene su personaje principal: Melitón Cordero, un supervisor de la DEA aquí, pero nadie sabía mucho de él cuando se armó el titingó.
Pues ahora sí sabemos de Melitón, a quien acusan formalmente por conspiración para cometer soborno y fraude de visas en EE. UU.
¿Qué hizo?
Durante sus 6 años en la embajada de EE. UU. en RD, supuestamente aceptó miles de dólares en sobornos para agilizar visas de no inmigrante a extranjeros. La fiscalía que lo investigó dice que tramitó al menos 119 solicitudes y que al menos una fue fraudulenta.
¿Quién es?
Antes de todo esto era muy reconocido aquí en la lucha antidrogas. El presidente Abinader lo condecoró con la Orden al Mérito de Duarte, Sánchez y Mella en grado de Caballero (Decreto 520-24) en 2024.
Y para azarar más, fue el primer dominicano supervisor DEA en RD.
Consecuencias
Podría enfrentar hasta 15 años de prisión, que es el máximo combinado por los cargos federales en EE.UU. El caso se maneja en tribunales federales de allá, que fue donde lo arrestaron.
La posición de la DEA
El administrador Terrance Cole dijo que esas acciones no reflejan el trabajo de la gente que trabaja ahí combatiendo el crimen transnacional, que están cooperando con las autoridades, reubicando personal y revisando todo para proteger la integridad operativa.
Imagen del día
Visto en: Noticias SIN
La DNCD y el Ministerio Público se tiraron a esta gran finca de 1835 plantas de cannabis (o cáñamo, o más cariñosamente, marihuana) en Peravia. Parece que tenían tiempo en eso, porque las matas tenían 2 metros de alto y además tenían cientos de fundas de tierra y semillas preparadas para seguir cultivando.
También deberías saber
Lo que pasa en Erredé
La procuradora Yeni Berenice mandó a iniciar una investigación penal sobre ocupaciones ilegales y fraudes inmobiliarios en varias áreas protegidas: Parque Nacional Jaragua, Valle Nuevo, Sierra de Bahoruco, Bucanyé, Dunas de Baní, y otros. El equipo estará coordinado por Wilson Camacho, y estarán varias dependencias de la Procuraduría, incluyendo la Pepca.
Revisarán todos los papeles, movidas y decisiones que hayan resultado en emisión de títulos de propiedad dentro de esas zonas, para ver si hubo corrupción, falsificación o cualquier otra marrulla para apropiarse de tierras del Estado. De lo que salga de ahí, podrían estar sometiendo gente a la justicia.
También deberán preparar un informe junto a Medio Ambiente sobre la situación legal y el impacto de delitos ambientales en las 134 áreas protegidas del país.
El presidente autorizó por 1 año a 14 instituciones a hacer compras por excepción por temas de «seguridad nacional». Ahí entran Defensa, Interior y Policía, DNCD, Policía, 9-1-1, Pasaportes, Procuraduría, Energía y Minas, Presidencia, y otras. La base es el artículo 78 de la nueva Ley de Contrataciones (47-25), que permite ese tipo de contrataciones por defensa o secreto de Estado.
No todo califica, pues los insumos comunes deberán ir por el proceso normal. Aunque sea «excepción», la regla es invitar a varios suplidores (selección competitiva). Podrían contratar directo si hay urgencia, pero con un informe bien justificado. Todo irá por el sistema electrónico. La información no será pública, pero se debe rendir cuentas a Contraloría y Cámara de Cuentas.
En teoría eso da rapidez para compras de seguridad, pero al mismo tiempo se reduce la información pública de esos procesos. También puede verse como una medida «puente» mientras se va implementando la ley nueva, para que no se frenen esas compras.
La Antigua Orden Dominicana convocó a una marcha ayer en Los Mina y dio un «ultimátum» de 10 días para que los haitianos se vayan de ese sector. Esto viene después del homicidio del menor Nauriel Medina (14 años), que según versiones preliminares fue cometido por haitianos.
El gobierno había desautorizado ese ultimátum hace unos días, y recordó que solo las autoridades pueden actuar con respeto al debido proceso y a la ley.
Antes de la marcha, Migración hizo un operativo en Los Mina y reportó que detuvo 454 haitianos indocumentados y se los llevó a Haina para posible deportación.
Cosas de pa’fuera
Trump eliminó el «endangerment finding» de 2009 de la EPA (Agencia de Protección Ambiental de EE. UU.). Ahí decía que gases de efecto invernadero (como el dióxido de carbono) dañan la salud, y permitía regular sus emisiones por ley, especialmente en vehículos. Ahora se quitaron esas limitaciones, y según la administración Trump es la «mayor desregulación ambiental» en la historia.
La ley mandaba a mejorar la eficiencia de combustible un 5% por año hasta llegar a 54.5 millas por galón en 2025. Con eso aparecieron cosas como el sistema start-stop (que apaga el motor cuando el carro está parado), motores más eficientes y materiales más livianos, y más vehículos híbridos y eléctricos.
Trump había bajado la exigencia a 1.5% anual en su primer gobierno, pero ahora lo dejó en 0.5% anual, quitó multas y dio prioridad a vehículos de gasolina y diésel. Dice la administración que eso bajará el precio promedio de los vehículos en 2400 dólares.
Los ambientalistas están regados, y se esperan demandas judiciales por todos lados.
Vaya en paz
Murió el sociólogo y periodista Enmanuel Castillo, quien desde el 2009 dirigió el periódico La Información de Santiago.
También fue comentarista en radio y TV, y director ejecutivo de APEDI, una asociación que impulsó el desarrollo económico y social de Santiago.
Fue reconocido por su integridad y profesionalidad, y por ser un gran defensor de la libertad de expresión y la democracia.
Gente en líos
Cayó el presidente y CEO de DP World, Sultan Ahmed bin Sulayem, porque en los archivos del caso Epstein salió a relucir que hablaba muchísimo por e-mail con Jeffrey. Aunque tocaban unos cuantos temas personales y sexuales, no se puede confirmar que haya cometido un delito, pero la presión de los socios pudo más y tuvo que renunciar.
¿Por qué esto importa? Porque DP World es un operador de puertos gigante que tiene negocios en todo el mundo, y aquí opera Caucedo desde hace más de 20 años.
Justo hace una semana anunciaron unos 700 y pico de millones de dólares en inversión para ampliar el puerto y la zona franca, durante la visita del presidente Abinader a Dubái. Es uno de los planes más grandes para apostar a que RD sea ese «hub regional», y ahora está en riesgo.
Por ahora no se han anunciado cancelaciones de esos planes, pero en otros países varios proyectos han sido suspendidos por el escándalo.
La ñapa del lunes
La cifra del día
El monto especial que el gobierno habilitó para que Obras Públicas corrija fallas detectadas en infraestructuras públicas. La Comisión de Supervisión de Infraestructuras Públicas ante el Cambio Climático, creada en el 2023 y dirigida por Osiris de León, duró meses evaluando más de 700 obras (puentes, presas, pasos a desnivel, etc.), y ya le entregó un informe al presidente. Habría que ver para qué son estos 2500 millones específicamente, porque dicen que ya han actuado en el 95% de los casos donde encontraron problemas.
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